La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aplaudió la decisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras varias intervenciones de distintas autoridades, de desistirse de las acusaciones contra Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, defensores indígenas nahuas originarios de Tlanixco, quienes pasaron más de once años en la cárcel como represalia por su labor de defensa del agua.
González Martínez, Pérez González y Sánchez Berriozábal fueron indebidamente sentenciados en primera instancia el 27 de noviembre de 2017 a 50 años de prisión cada uno. Tras analizar el caso, incluyendo el expediente judicial, la ONU-DH expresó su preocupación por la existencia de violaciones al derecho al debido proceso. De igual modo, diez relatorías y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también manifestaron sus inquietudes en una comunicación al Estado mexicano por la criminalización de los defensores de Tlanixco. Cabe destacar que, de los once años pasados en reclusión, más de diez fueron en régimen de prisión preventiva oficiosa.
Una vez conocida la liberación de los tres defensores, Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, señaló que “después de años de injusta reclusión y de cuatro precedentes judiciales condenatorios, esta decisión confirma que se violó el derecho al debido proceso y es una señal del compromiso de las autoridades del Estado de México para combatir el arbitrario encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos. Hoy es un día para celebrar porque esta decisión conforme a derecho es el primer paso positivo en una lucha por la justicia de muchos años”.
En el mismo proceso fueron también condenados Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González y Pedro Sánchez Berriozábal. Al respecto, el representante señaló que “confiamos que pronto estos tres defensores criminalizados, quienes llevan más de 15 años en la cárcel, también obtendrán su libertad”.
La ONU-DH resalta que la criminalización de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos sigue siendo uno de los principales obstáculos para su labor, como pudo constatar el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, tras su visita a México.
En su informe de misión, el relator refirió: “Las comunidades indígenas que protegen sus tierras tradicionales frente a los planes de construir proyectos a gran escala y explotar los recursos naturales se enfrentan a menudo a acusaciones penales por protestar contra dichos planes, incluso aunque no hayan sido consultadas con antelación ni de forma efectiva”.
Jarab añadió: “Los defensores del agua fueron injustamente presos, por un período dramáticamente excesivo. La reparación integral del daño en cualquier caso de violaciones de derechos humanos es importante, sabiendo que no es posible regresar más de 10 años de vida a una persona injustamente encarcelada y a su familia. Las autoridades deberán, en conjunto con los defensores ahora liberados, definir las medidas de reparación idóneas para este caso”.
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades competentes para asumir las necesarias garantías de no repetición que puedan generar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos, especialmente previniendo y sancionando la desviación de poder que supone la criminalización de quienes desarrollan una función esencial para el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, la ONU-DH alienta a la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa por ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
El organismo internacional expresó su reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos que no dejaron de luchar por la justicia en este caso, incluidos los familiares y las organizaciones acompañantes.
Con información de ONU-DH México
