López Obrador ha demostrado ser un presidente que piensa más en un pasado que no será, que en un nuevo futuro posible. Además, ha demostrado desconocer los procesos de globalización que enmarcan a México en dinámicas de las que difícilmente nos podemos o debemos aislar: sin entender el funcionamiento de los mercados internacionales, el presidente sueña con alcanzar lo que él llama la “soberanía energética” del país a través de la construcción de nuevas refinerías y la disminución de importaciones de petróleo. Al mismo tiempo, ignora que el futuro energético del planeta no se encuentra en consolidar una mayor dependencia de las reservas finitas de combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo, sino precisamente en reducirla mediante energías alternativas no provenientes de ese tipo de combustibles, como la eólica, solar, geotérmica, nuclear e hidroeléctrica.
En este contexto, el desabasto de gasolina de estos días debiera servir para reflexionar acerca del futuro energético de México, por lo menos en términos de la movilidad urbana orientada al automóvil que prevalece en la gran mayoría de las ciudades del país. Es clara la necesidad de desacelerar la expansión de las ciudades que obliga a las personas a desplazarse mayores distancias para acceder a oportunidades de empleo, servicios, equipamientos, entre otras, lo que a su vez reduce o elimina la posibilidad de trasladarse en modos no motorizados como la caminata o la bicicleta. Igualmente, se ha hecho énfasis en que el continuo deterioro de los sistemas de transporte público, en conjunto con políticas, incentivos e inversión pública destinada principalmente al vehículo privado, contribuyen en gran medida a la evidente dependencia de los hidrocarburos para desplazarse en ciudades. Aun así, si toda crisis es una oportunidad, aprovechemos el actual desabasto de gasolina para explorar cómo movernos, por ejemplo, hacia la electromovilidad, es decir, el método mediante el cual las personas se transportan utilizando la electricidad. Veamos.
El sector transporte representa actualmente el 25 por ciento de la demanda mundial de energía, así como el 61 por ciento del consumo anual de petróleo (CAF 2018). Ante esa tendencia insostenible, la electromovilidad crece rápidamente: la Agencia Internacional de Energía estima que en 2016 se vendieron más de 750 mil automóviles eléctricos en el mundo, con una tasa de crecimiento superior a 60 por ciento anual; mientras la venta de autobuses eléctricos se espera alcance 1.2 millones de unidades anuales en 2025, lo que podría representar casi 47 por ciento de la flota total de autobuses en el mundo (BID 2018). Más aún, la Organización de las Naciones Unidas estima que en América Latina la flota de vehículos eléctricos podría triplicarse en los próximos 25 años, superando las 200 millones de unidades en 2050, lo que podría representar un ahorro en combustibles cercano a los 85 mil millones de dólares entre 2016 y 2050 (CAF 2018).
La transición gradual hacia la electromovilidad es una tendencia global innegable pero ausente en la agenda de la actual administración federal. Por tanto, el desabasto de gasolina debería motivar una discusión seria al menos acerca de fuentes energéticas alternativas para la movilidad urbana. En ese sentido, es verdad que los automóviles eléctricos contribuirían a reducir la dependencia de los hidrocarburos, pero poco ayudarían a disminuir la congestión vial. ¿Por qué no pensar entonces en una transformación más ambiciosa orientada no solo para reducir la dependencia de los hidrocarburos sino también del automóvil?
El transporte público eléctrico representa una gran oportunidad. En China, el mayor productor de autobuses eléctricos, la venta de ese tipo de unidades aumentó de 69 mil en 2015 a 132 mil en 2016, mientras su participación en la flota del país se incrementó de 0.6 por ciento en 2011 a 17 por ciento en 2017 (CAF 2018). En Chile, recientemente se presentó la “Estrategia Nacional de Electromovilidad”, en la que el país asume la responsabilidad de diseñar e implementar políticas orientadas al uso eficiente de la energía en el sector transporte, incluyendo sistemas eléctricos de transporte público. En Costa Rica, de manera reciente se aprobó la “Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico”, mediante la cual se busca crear las medidas necesarias para promover la electromovilidad. En Uruguay, se implementa actualmente el “Corredor Eléctrico” para la creación de seis estaciones de recarga eléctrica en una importante ruta turística de 300 kilómetros entre Colonia y Punta del Este (BID 2018). ¿Y en México?
En México, el gobierno pretende gastar una escandalosa cantidad de recursos públicos para construir refinerías, lo que resultaría en una mayor dependencia de combustibles fósiles, mientras otros países se esfuerzan en promover modelos energéticos más sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales. Esperemos que el gobierno imagine un nuevo modelo energético que sume a México al conjunto de países que, cuando menos en movilidad urbana, están pensando en el futuro.
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