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Recibe Congreso de Aguascalientes Primer Informe de Labores del Poder Judicial

  • Los delitos de mayor incidencia fueron contra la salud, robo, lesiones y daño en las cosas, en ese orden, y en los de mayor impacto social corresponden a los homicidios doloso y culposo, violación, secuestro y feminicidio
  • Se registraron 50 mil 44 expedientes, de los cuales se resolvieron 34 mil 515

 

Ante la presencia de los presidentes de la Diputación Permanente y de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, Érica Palomino Bernal y Guillermo Alaniz de León, respectivamente, además de congresistas de diversas fuerzas políticas, Gabriela Espinosa Castorena, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, entregó al Congreso del Estado de Aguascalientes su Informe de Actividades correspondiente al año 2018.

En un acto efectuado en el salón Aquiles Elorduy García, Espinosa Castorena indicó que el año anterior se registraron 50 mil 44 expedientes, de los cuales se resolvieron 34 mil 515; detalló que los delitos de mayor incidencia en el Sistema Penal Acusatorio fueron: delitos contra la salud, robo, lesiones y daño en las cosas, en ese orden, y en los de mayor impacto social corresponden a los homicidios doloso y culposo, violación, secuestro y feminicidio.

La diputada Érica Palomino puntualizó que el documento será turnado a las Comisiones legislativas respectivas, con el propósito de que se emprenda a su interior, un análisis a profundidad de cada uno de los capítulo que conforman este informe.

De acuerdo con el artículo 11, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, son atribuciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, presentar de manera anual, a más tardar el último día de febrero ante el Pleno del Congreso del Estado, un informe por escrito correspondiente al año inmediato anterior sobre el estado que guarda la administración de justicia.

Este artículo establece también que el escrito debe contener la actividad jurisdiccional de los tribunales respecto a sus resoluciones, sentencias y la ejecución de las mismas, así como la actividad administrativa, precisando lo relativo al ejercicio de los recursos financieros del Poder Judicial.

 

Con información del Congreso del Estado

 



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