Opinión

¿En qué va el transporte público? / Agenda urbana

La semana pasada se difundió la idea de que el Gobierno del Estado aumentaría la tarifa del transporte urbano como parte de alguna posible negociación con los concesionarios de Atusa. El fin de semana, sin embargo, se dio a conocer que la tarifa por ahora permanecerá en 7.50 pesos -es periodo electoral-, y que además el gobernador había decidido remover al segundo titular de la Coordinación General de Movilidad -quien permaneció en el cargo durante algunos meses sin resultados claros-. En este momento sería relevante conocer cuáles son los resultados que se han logrado de la transformación del transporte urbano, especialmente en cuanto infraestructura, vehículos y operación. Veamos.

Primero, en términos de infraestructura es evidente que no se ha alcanzado aún ningún tipo de avance; el gobierno asegura que en sus primeros dos años se habría dedicado a elaborar un nuevo plan de movilidad, entre otros estudios, para diagnosticar el problema y establecer la estrategia de transformación. ¿En qué consiste el nuevo plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué tipo de infraestructura se pretende desarrollar? La poca información prevé que podrían introducirse carriles preferenciales de transporte público, terminales y centros de transferencia para facilitar la circulación de las unidades y el transbordo de los pasajeros. La realidad es que al día de hoy no existen indicios de esa infraestructura, e incluso la primera obra que se pretendía ejecutar, es decir, el Eje Vial de López Mateos, tuvo que ser postergada por el rechazo de algunos locatarios –o algún otro motivo que no se haya dado a conocer.

Segundo, en relación con los vehículos del sistema de transporte urbano, el Gobierno del Estado recientemente dio a conocer la renovación de 55 unidades mediante un esquema de financiamiento que facilita su adquisición por parte de los concesionarios. Las nuevas unidades de gas natural contribuyen a mejorar una de tantas características de un sistema de transporte público de calidad, es decir, la comodidad o el confort. Estas unidades podrían mejorar la experiencia del usuario, quien por décadas se ha visto obligado a desplazarse en autobuses de la peor calidad, y, con ello, comenzar a dignificar gradualmente un sistema que desde hace tiempo se encuentra en constante deterioro. El gobernador aseguró esta semana que busca terminar su administración con alrededor de 400 nuevos autobuses. Veremos.

Tercero, la renovación de unidades no permitirá por sí misma alcanzar otros estándares de calidad que dependen estrictamente del modelo de operación del sistema, como la cobertura, la confiabilidad y la puntualidad. La mejora más trascendente del transporte urbano, por tanto, está estrechamente relacionada con la creación de un nuevo modelo que permita transitar del obsoleto hombre-camión a empresas profesionales con mayor solidez para acceder a financiamiento y que puedan operar de manera integrada para generar economías de escala y evitar la competencia desleal, con lo cual podrían optimizarse recursos necesarios para prestar un servicio de mayor calidad. El gobierno estatal ha mencionado en reiteradas ocasiones que pronto se presentará un nuevo modelo de operación con empresas profesionales. ¿Será? Un mejor servicio además requiere de un sistema tarifario electrónico e integrado para gestionar eficientemente los ingresos, y permitir a los usuarios utilizar tarjetas de prepago para evitar el doble pago del pasaje al transbordar entre rutas en un tiempo determinado, el cual continúa siendo un asunto pendiente.   

Por último, el falso debate acerca de qué es primero, el aumento de tarifa o la mejora del servicio, impide discutir de manera integral el reto fundamental de financiamiento del transporte público. La finalidad social del transporte público, es decir, proveer un servicio de transporte asequible para la población, difícilmente permite generar recursos suficientes para mejorar la calidad, pues una tarifa demasiado alta tendería a marginar a miles de usuarios, lo cual incumpliría el objetivo principal de esta alternativa de movilidad. La realidad es que son urgentes e indispensables tanto la movilización de recursos económicos adicionales para mejorar el servicio, como lo necesidad de aumentar los estándares de calidad con que operan los prestadores del servicio.

¿Qué hacer? Si bien en Aguascalientes las tarifas se han mantenido congeladas durante largos periodos de tiempo, puede ser natural que se ajuste periódicamente a la inflación; sin embargo, el problema no está necesariamente en las tarifas bajas, sino en la ausencia de mecanismos de compensación entre la tarifa técnica, es decir, el costo real de prestar el servicio en condiciones de calidad, y la tarifa que finalmente se cobra al usuario, o sea, 7.50 pesos. La discusión, por tanto, debería enfocarse en cuáles pueden ser esos mecanismos -por ejemplo, subsidios, financiamiento u otras fuentes alternativas e innovadoras-, y cómo deberían gestionarse para asegurar el uso transparente de los recursos. Aun así, el principal reto se encuentra en la capacidad del gobierno estatal de regular eficazmente el servicio y asegurar que se presta en mejores condiciones, lo que sería un reto mayúsculo si no se logran las condiciones anteriores.

Según el Gobierno del Estado ahora sí transitará del diagnóstico y la planeación a la implementación; esperemos tenga la capacidad institucional, técnica y política para comenzar a transformar realmente el transporte público en la entidad.

 

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco

 

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Fernando Granados

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