- Es resultado de la Ley de Participación Ciudadana aprobada por la anterior legislatura
- El procedimiento deberá iniciar con una petición ciudadana
Como parte de la Ley de Participación Ciudadana aprobada por la anterior legislatura todos los representantes populares están sujetos a la revocación de mandato, por lo que los once próximos alcaldes y los actuales diputados son susceptibles de ser removidos de sus nombramientos a través de procedimiento derivado de una petición por parte de la ciudadanía.
El exdiputado por el Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, recordó que a fin de que fuera aprobada esta ley, cuando en su momento tenía el estatus de iniciativa, se incluyó un transitorio en el sentido de exentar a los representantes populares de ese momento, por ello los actuales presidentes municipales no están sujetos a esa disposición, al igual que el titular del Ejecutivo, aunque sí los actuales diputados están ya sujetos a la revocación de mandato.
“Los presidentes municipales que serán electos en el mes de junio también lo son, y en el caso del gobernador será hasta la siguiente administración”, puntualizó el perredista, quien destacó que para hacer válida esta disposición las reglas son muy sencillas, ya que basta una carta de justificación o de exposición de motivos, pero no pide la Ley que se fundamente en artículos ni nada en este sentido; sólo en la voluntad popular, al ser esta quien los eligió y es la misma que los puede despedir.
Explicó que la solicitud de tratar de pedir la remoción de un representante popular a través de una consulta de revocación de mandato ante el Instituto Estatal Electoral, de tal manera que no participa ninguna otra autoridad gubernamental, ni el Congreso del Estado ni ninguno otro poder.
Basta con que el ciudadano interesado en esta situación espere a que pase la tercera parte del periodo del funcionario electo, de tal manera que en el caso de los diputados locales será un año –en septiembre lo cumplen; en el caso de los alcaldes es menos porque su periodo es de 18 meses; en el caso del gobernador hay que esperar dos años, aunque aplica hasta la próxima administración.
El exdiputado recomendó solicitar la orientación, en caso de interés en este tema, al Instituto Estatal Electoral respecto a los formatos y para recopilar las firmas necesarias para que el organismo organice la consulta y si el resultado de la misma es que el representante popular se va, así deberá de ser.
El aval de firma dependerá de la cantidad de ciudadanos del municipio, en el caso de los alcaldes, que va del cinco al diez por ciento, pues en el caso de los municipios pequeños deberán conjuntarse más firmas, ya que hay demarcaciones que con 200 firmas ya sustentarían una revocación, “Ningún político participará en ese proceso, sólo el Instituto Estatal Electoral, eso da confianza al ciudadano”.
