País guachicolero/Yerbamala – LJA Aguascalientes
13/08/2020


Pasillas Pineda

La palabra huachicol es mucho más antigua que la actividad ilícita y el delito que actualmente la define. Dice El País que proviene del término maya waach, que se usa para describir a los forasteros. La palabra se castellanizó como huache o guache, la cual mantuvo su sentido original, pero se usa de forma despectiva. Guache o guacho también se usa como sinónimo de falso o de mala calidad. Derivado de este último significado, surge el huachicol, una bebida adulterada, casi siempre un tequila al que se le agrega alcohol de caña. A ese alcohol adulterado se le llama huachicol o producto huachicolero”, de modo que el glosario de la Academia Mexicana del Tequila define al huachicol como “bebida destilada adulterada con alcohol de caña.” (“Los significados de ‘huachicol’: del tequila falso al combustible robado”. Verne-El País. 15 de mayo de 2017).

Por su parte, según el Diccionario del Español de México, huachicol o guachicol tiene dos significados principales, a saber: por un lado, es aquella persona que se dedica a bajar fruta de los árboles usando un cuachicol o huachicol, que es una vara larga que lleva en un extremo una canastilla, y, por el otro, es el ‘delincuente que se dedica a robar gasolina perforando los oleoductos que la conducen.”

Aclarado sumariamente el origen y significado del ubicuo término, diremos ahora que resulta un error pensar que el asunto del guachicol se circunscribe solo a lo extraño o falso, al tequila adulterado, a lo llamado “chafa” o al robo generalizado de combustible de los ductos de Pemex, sino que es un asunto que forma parte de la idiosincrasia nacional, habida cuenta de la corrupción sistémica que padece México, ya bien documentada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, y que pone a nuestro país entre los más corruptos de Iberoamérica y del mundo, según el Barómetro Global de Corrupción (“México el país más corrupto de América Latina”, Animal Político, 8 de octubre de 2017).



De modo que la red de robo y venta ilegal de combustible puesta en evidencia desde hace 45 días por el gobierno federal, con todas las consecuencias de desabasto y la tragedia reciente, no son más que la parte más notoria de una variante más del amplio saqueo al que no solo el gobierno, sino parte importante de la sociedad mexicana, han sometido a la nación durante los pasados años, pues no puede haber un robo masivo de combustible desde hace años, sin una red de distribución y venta que lo comercialice en todo el país y que pasa por todo tipo de personas, empresas e instituciones públicas y privadas.

Pero la mentalidad guachicolera va mucho más allá del caso del robo de combustible. Si no, de que otra manera se pueden explicar, por ejemplo, los desmesurados salarios de la alta burocracia federal o estatal, entre los que brillan por sus montos de escándalo, especialmente en un país con 50 millones de pobres oficialmente reconocidos, de los consejeros del INE, de los altos burócratas del Banco de México, de los ministros de la Corte, o los de las y los diputados y senadores. Todos estos y muchos otros son sin duda, huachicoleros de la política y la burocracia. Pero hay muchos más ejemplos, claro. Está el caso de un exdirector del Conacyt que se dedicó durante su “exitosa” gestión, a subvencionar con fondos públicos a determinadas empresas multinacionales asentadas en México (“El Conacyt ha financiado más a empresas que a investigadores” manufactura.mx, 20 de noviembre de 2018), o que según informaciones hechas públicas recientemente, este mismo señor se había apropiado de la última planta del edificio de la institución para su uso personal, donde disponía hasta de una cocina industrial y cocinero de planta a su servicio (“El ex director del Conacyt tenía chef de planta y hasta un roof garden en la oficina, revelan”. SinEmbargo, 20 de enero de 2019). Guachicolerismo académico, sin duda.

También en Aguascalientes, como no, tenemos casos del estilo, solo hace falta preguntarnos cuánto se han auto asignado históricamente por salario y prestaciones algunos empleados públicos como el gobernador o sus secretarios, los alcaldes y alcaldesas, o bien las cabezas de los llamados “organismos autónomos”, tales como los rectores de la UAA, por ejemplo. Pero hay muchos otros casos notorios de huachicoleo, como el de un exauditor hoy encarcelado.

También en el panorama nacional hay otros notorios caso de guachicol, como los de esos destacados académicos y científicos que desde las instituciones y universidades públicas se han dedicado pro años a promover las tecnologías transgénicas sin ningún tipo de pudor, a sabiendas de que es posible que dichos ingenios, concentradas en manos de tres o cuatro poderosas multinacionales, con Monsanto-Bayer en lugar destacado, produzcan serios daños ambientales y a la salud humana (“Transgénicos, una falsa promesa, alerta investigadora”, El Universal, 26 de diciembre de 2017).

Otro caso de guachocolerismo, en este caso judicial, nos lo dan las y los magistrados y magistradas, jueces y juezas federales, que en casi todas las circunscripciones en las que se divide judicialmente el país, tenían montada una amplia red de intercambio de plazas para sus parientes y amigos cercanos (“Van tras nepotismo en el poder judicial”. El Siglo de Durango, 10 de octubre de 2018).

Y podríamos citar muchos otros tipos de guachicolerismo casi en cada rubro de actividad privada y pública, de manera que no sorprende, ante la magnitud del desastre nacional, que desde el gobierno se haga un enérgico llamado a moralizar las costumbres de las y los mexicanos, llamado al que algunas personas tachan de excesivo y carente de base. Esto porque se requiere una buena dosis de cinismo para ser un profesional del guachicoleo, y muchos intereses han sido tocados ya durante los primeros 45 en funciones del nuevo gobierno.

Muchas y muchos coincidiremos en que preferimos el desabasto indefinido de combustible si con ello se pone fin al saqueo histórico de Pemex, y que no puede haber perdón ni olvido ante la corrupción sistémica si antes no se hace justicia. La llamada “4T” ganó el gobierno de la República el 1 de agosto del año pasado, pero ahora debe ganar también el poder público, para demostrarse y demostrarnos que México es capaz de transformarse del país guachicolero que es, en un estado democrático, social y de derecho.

 

@efpasillas

 

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