- Falta de designación de los recursos necesarios ha retrasado la implementación integral del Sistema Estatal Anticorrupción
- No hay dientes para castigar a los corruptos, Contralorías y Osfags carecen de esa facultad, por lo cual el trabajo debe ser coordinado con el resto de los entes en materia
Con la instalación como tal del Sistema Anticorrupción en el ámbito nacional, y la aprobación que la semana pasada se hace al Plan Nacional Anticorrupción, el titular de la Contraloría del Estado, David Quezada Mora, enfatizó que, para el establecimiento en los estados, que en Aguascalientes data prácticamente de este año, se les otorgaron todas las facultades en ley, pero no se les dotó de los recursos necesarios para implementarlos.
“Eso hay que comentarlo, eso lleva parte de una lentitud para establecer un sistema o una coordinación como tal; el Sistema Estatal Anticorrupción va a funcionar como una coordinación entre todos los entes que lo formamos”; de los procesos para lograr un verdadero combate a la corrupción, el contralor del estado precisó que se requiere pasar de una sanción administrativa a equipararlo a una penal.
Detalló que el proceso que se lleva de la misma fiscalización, que es entablado por el Órgano Superior de Fiscalización o los órganos de control interno en cada uno de los municipios, conllevan un proceso de revisión, de estar presentes, de verificar que los recursos sean bien aplicados y no haya un desvío, ya que si se llega a implementar una auditoría y se detecta que hay desvíos en algún fondo, se requiere iniciar un proceso de investigación para integrar un expediente y analizar la falta, “Si esa falta es grave, la misma Contraloría o el Órgano Superior no integra, no sanciona y no emite una resolución como tal, por eso hablamos de una coordinación, porque en una falta grave ya brincaríamos a la sala administrativa”.
El contralor resaltó por ello la importancia de otro ente que también forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, es la Unidad de Investigación, ya que analiza de nueva cuenta la falta administrativa para que sea sancionada con hasta 15 años de inhabilitación para el funcionario que la cometió; señaló que puede aplicar el resarcitorio, pero al momento de calificar la falta, si es una falta grave que amerita que se retome desde la instancia penal, se turna a la Fiscalía especializada, “Es un proceso lento, nos debemos de especializar porque estamos ya hablando de que, por ejemplo, de una obra pública, si hay algún desvío de fondos o un pago de algo indebido, nos debemos de especializar; es un proceso lento de la revisión y de la investigación, pero sobre todo para poder detectar si hubo o no un desvío de fondos”, recalcó Quezada Mora.
