La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo para la asesoría y asistencia técnica en el caso Ayotzinapa. La Oficina cooperará con el Estado mexicano para que las exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad y justicia.
Durante la ceremonia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “este es un caso paradigmático que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema para atender las violaciones a los derechos humanos”.
Indicó que el objetivo del convenio es esclarecer los hechos en torno a la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Celebró la apertura mostrada por las autoridades mexicanas para colaborar en el esclarecimiento del caso, en particular con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Destacó también la disponibilidad mostrada por las instituciones que integran la Comisión Presidencial para alcanzar dicho acuerdo: “Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano. A la vez, es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”.
Bachelet señaló que de acuerdo a cifras oficiales existen en el país 40 mil personas desaparecidas: “Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que se esclarece su suerte o paradero, se haga justicia, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y personas allegadas, y afecta a toda la sociedad e impide la democracia”.
Destacó que “este hecho es un llamado a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible”.
La alta comisionada dijo confiar “en la implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las del Informe de mi Oficina, ‘Doble Injusticia’. Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa: el pleno respeto a los derechos humanos”,.
Comentó que en esta nueva etapa, la Oficina que encabeza a través de su representación en México, “será una aliada que no dudará en contribuir para que se den avances, reconocer cuando se logren los compromisos con las familias, así como alertar de cualquier incumplimiento”.
Reconoció la labor realizada por las organizaciones de la sociedad civil, en especial el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, a la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y al Centro de Análisis e Investigación, Fundar, “quienes desde diferentes ámbitos han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos”.
Expresó su apoyo a las familias y señaló que la Oficina que encabeza se solidariza con su exigencia de justicia: “Valoro la voluntad del gobierno mexicano a colaborar con mi oficina para que las legítimas exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sólo de esta forma, podremos decir ‘nunca más, nunca más’”.
Con información de ONU-DH
