Opinión

Sobre el compromiso de no reelección / Memoria de espejos rotos

“Bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda,

es todo lo que he sido, por ti me he convertido…”

Ciega sordomuda. Shakira

 

En Rebelión en la granja, fábula política de George Orwell, sucede algo muy común fuera de la literatura de ficción: la torcedura de la ley para favorecer a la clase gobernante. En la fábula orweliana, los cerdos (la clase en el poder político) decretan una serie de mandamientos legales para ser obedecidos por todos los animales de la granja. Al paso del tiempo, estos mandamientos se tuercen poco a poco (y de modo oculto al pueblo animal) para quedar con las suficientes ambigüedades y resquicios que posibiliten actuar de modo contrario a la ley, sin romperla. El ejemplo más emblemático es con el mandamiento Todos los animales son iguales, que a lo largo de la trama se tuerce hasta quedar en Todos los animales son iguales, pero hay animales más iguales que otros. Así, el espíritu original de la ley se pervierte para favorecer a una casta detentadora del poder, en pos de su perpetuación en la cúspide de la pirámide política.

Aristóteles, en La política, delineó hace más de dos milenios una tipología que nos permite ubicar la forma de gobierno que tiene cualquier pueblo, en cualquier momento histórico. De acuerdo al análisis aristotélico, los gobiernos se pueden dividir básicamente en dos, de acuerdo a su arreglo legal: o tiene leyes rectas, o tiene leyes torcidas. Las primeras atienden a una noción de equilibrio en el bienestar general, sin supeditar a unos bajo los otros, ni aumentar el privilegio de unas clases sobre otras. Las segundas tienden a desequilibrar esta noción, favoreciendo a las clases gobernantes o a las que (como en la demagogia popular) sostienen a la cúpula en el poder. En Aristóteles hay, por supuesto, un análisis basado en la clase social. Dadas estas condiciones, los gobiernos pueden clasificarse de acuerdo a qué proporción de la sociedad tiene efectivo acceso a las decisiones del poder: pueden ser las mayorías, pueden ser las minorías, o puede ser sólo la persona gobernante.

¿Pueden los actos de gobierno ser legales, pero no éticos? Sí, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en la pasada iniciativa de reforma que permite la revocación de mandato. En apariencia, es aplaudible que una democracia sana permita estos mecanismos de participación ciudadana en torno al ejercicio del poder, que obliga a los gobernantes a entregar buenos resultados ante sus gobernados para ser “ratificados” en el cargo, y que promueve la discusión popular en torno a lo político. Sin embargo, en el afán de promover sus logros para lograr la ratificación, el presidente necesariamente estaría en campaña en 2021. Una campaña del ejecutivo que supeditaría la campaña de legisladores, con lo que se supedita el triunfo en la cámara a los esfuerzos del presidente.

Esto implica (y vuelve aún más evidente) la supeditación de facto del legislativo al ejecutivo. Sumado a esto, las graves señales en la pérdida de la autonomía en el poder judicial anuncian un debilitamiento en la sanidad de la división de poderes republicanos. Paralelamente, las campañas -discretas o evidentes- para catalogar a quienes cuestionan al presidente como francos enemigos de la República sólo redundan en una narrativa maniquea que no abona ni a la democracia ni a la construcción de una ciudadanía crítica y participativa fuera de los modelos clientelares, y eso opera en contra de todas y de todos.

En estas críticas se ha subido a la agenda pública el tema de la posible reelección del ejecutivo. El tema lo subió el presidente mismo, y ante los dimes y diretes que se provocaron, el ejecutivo salió a firmar una carta compromiso en la que afirma que no buscará la reelección. Pero, como en Granja animal, la sentencia entraña la propia forma de burlarla: “fui elegido para ejercer la Presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno; es decir, el pueblo pone y el pueblo quita”. Es decir, como cuando Juárez fusiló a Maximiliano, no lo hizo por un deseo personal, sino por el mandato del pueblo. Dicho de otro modo, yo no quería, pero el pueblo monosabio me lo pidió.

En esta campaña maniquea y de pensamiento totalitario y absolutista, en la que se puede estar solamente a favor o en contra del ejecutivo, los riesgos son amplios. Esta carta compromiso se la dedicó a sus adversarios, “los conservadores”, así como a la mítica “mafia en el poder”. No obstante, llama la atención el hecho de que apenas pasados los primeros cien días de gobierno, el tema de la reelección se haya subido a la agenda presidencial. Así, con leyes, reformas, decretos, que en apariencia impulsan una gobernanza democrática, se teje una forma de entender y de ejercer la política muy contraria a la construcción de ciudadanía crítica, y parecen tender a la torcedura de la ley que ya anticipaba Aristóteles. Ojalá que la historia arroje en cara el error del escenario que en esta y otras muchas columnas (que distintas personas, desde diversos medios de comunicación) se han escrito, y que esta interpretación de las tendencias sea una equivocada exageración.

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Alan Santacruz Farfán

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