Opinión

Éxodos, migraciones y derechos humanos (Segunda de dos)/ Yerbamala

Sosteníamos en la anterior entrega que en tiempos de las fake news y de las crisis humanitarias “inventadas” (dice el gran maestro del periodismo Ryzard Kapuściński que desde que las noticias se volvieron un negocio, contar la verdad es lo menos importante), atestiguamos en tiempo real el drama humano de un “éxodo”, como prefiere llamarle el profesor emérito Jorge Bustamante, quien nos relata que en el mundo anglosajón “caravana” tiene una connotación peyorativa, y que por eso ha sido el término preferido por el presidente de los Estados Unidos para estigmatizar a los migrantes y asustar a la sociedad norteamericana con una pretendida invasión de “peligrosos ilegales” desde el sur, misma que no encuentra sustento en los hechos.

Dicho éxodo migrante centroamericano, que inicialmente fue rechazado violentamente en la frontera sur de México en los meses finales de 2018, tiene su origen en el “desborde” (también caracterización del profesor emérito Jorge Bustamente) de la pobreza, la corrupción y la delincuencia en los países centroamericanos que más migrantes expulsan. El Salvador y Honduras, principalmente, pero no solo.

Establecíamos así en la entrega anterior, que México tiene el legítimo interés y el derecho de regular y encausar los flujos migratorios de y hacia su territorio, más allá de la tutela que pretende ejercer su vecino del norte. El inmediato antecedente de la exigencia imperial para contener y repeler así fuera violentamente a los migrantes (tal y como luego ocurrió en la frontera Tijuana-San Diego y más recientemente también en Juárez-El Paso), ante el intento de algunos grupos migrantes de irrumpir masivamente en territorio norteamericano, seguido del pacto “implícito” y no esclarecido todavía por el nuevo gobierno, para convertir a México en “tercer país seguro” para devolver a los migrantes que piden asilo (cosa contraria a las normas y convenciones internacionales en materia de asilo y refugio), acompañado por la evidente obsecuencia de nuestras autoridades, lo que retrataba bien a un gobierno federal -el anterior, veremos si el actual tiene capacidad de rectificar- preso de intereses ajenos, carente de legitimidad, de congruencia y de iniciativa propia.

Reconocíamos por otro un lado los retos para la sociedad mexicana y su gobierno en materia migratoria, tanto para defender los derechos de los mexicano en Estados Unidos (“México ocupa el segundo lugar con más emigrantes en el mundo con 12.3 millones sólo por encima de India, y 98% de estos migrantes mexicanos reside en Estados Unidos”. Forbes, 2017), como para proteger a los migrantes extranjeros que ingresan a territorio nacional, y hacíamos notar la oportunidad histórica que tiene el gobierno de la 4T de hacer una política migratoria basada en derechos humanos y no en la doctrina de “seguridad nacional” del vecino, puesto que no se puede ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Agregamos ahora que México es además signatario de los Pactos de la ONU de 1966 y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, razón por la que está obligado a respetar la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de derechos de las personas, que es clara y abundante sobre el particular. Ahora también México es parte firmante del Pacto Mundial de las Migraciones (Marrakech, 13 de julio de 2018), que establece una serie de compromisos -voluntarios para los estados- en materia de derechos de los migrantes. El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre ellos hay algunos genéricos, como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como implementar medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción, o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Por si fuera poco, hacíamos notar que según la letra de nuestra Constitución (CPEUM), los derechos fundamentales son para todas las personas, independientemente de su origen y su condición migratoria, porque, sostenemos que en los términos constitucionales vigentes, ningún ser humano es ilegal. Así de rotundo y simple.

Así argumentábamos que de acuerdo a nuestra norma fundamental, las autoridades mexicanas tienen la obligación –no es un prerrogativa o facultad- de preservar la integridad de todas las personas, y desde luego que también la de los migrantes, sobre todo, ante la grave crisis de derechos humanos que padecemos en todo el país.

Y decíamos que a raíz de los éxodos migrantes centroamericanos, inopinadamente México se convirtió en un país que ya no solo expulsa, sino que recibe migrantes, y así hemos visto bochornosas manifestaciones de racismo y rechazo contra ellos durante los últimos meses, algunas de ellas, para sorpresa y vergüenza de propios y extraños, protagonizadas por impresentables servidores públicos, como el actual presidente municipal de Tijuana, que dice que “los derechos humanos son solo para los humanos que andan derechos”. Dicho señor, de apellido Gastelum, panista para más señas, gusta de fotografiarse en eventos públicos luciendo gorras rojas con la leyenda en inglés: Make Tijuana Great Again, imitando aquella frase de Trump: Make America (Estados Unidos de América) Great Again. Sobran los comentarios ante la idiocia del citado alcalde.

Sostenemos, finalmente, que la sociedad mexicana tiene la necesidad (por cuestiones de índole ética y moral, pero también prácticas) de sacudirse –o al menos intentarlo- su propia “trumpización” (como otra forma hegemónica del viejo y el nuevo colonialismo a los que estamos históricamente sujetos). Decimos así que la migración nos enriquece de muchas maneras, y que mejor haremos en comprender y aceptar -empezando por las autoridades de todos niveles- que existen derechos “indisponibles” cuya garantía debe hacerse efectiva todos los días y en todo el país, para que dejen de ser bonitas declaraciones de intenciones o papel mojado; especialmente en los casos de las personas más vulnerables y desprotegidas por su propia condición, como son los migrantes.

Post Scritum. Otra vez, como hace un año, jornada histórica la protagonizada por las mujeres el 8 de marzo. Lograron paralizar casi totalmente las actividades en muchas ciudades alrededor del mundo, además de las evidentes movilizaciones multitudinarias. Ellas, las mujeres, nos ponen ejemplo y nos marcan la ruta a seguir en el largo camino que tenemos por delante para conseguir sociedades m justas e inclusivas.

@efpasillas

 

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Enrique F. Pasillas

Enrique F. Pasillas

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