- El INAI dio vista al Órgano Interno de Control de la FGR e interpuso una denuncia penal por el caso
- La denuncia penal fue presentada en contra de quienes resultaran responsables de los delitos establecidos en los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal, por negar la existencia de dos contratos para el uso de Pegasus
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una oportunidad histórica para acabar con la impunidad, ejerciendo a plenitud sus competencias y potestades en el esclarecimiento del caso Pegasus, aseguró el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.
Durante su participación en el foro Vigilancia del Estado: Hacia la implementación de controles democráticos, destacó que el INAI, en el ámbito de sus facultades, inició una investigación de oficio, a partir de la cual dio vista al Órgano Interno de Control de la FGR por el tratamiento indebido de datos personales en uso del software e interpuso una denuncia penal, debido a que la entonces Procuraduría General de la República negó la existencia de dos contratos para actualizar la licencia del uso de Pegasus en 2016 y 2017.
Agregó que la denuncia penal fue presentada ante la FGR en contra de quienes resultaran responsables de los delitos establecidos en los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal.
“Evidentemente hoy, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, ¿en dónde está la pelota? en la cancha de la Fiscalía. Hoy hay una oportunidad histórica para que el otro gran sentimiento que está corroyendo los fundamentos de nuestra democracia, que es la impunidad, al menos, en un caso tan relevante como éste, la Fiscalía ejerza a plenitud sus competencias y sus potestades para esclarecer los hechos”, enfatizó Salas Suárez.
El comisionado sostuvo que el INAI, la SFP y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México trabajarán en el diseño de una política pública que permita esclarecer el caso Pegasus, reparar el daño y garantizar que los hechos no se repitan.
La periodista Carmen Aristegui afirmó que la investigación del caso Pegasus, que se encuentra en curso en la Fiscalía General de la República, cuenta con evidencias, testimonios, declaraciones e información científica para esclarecer y, en su caso, sancionar a los responsables de haber utilizado el software para fines distintos y evitar que esta conducta se repita: “Pegasus debería ser el caso con el cual la institucionalidad mexicana termine de agotar todo lo que tiene que agotar para esclarecer, para saber y para sancionar a aquellos que indebidamente utilizaron recursos de la sociedad mexicana para adquirir sistemas de espionaje y no utilizarlos completamente para lo que la Ley les permite”.
Issa Luna Pla, secretaria académica del IIJ-UNAM, señaló que en materia de vigilancia el marco normativo mexicano está enfocado en la seguridad nacional y gobernabilidad del Estado, desde una concepción de interferencia internacional en los asuntos nacionales: “Este marco normativo nos ha permitido actuar muy poco en contra de los actos de espionaje que no caen dentro de los supuestos de injerencias internacionales. Particularmente nada nos ha permitido hacer frente a otro tipo de injerencias que tiene que ver con el sector privado versus organizaciones gubernamentales o incluso sector público, de una manera muy velada”.
Sofía de Robina, representante del Centro Prodh, apuntó que es importante conocer los efectos, impactos y consecuencia del espionaje en la vida real de los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos para dimensionar su gravedad y establecer controles adecuados: “Cuando una organización de defensa de derechos humanos tiene que comenzar a invertir tiempo en preocuparse por su seguridad, en invertir recursos para protegerse y dejar de hacer la labor que tiene que hacer de acompañar otros casos; quienes se ven afectados no solamente es la organización y las acompañantes, sino es la democracia en general y creo que eso lo que tenemos que luchar para que no siga sucediendo”.
Ernesto Aroche, co-director, reportero y editor del portal Lado B, expuso el caso de espionaje que se suscitó en Puebla, a través del software Galileo, adquirido por el gobierno de Rafael Moreno Valle, y el cual fue utilizado con fines políticos, sobre todo, en la recta final del proceso electoral que definió la Legislatura Federal en 2015.
Señaló que no hubo ninguna investigación en el estado por parte de las autoridades y recalcó que la administración de Moreno Valle siempre negó la compra del software, pero en un reportaje del New York Times sobre el tema, la empresa Hacking Team de Italia reconoció que el gobierno de Puebla había sido uno de sus clientes.
Mary Trini Juárez González, juez tercera de control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, señaló que es fundamental recuperar la cultura de la legalidad en México para combatir la impunidad a través del fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, entre ellos la privacidad: “La Constitución, el código nacional y las otras leyes especiales que regulan las intervenciones de comunicaciones privadas son muy claras: En ninguna otra materia que no sea penal o de seguridad nacional se puede utilizar una intervención de comunicaciones privadas”.
El panel fue moderado por Dálida Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública y durante su desarrollo estuvo presente la comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos.
El foro fue convocado por el Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, integrado por el INAI, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil y la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de articular un diálogo abierto y plural para definir la ruta que permita prevenir y controlar la vigilancia por parte del Estado.
Con información del INAI
