Opinión

México: ¿entre la legalidad y la justicia? / Bravuconadas

Hoy termina la Semana Mayor, una semana que, entre otras cosas, ha servido para hacer un necesario corte a las apariciones matutinas del ciudadano presidente de México. Ciertamente el respiro representó una auténtica bocanada de oxígeno a la desbocada carrera provocada para imponer una agenda política nacional que tiene como propósito central la construcción de la cuarta transformación del país de cara al futuro inmediato. Ello justificado por el innegable y cuantioso respaldo popular del mandatario obtenido en el proceso electoral del año pasado.

Sin embargo, antes del “breve espacio” (diría don Pablo Milanés) de esta semana, el periodista Jorge Ramos, el viernes 12 de abril, cuestionó de manera franca al presidente con relación a las cifras de las muertes de miles de mexicanos derivados del clima de inseguridad que priva a lo largo y ancho del país, citando información publicada en los portales de las instituciones de seguridad nacionales, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalando que al paso que iban los sucesos, el arranque de esta administración federal se iba configurando como el más violento en las últimas dos décadas para México. El cuestionamiento de Ramos fue por demás directo y claro, cosa que al presidente lo sacó de su zona de confort, desacostumbrado a la pericia profesional y seguridad mostrada por su interlocutor. Obviamente, el presidente desestimó la información e invitó al periodista a revisar en otro momento las cifras.

Este evento dio pie a una semana llena de diatribas entre los críticos del régimen lopezobradorista y sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de dimes y diretes en pro y en contra de la actitud “confrontativa” de Jorge Ramos y la postura “democrática” del presidente, al tolerar la situación. Pero los datos del periodista estaban basados en información oficial “dura”, y que mostraban justamente, los que el Sistema Nacional de Seguridad Pública había recopilado y mostrado en su portal de transparencia.



Paralelamente al “affaire” con Ramos, en el ámbito legislativo y en las calles, se daba otra confrontación entre el proyecto legislativo morenista de Reforma a la “mal llamada” (AMLO dixit) Reforma educativa de la administración pasada y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más famosa por su acrónimo CNTE. Esta confrontación, a todas luces política, entre esa organización de una parte del magisterio nacional y las instituciones del Estado mexicano, que durante semanas había arrinconado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, marcándoles la agenda a su deliberación y resolución de uno de los compromisos de campaña del nuevo régimen, estaba empantanada en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, y mostrándole a la opinión pública nacional la incapacidad del gobierno morenita de controlar a uno de sus más aguerridos secuaces, perdón, aliados de la pasada campaña electoral. Tan complicado se le fue descomponiendo el escenario al régimen, que el ciudadano presidente tuvo la ocurrencia de firmar un memorándum el martes 16 de abril, instruyendo a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y Gobernación, para que hicieran caso omiso de los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto se daba cauce a la citada nueva Reforma educativa. Vamos, el Presidente de la República Mexicana instruía a sus colaboradores, secretarios de Estado, a incumplir la Ley.

Sobra decir la avalancha de reacciones que generó esa iniciativa de López Obrador en el ánimo nacional. Especialistas en derecho constitucional, asombrados, y los más alarmados, no daban crédito a la emisión de un memorándum a modo, que incitaba, por ejemplo, a la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, constitucionalista de formación y convicción, a violar la Carta Magna del país. Por supuesto, los críticos políticos del morenista no han acabado de cuestionar y repudiar el citado documento, señalando los riesgos que conlleva el impulsar su acatamiento por parte de los funcionarios aludidos del gabinete, y por supuesto sus implicaciones para México en esta etapa de transición política.

López Obrador, fiel a su costumbre provocadora, aventó la piedra y escondió la mano. Él calló y dejó a sus mastines que justificaran su brillante y oportuna patada al avispero nacional, aunque todavía le movió a la olla antes de su retiro vacacional de Semana Santa a las playas de Veracruz. Señaló con un dejo de magnanimidad: entre la legalidad y la justicia, elijo sin dudar, la justicia. Zaz.

El coordinador de los senadores morenistas en la Cámara Alta entró pronto al quite ante los especialistas del derecho constitucional, señalando la imperiosa necesidad de ajustar las leyes mexicana a la nueva concepción de justicia de su jefe político, por lo que presto se apuntó a comprometer en el breve tiempo el cambio de esas leyes a la “auténtica” justicia. De la misma Cámara de Senadores, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, defendió con denuedo el memorándum del presidente, y no podríamos afirmar, sí a sabiendas de su clara ilegalidad, porque con don Martí, no se puede presumir su sapiencia constitucional.

Con todo este escenario impuesto por López Obrador, y sí, presidente de México, ha puesto al país a discutir de manera intensa en prácticamente todos los ámbitos, en el trabajo, en la familia, en los medios de comunicación en los organismos intermedios, si el país se debe debatir entre justicia y legalidad, sí la viabilidad de la sociedad mexicana por alcanzar el “cambio verdadero”, debe pasar por alto la necesidad de organizar nuestra convivencia social, política, económica, cultural, científica, internacional, etcétera, con base en la legalidad, en el marco del Estado de Derecho, vamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o entender y utilizar como referente del desarrollo y bienestar nacional la “justicia”, así con comillas, del morenismo empoderado.

Sin duda alguna, el camino indiscutible es el definido por nuestra legalidad.

 

mario.bravo58@hotmail.com

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Mario Bravo

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