- El titular de la Seguot pide a Fiscalía que llame a la diputada para que ésta denuncie los supuestos actos de corrupción que ha señalado a medios de comunicación
- La diputada afirmó que la Seguot cobra “moches” a fraccionadores
- Como servidora pública, la diputada debe denunciar actos de corrupción
El titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Armando Roque Cruz, solicitó con un oficio a la Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes apercibir a la diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada para que denuncie formalmente los presuntos actos de corrupción a los que describió como “moches” en los que habría incurrido la dependencia estatal, según señalamientos que ha realizado ante los medios de comunicación.
El martes 25 de junio el titular de la Seguot presentó una “denuncia” al fiscal Anticorrupción, Jorge Humberto Mora Muñoz, numerada como 2019-009-1922, en contra de la diputada Natzielly Rodríguez.
En la denuncia se narra que el 20 de junio, la Seguot tuvo conocimiento de una entrevista realizada a la diputada por diversos medios de comunicación en la que ésta afirmó que en el gobierno estatal se solicitan “moches” de entre 10 y 15 por ciento a los fraccionadores o constructores por la emisión de la Constancia de Compatibilidad Urbanística.
Lo anterior, pese a que como se explica en la denuncia, la Seguot emite solamente el Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística y es la Secretaría de Desarrollo Urbano, al menos en el municipio de Aguascalientes, la instancia que emite la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
En la denuncia por escrito se afirma que se anexó una grabación en un disco compacto en la que se escucha a Rodríguez Calzada declarar lo siguiente: “He recibido diez casos de personas que tienen algunos terrenos y que han querido fraccionar, tengo un caso reciente en donde una persona que le vende a otros ciudadanos y sin ningún permiso de Gobierno del Estado, ni del gobierno municipal, a las personas que ya compraron, ya fincaron al sentirse dueños de sus servicios porque pues esa gente tampoco se puede quedar en indefensión”.
En el audio se escucha que se le pregunta a la diputada si los “moches” ocurren sólo en el gobierno estatal o también en el municipal, a lo que esta responde: “Hasta donde tengo entendido, en el Gobierno del Estado por la Constancia de Compatibilidad Urbanística (…), dependiendo del sapo es la pedrada, me han dicho pero más o menos (…) dependiendo del tipo de fraccionamiento que están solicitando, si es de tipo residencia, pues es el más alto el porcentaje de diez a quince por ciento y si es de corte popular, pues un poco más bajo”.
Por lo tanto, con fundamento en el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Roque Cruz solicitó a la Fiscalía que se requiera a la servidora pública con la intención de que ante el supuesto conocimiento que tiene del hecho, aporte información que tenga en su poder ante la autoridad investigadora, la propia Fiscalía, y proporcione todos los datos y pruebas necesarias para que se inicie una carpeta de investigación.
En el Artículo 222 del Código de Procedimientos Penales se señala: “Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía”.
En el caso específico de los funcionarios públicos se advierte: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
La Secretaría, afirma Armando Roque en el documento, no tiene conocimiento de actos de corrupción al interior: “Nos preocupa la información difundida por la diputada, por lo que solicitamos a usted (fiscal anticorrupción) proceda como corresponda y le requiera a dicha funcionaria en aras del deber que tiene de denunciar hechos o proporcionar información que lleve al esclarecimiento de los mismo”.
Como se explica en la denuncia, la diputada se puede hacer acreedora a sanciones, mismas que se espera le sean dadas a conocer por la Fiscalía Anticorrupción en el apercibimiento solicitado: “En el ejercicio de sus funciones públicas tiene la obligación de denunciar la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito o bien testificar de los hechos que le constan al respecto”.
