- Contraloría del Estado está a la espera de que se presente revisión
- Son 300 expedientes que se analizan de la administración anterior
Luego de que a mitad del año pasado la Contraloría del Estado de Aguascalientes emitió la resolución de inhabilitar del servicio público por 15 años al ex secretario de Gobierno, Alejandro Bernal Ruvalcaba, esta podría quedar en firme en pocos días luego de que le fue negado el amparo.
Así lo informó el titular de dicha dependencia, David Quezada Mora, quien explicó que desde antes de emitir la mencionada resolución inició un proceso en el que pidieron el informe al exfuncionario en el cual se percataron de varias inconsistencias, lo que marcó la inhabilitación que provocó que Bernal Ruvalcaba solicitara un amparo, mismo que en fecha 30 de enero el juez resolvió no otorgarlo: “La resolución que nosotros tenemos hasta ahorita quedaría en firme, aunque hay que decir que el servidor público tiene aún derecho a una revisión; aunque digamos que la primera etapa fue una palomita para nosotros”.
David Quezada detalló que el ex secretario de la administración de Carlos Lozano de la Torre cuenta aún con diez días para presentar la revisión, por lo que en este momento la Contraloría se encuentra en espera de la misma, y una vez que esto se realice serán los jueces los que determinen si habrá alguna sanción; por ahora la suspensión del servicio público por quince años sigue en firme: “Podría revertirse, aunque yo la veo complicada, digamos que todavía está la moneda en el aire y estamos atentos a si entra en revisión el expediente o no después de los diez días; en caso afirmativo pasan dos días para que los juzgados nos informen al respecto. Si en dado caso no solicitan la revisión queda en firme la inhabilitación”.
Aseveró que en estos momentos hay varios expedientes en investigación, pero sin notificación a los servidores públicos, por lo que omitió más detalles en este momento, ya que no existen aún resoluciones en firme como en este caso de Alejandro Bernal.
“Te puedo hablar que tenemos cerca de 300 expedientes y se investiga si se tratan de faltas graves o no graves, de ahí seguiría notificar al funcionario, se le solicita su informe y si es grave se turna a la Sala Administrativa -Del Poder Judicial del Estado- y si es no grave se emite una resolución aquí”, manifestó al destacar que el 90 por ciento de estos archivos son de servidores públicos de la anterior administración y el diez por ciento se tratan de dictámenes que envío el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfgas), para iniciar algunos procedimientos de responsabilidades pero se determinaron como no graves.
El Osfags es el encargado de integrar los expedientes de los 300 casos señalados, ya que la Contraloría sólo analiza aquellas denuncias de servidores públicos que no presentaron su declaración patrimonial, lo cual sucede generalmente por desconocimiento por parte del funcionario.
