Debo dejar sentada una premisa: no estoy a favor de altos salarios en los funcionarios públicos, comulgo con la idea de la austeridad republicana, pero en el caso concreto del Poder Judicial de la Federación, toda vez que decide el derecho en última instancia en este país, los ajustes a sus prerrogativas, deben partir desde su propia autonomía y no por una imposición del Legislativo o del Ejecutivo, pues de lo contrario, habrá una grave intrusión que puede llevarnos a un peligroso desequilibrio, es decir, no es cuestión de dinero, sino de mantener la separación de poderes para evitar la nada benéfica dictadura que lo mismo puede ser de un solo hombre que de partido, pero que en todos los regímenes que la han experimentado deriva en graves perjuicios. Así pues, no debemos analizar si sus percepciones son altas o no (creo que eso está muy claro) lo que debemos examinar es qué pasará si se doblega desde el dominio de la mayoría, al árbitro nacional. En este sentido, este artículo no versará sobre la constitucionalidad del conjunto de reformas llamadas ley de remuneraciones, sino su pertinencia a la luz de la teoría política.
En mi clase de Teoría del Estado, probablemente una de las cuestiones más importantes que abordamos es la invención en la Ilustración de la división de poderes de Montesquieu y sus implicaciones: más allá de los electos por el pueblo (Legislativo y Ejecutivo) hay un tercero cuyo mecanismos de selección escapan a la popularidad del voto y se centran en la capacidad de sus integrantes: el Judicial. En el moderno estado democrático occidental, el sufragio no lo es todo, está además el Estado de derecho entendido como el respeto a los derechos humanos, y en este sentido se tiene que crear un ente que justamente sea quien decida sobre conflictos y vele por el respeto de las prerrogativas fundamentales. Las presiones que recibe este ente y sus funcionarios, son de diversas índoles, por eso durante el transcurso de los años creamos ciertos candados: inamovilidad, estabilidad, remuneración irrenunciable, entre otros para evitar la influencia externa.
¿Por qué no incidir en la forma en que se organizan jueces, magistrados y ministros, si hay críticas a sus excesos? Porque abrir la puerta para que se entrometan otros poderes en su vida interna, la abre de igual forma para que influyan en sus sentencias y, entonces, se rompe el Estado de derecho, uno que en nuestro país es muy frágil y que se ha ido construyendo durante muchos años. Es cierto, puede ser criticable lo que pasa al interior de este poder (su claro nepotismo) dado que como cualquier materia es perfectible, sin embargo, su modificación debe partir desde los propios mecanismos de control interno, y no desde elementos externos, para no generar esta posibilidad de meterse con el criterio judicial. ¿Puede esgrimirse que los altos salarios significan corrupción? Nuestro problema de actos deshonestos no está en el Judicial, sino en el Ejecutivo, baste con analizar cualquier presupuesto para saber que para jueces y magistrados se destina un promedio de 2% del total de lo que se gasta en la cosa pública, en cambio, el grueso del presupuesto va a parar a manos del presidente de la República. Es decir, que limitar al propio Ejecutivo es lo que impedirá en mayor medida corrupción y donde verdaderamente se generarán ahorros y austeridad.
Entonces, ¿no se puede limitar el ingreso? Desde mi perspectiva, el Legislativo no puede hacer imposiciones al Judicial. Tratándose de presupuesto, tendrá que respetar el ya asignado aplicando por lo menos el aumento inflacionario, pero bajo ningún motivo, so pretexto de reducción de salarios, puede disminuirlo. Se pueden confinar prestaciones solo desde el diálogo, desde la presión social, desde la política, pero de ninguna forma como obligación, y menos aún utilizando argumento abstracto y falaz “del pueblo” para intentar acciones que vayan más allá de los principios no sólo constitucionales, sino convencionales e históricos. En pocas palabras, si mantener el equilibrio implica respetar esos altos emolumentos, es necesario asumirlo aunque implique sacrificar la austeridad republicana, pues en la democracia el judicial está por encima de los otros poderes, nos guste o no.
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