- Partidos políticos están aún rezagados en el tema
- Poder Judicial tiene interés de actualizarse
Está a punto de culminar la primera evaluación del año a los sujetos obligados, anunció Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), al asegurar que existen avances en el cumplimiento en relación con el 2018, aunque existen algunos rezagados como es el caso de los partidos políticos, aunque tienen un mes para corregir su información.
Expresó que los entes que han mejorado sus mecanismos de transparencia son los Ayuntamientos, gobierno estatal, Poder Judicial y organismos autónomos, que tienen un cumplimiento por arriba del 70 por ciento, aunque posiblemente lleguen al cien por ciento luego de la evaluación y en el transcurso del tiempo que se otorga para las correcciones después de la revisión; al recordar que de no ser así hay consecuencias.
Tachiquín Rubalcava manifestó que comparativamente con otras entidades del país, Aguascalientes cuenta con buenos indicadores que se traduce en gobierno abierto, al encontrarse dentro de los cinco o seis lugares en el ámbito nacional.
En cuanto a la falta de actualización de información en la página oficial del Congreso del Estado, el comisionado presidente informó que el ITEA asesora al legislativo sobre el aspecto informático, al considerar que es un obstáculo que están superando.
Acerca del Poder Judicial y la transparencia
El titular del Instituto de Transparencia hizo referencia al estudio que realizó de la organización civil Equis Justicia para Mujeres, que señala que Aguascalientes se encuentra en el grupo de los poderes judiciales más opacos al no proporcionar la información solicitada (La Jornada Aguascalientes, 22 mayo de 2019): al respecto, dijo que si bien hay organizaciones civiles muy respetables, el estado tiene un nivel de cumplimiento mayor al de otras entidades: “El problema se encuentra en las sentencias que han causado ya estado. Recordemos que se trata de un trabajo maratónico en el que ellos (el Poder Judicial) tienen que ponerse al corriente y también tiene que ver con la cuestión de archivos”.
Recordó que si bien la Ley de Transparencia se aprobó en el 2014, en términos prácticos se trabaja en ello desde el año pasado, al considerar que habrá de ser después de un año más cuando los entes obligados como el Poder Judicial se pongan al corriente: “Ya empezó a trabajar, hay información subida en la página respectiva, vamos muy bien. Si pedirles que si se remiten a archivos o sentencias que están atrás de la vigencia de la Ley de Transparencia que fue en el 2014, es muy complejo, por eso tenemos que ir de la mano, la magistrada presidente -Gabriela Espinosa Castorena- trae todo el interés de estar actualizados”.
