Siempre que hablamos de la materia electoral, en una de sus características propias como materia jurídica, debemos hablar acerca del ritmo particular que posee, tanto en su dinámica de actualización. Pocas ramas del derecho presentan velocidad tan vertiginosa en su proceso de actualización de leyes, figuras o instituciones.
Alguna vez reparé que, tras la lectura de la obra cumbre del Manco de Lepanto, El Caballero de la Triste Figura en una de sus andanzas libra una orden de pago, con una perfección jurídica reconocida en su texto que, digámoslo de esta manera, si Cervantes hubiera escrito ese documento de cambio hace quinientos años en el plano de la realidad, dicho documento podría ser perfectamente leíble en nuestros días y, me atrevo a decir, el formulismo que se utiliza se encontraría parcialmente vigente.
Hablando en otra rama de la ciencia jurídica, todavía no hace mucho tiempo, y por no mucho me refiero a hace un par de años, se escuchaba en las oficinas gubernamentales encargadas de sancionar el matrimonio civil, recomendaciones que versaban, palabras más, palabras menos, sobre las dotes sexuales del hombre que son el valor y la fuerza, por lo que debe dar (de manera obligatoria) protección, alimento y dirección a la mujer, parte delicada sensible y fina de la relación. Y ahí no para: “con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil”.
Basten esos dos ejemplos para ilustrar que un documento comercial pudo haber sido creado en el siglo XVII y conservar formulismos actuales, o que un matrimonio celebrado en 1880 en México, esencialmente se escucharía igual que hace un par de años (ignoro por completo si la epístola de Melchor Ocampo se sigue leyendo en el matrimonio civil), y con ello probar el punto de que hay ramas jurídicas que parecen anquilosadas, tras la lentitud con la que resuelven los asuntos sobre la compleja naturaleza social de la raza humana.
En el caso de la materia electoral no es así. Me atrevería a afirmar, incluso, que las adecuaciones a la normatividad que se realizaron para el proceso electoral que estamos viviendo en la entidad, serán superadas para el que viviremos dentro de dos años. Razones hay muchas, la principal, la realidad será distinta en todo caso para nuestra siguiente elección.
Dentro de las particularidades del sistema político mexicano, podemos destacar dos cosas: la primera es que las reformas a éste, casi por lo general, se suceden tras la finalización de las elecciones, y en la mayoría de los casos, atienden a los reclamos que pudieran haber surgido por aquellos que no obtuvieron el triunfo; la segunda, corolario de lo anterior es que en la mayoría de todos los casos, dichas reformas tendían a la mejora sustancial del sistema.
Al crearse el listado nominal, se creyó que era buena idea que fuera una copia de la credencial en el libro que conserva la casilla, tras la denuncia de que pudiesen votar personas que no están debidamente identificadas por los funcionarios. En la misma línea, alguna vez se creyó buena idea que además de marcar la credencial de quien emitió su voto, también se impregnara su dedo pulgar de un químico que desapareciera en un par de días. Así hasta llegar al recuento de votos en los Consejos Distritales y Municipales tras el escrutinio y cómputo en las casillas para verificar el resultado de una elección cerrada, misma que significó la solución a la queja acuñada con la frase “voto por voto, casilla por casilla”.
La reforma 2014 trajo consigo un nuevo panorama que no dejó contentos a todos los actores del sistema. Vendida como la posibilidad de abaratar las elecciones, así fue comprada, aunque en la realidad, desde un inicio se alertó que bajo este esquema ello sería imposible. Al INE le fueron otorgadas nuevas facultades sin que estuviera técnica y financieramente dotado para ello, mientras que, dentro de la construcción de este sistema nacional, en la misma bolsa fueron puestos los organismos de entidades tan disímiles en su estructura como en sus necesidades.
Mal que bien, las autoridades nacional y locales cumplieron con la encomienda en los procesos que han pasado de 2015 a la fecha. Sin embargo, por primera vez en muchos años, esa modificación no significó un claro avance en aspectos técnicos o procedimentales, como venía acostumbrándose.
¿Qué viene en materia electoral para futuros procesos? ¿Por fin veremos el uso de tecnologías de la información que, si no abaratan el costo por lo menos reforzaría el tema de la seguridad en tanto la compra de votos? ¿Desaparecerían las instituciones locales responsables de la organización de procesos y se crearía una sola autoridad que organice los procesos electorales federal y locales? ¿Se crearía un ente especializado que otorgue financiamiento a los partidos y los fiscalice sin injerencia de la autoridad electoral, desahogando un tanto las atribuciones conferidas?
En este momento se barajan diversas opciones para la reforma que viene, sea cual sea estoy convencido de que deberá ser producto más del análisis sesudo que de la negociación política, y, lo más importante, deberá significar un avance en el vertiginoso mundo de lo electoral.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
