- Si no hay una impartición de justicia cabal, normalmente la justicia deja de beneficiar a quien más la necesita
- Hoy una persona puede inquirir a un Poder de Gobierno y evidenciarlo, con una solicitud de acceso a la información y un recurso de revisión
El derecho de acceso a la información es un mecanismo de control democrático con el que la población puede llamar a rendir cuentas al Poder Judicial, ya que, sin impartición de justicia íntegra, ésta deja de beneficiar a los más desprotegidos, aseguró Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Si no hay una impartición de justicia cabal, normalmente la justicia deja de beneficiar a quien más la necesita y que es la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad”, enfatizó al participar en la presentación del informe (In) Justicia Abierta: Ranking de la Opacidad Judicial en México.
Salas Suárez resaltó la importancia de la participación ciudadana para apropiarse de los asuntos públicos y revitalizar la democracia: “El derecho de acceso a la información es un mecanismo de control democrático. Hoy una persona puede inquirir a un Poder de gobierno y evidenciarlo, con una solicitud de acceso a la información y un recurso de revisión. Creo que el Poder Judicial, tradicionalmente, había menospreciado esta capacidad que tienen los ciudadanos de llamarlos a rendir cuentas”.
En el evento, convocado por la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y EQUIS Justicia para las Mujeres, el comisionado afirmó que el mérito del informe es que abre una discusión fundamental en el combate a la impunidad: “Sobre uno de los grandes problemas que están minando o erosionando los fundamentos de nuestra democracia y que es un sentimiento generalizado, en nuestra sociedad, de impunidad. De ahí la relevancia de saber cómo resuelven los jueces y también cómo administran sus recursos públicos”.
Ana Pecova, directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, al presentar los resultados del informe, dijo que 96.9 por ciento de los Poderes Judiciales de los estados del país no realizan ninguna acción para hacer públicas sus sentencias: “Los hallazgos no son muy alentadores. Lo que encontramos es que en México no hay un solo Poder Judicial que cumpla con los mínimos estándares de transparencia y participación ciudadana. Todos los Poderes Judiciales reprobaron los 10 criterios que nos pusimos a medir”.
Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, adelantó que en el próximo periodo ordinario del Congreso se presentará una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia, con el fin de que todas las sentencias y resoluciones de los Poderes Judiciales sean públicas, al margen de cualquier interpretación del interés público: “Esta reforma que se está proponiendo abona a la apertura y transparencia judicial. la transparencia de todas las sentencias judiciales es un medio fundamental para combatir la corrupción judicial y exigir la rendición de cuentas sobre el desempeño de los jueces y magistrados, pues quien firma una sentencia debe saber que será objeto del escrutinio público”, remarcó el legislador.
En la presentación, efectuada en instalaciones del Iteso, participaron Cinthya Cantero, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), y Ricardo Suro, presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco.
David Gómez Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara, y Ana María Vázquez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Iteso, quien fungió como moderadora.
Con información del INAI
