En la Cuenta Pública de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México se informó el 30 de enero de 2019 un desfalco a la hacienda pública por 114 millones 740 mil pesos, cometido al Programa de cultura en las entidades federativas 2017. Se involucran presidentes municipales de Jesús María (Noel Mata Atilano); Calvillo (Adán Valdivia López) y San José de Gracia (María Cristina López González), en el estado de Aguascalientes, quienes niegan haber participado en los hechos. La sospecha crece cuando alcaldes involucrados en estados de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, en su mayoría emanados del Partido Acción Nacional.
Alguien, en el nuevo régimen, debería investigar más a fondo las actividades en Aguascalientes de las Asociaciones Civiles y Sociedades Anónimas: Romero Mac Gregor, AC; Grupo Comercial DIXA; Terrícolas Anónimos; Juca Advertising; Despacho Jurídico Romero Mac Gregor y Asociados; Asociación Drama y Voz en Movimiento, y por supuesto, la vinculación que, políticos locales, mantienen con ellas.
Las denuncias de Auditoría Superior de la Federación van y vienen y nadie detiene la racha de “moches” a diputados y presidentes municipales coaligados con asociaciones civiles supuestamente dedicadas a promover la cultura popular. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados no aplicó los “criterios de selección de los proyectos culturales susceptibles de financiamiento” y, de esa manera, abre puertas a la asignación discrecional de proyectos. El dictamen de Auditoría, establece que la Secretaría de Cultura no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en la materia para la comprobación del gasto.
Como resultado de la visita realizada por los auditores, los mismos proveedores niegan haber participado con frases como: “la cotización que obra en expediente es falsa y no fue emitida por mi persona”; o bien, los funcionarios municipales responsables niegan su participación porque “esa firma es apócrifa, los documentos de contratación no fueron firmados por mí”.
El informe de Auditoría de la ASF muestra una complicidad sistemática entre la Secretaría de Cultura y las asociaciones civiles involucradas con los gobiernos municipales y proveedores, quienes no pueden justificar eventos culturales porque en realidad jamás existieron, o bien, porque niegan haber autorizado diversos eventos culturales; o que estos eventos jamás se realizaron; o que los gastos jamás fueron comprobados; y que sus precios fueron inflados no son su responsabilidad. En todos los casos, los actores o artistas, niegan haber participado en tales actos de corrupción.
En síntesis, todos los “actores” se lavan las manos, mientras nadie es procesado por actos de corrupción. Los funcionarios de la Secretaría de Cultura, y los presidentes municipales y diputados involucrados muestran ante la ASF una actitud cínica y corrupta, mientras asociaciones civiles y proveedores no ocultan la complicidad con la corrupción en la promoción de la Cultura en México. Es mi opinión.
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