- Se firmó un convenio para la asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la Guardia Nacional
- La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a las autoridades a seguir colaborando con la sociedad civil mexicana
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, reconoció la voluntad del Gobierno de México para privilegiar los derechos humanos, que se muestra como un cambio de paradigma en la política federal y expresó su respaldo para apoyar esta determinación.
“De especial relevancia es el hecho de que el Gobierno me transmitiera una invitación para visitar el país incluso antes de asumir el mandato, y que esta visita se haya concretado en el primer semestre de su sexenio. Ello muestra la apertura del Estado para estrechar los lazos de asistencia y cooperación con los organismos internacionales para avanzar en la construcción de una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos”.
México, dijo, tiene 252 mil 538 muertes violentas desde 2006, cifras equiparables a las de un país en guerra: “Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos. Y esta ha sido precisamente la desalentadora realidad en los últimos lustros, en los que los distintos cuerpos de seguridad del país no sólo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles de crímenes y abusos, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones inconcebibles en una democracia. Cabe destacar que seis de las diez sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”.
Recordó que el 8 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina que encabeza firmaron un acuerdo de cooperación para la asesoría y asistencia técnica en torno al caso Ayotzinapa, a fin de esclarecer los eventos que llevaron a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014.
Resaltó también el convenio firmado ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador para la la asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la Guardia Nacional.
En los primeros tres meses de la actual Administración Federal, señaló, se han iniciado al menos 7.299 investigaciones por homicidios dolosos y 240 por feminicidios: “El Gobierno actual hereda una situación de extrema violencia, pero tanto él como todas las autoridades con las que he hablado se han comprometido a hacer lo necesario para revertirla”.
Agregó que: “Junto a los esfuerzos de creación de una Guardia Nacional efectiva y respetuosa de los derechos humanos es necesario mejorar la actuación de las fuerzas policiales con el pleno compromiso de las autoridades a todos los niveles”.
La representante de la ONU expresó su preocupación por el hacinamiento en los penales del país y la tortura generalizada en los centros de detención “donde tres cuartas partes de los reos afirman haber sufrido malos tratos”, además, de las denuncias de tortura sexual realizadas por mujeres en detención, “dado que una de cada diez afirma haber sido víctimas de violación durante el proceso”.
Tras lo anterior, dijo que la Oficina que encabeza “está colaborando con las instituciones estatales en la implementación de la Ley General sobre Tortura y para esclarecer casos de personas que fueron juzgadas con base en pruebas obtenidas mediante tortura”.
Expresó que “la creación de la Guardia Nacional puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil capaz de lidiar con el inconmensurable flagelo del crimen organizado y de las grandes redes de narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios fundamentales de derechos humanos”.
Celebró el anuncio sobre la expedición de una ley nacional del Uso de la Fuerza y una Ley Nacional de Registro de Detenciones, “las cuales coinciden con las recomendaciones del sistema internacional de derechos humanos”.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a las autoridades a seguir colaborando con la sociedad civil mexicana: “Un extraordinario ejemplo de integridad y solidaridad que quiere y precisa estar implicada en todos los procesos de fortalecimiento de los derechos humanos del país”.
