- No es claro si participará como artífice en la economía del conocimiento y qué sucederá en la innovación: Cecilia Liotti
- El ejecutivo federal tiene como fecha límite para la entrega del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el 30 de abril
El ejecutivo federal tiene como fecha límite para la entrega del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 el 30 de abril y la Cámara de Diputados contará con dos meses para su deliberación y aprobación. Sin embargo, para algunos analistas no se tiene certeza sobre cuál será el papel de la ciencia y tecnología (CyT) en el mismo e, incluso, si los temas que aluden han sido discutidos de manera suficiente.
Hacia dónde va la ciencia en México, plantea la politóloga e investigadora para la Universidad Autónoma de Campeche, Cecilia Liotti: “Cuando analizamos el proyecto de nación y lo que tiene que ver con el impacto de ciencia, tecnología e innovación (CTI) debemos preguntarnos a dónde aspira estar México en la sociedad del conocimiento, cuál será el modelo a seguir y cuál es la agenda del país en la economía del conocimiento”.
La especialista puntualizó que es muy importante saber cómo se inserta la CTI en el PND para saber hacia qué vertientes contribuye. Si será un pilar del desarrollo económico y/o del bienestar social, así como tener claro si la generación de conocimiento puede impactar en el Producto Interno Bruto (PIB).
“La propuesta de ley (de la senadora Ana Lilia Rivera) nos da algunas pautas sobre cuál puede ser la participación de la CyT y nuestras conclusiones nos llevan a pensar que puede estar equivocada o no, pero daría la impresión de que ante la inminente presentación del PND hay temas por discutir. (…) A quienes analizamos la propuesta de ley no nos queda claro cuál es el modelo del sistema de Cyt que se quiere seguir. Por ejemplo, si fuera el modelo chino o el finlandés, el cual sigue una orientación de valor que atiende la inclusión”, determinó la doctora en Ciencia Política.
Sobre los temas que dejan dudas en el PND, Cecilia Liotti refiere a la importancia de atender las necesidades de las regiones, al igual que la sustentabilidad ambiental en relación directa con el cambio climático y el cuidado de los recursos naturales.
Igualmente inquietante es la responsabilidad del manejo centralizado de todo lo que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados, a la participación de las mujeres en ciencia -algo determinante en cualquier país-, además de la inequidad en la accesibilidad a la información y a las oportunidades de educación superior: “La ciencia debe tomarse como un bien público, donde la participación pública debe aparecer como un derecho, tal como se tiene a la libertad de investigación científica y de creación, y a la información. (…) No obstante, la propuesta de ley sí menciona mantener el compromiso de incluir por lo menos el uno por ciento del PIB para CyT. Sin embargo, no hay claridad con los fondos y presupuestos que pugnan por la vinculación entre el sector productivo y el científico. Qué va a pasar con la innovación, cómo se van a armonizar los estados con los centros públicos de investigación”.
Para la investigadora y académica de la Universidad Autónoma de Campeche se trata de políticas que trascienden una ley de CyT y deben apuntar hacia el desarrollo económico de un país, al campo de educación e incluso en el bienestar social.
“No hemos llegado a nivel de madurez de política pública, entendido ésta como una acción deliberada del estado que se orienta con todos los recursos a atender un problema que ha sido detectado como público y que siempre lleva una carga valorativa y donde están mediados los intereses de los diferentes actores. (…) En México se ha dicho que la política de CyT estaba a nivel de una política de estado, es decir, conducida más verticalmente pero sin una base de discusión. Esto se había diagnosticado desde antes de la nueva propuesta de ley por diversos especialistas”, explicó Cecilia Liotti.
La investigadora agregó: “La CTI es multidisciplinaria y para dar una opinión razonada e informada está la comunidad científica como tal, pero también se debe incorporar a abogados, especialistas en derechos humanos, politólogos, sociólogos, antropólogos, y la del sector productivo, que es esencial en el desarrollo de la economía de cualquier país”.
