- Se produce un efecto beneficioso sobre el sistema de ciencia y tecnología si los objetivos de la política pública son los correctos y las instituciones colaboran: Félix de Moya-Anegón
Para diseñar políticas públicas científicas es importante dar cuenta del estado en que se encuentra el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Con este tema en perspectiva, esta mañana el doctor Félix Moya-Anegón, fundador de Scimago, presentó los Principales Indicadores Cienciométricos y los Retos del Futuro, en conferencia magistral organizada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Concluido en 2018, el informe presentado por De Moya-Anegón es una representación de lo sucedido en el domino científico mexicano desde el punto de vista cienciométrico y muestra datos relevantes respecto de temas como, por citar algunos: el porcentaje de producción científica, el impacto tecnológico, la colaboración internacional o el acceso abierto al conocimiento.
Desde hace 20 años, México es el segundo país en producción científica de Latinoamérica y el 28 en el mundo. El impacto científico en el país ha ido creciendo de 2013 a 2018, por lo que el especialista aconsejó poner foco en las políticas públicas que hayan contribuido a esta alza, dijo el doctor De Moya-Anegón.
El especialista señaló que este impacto científico se ha estado dando de forma desigual en el país. En 2003, 55 por ciento de la producción científica se llevó a cabo en la Ciudad de México, 6 por ciento en Puebla y 4 por ciento en Nuevo León. Actualmente, la producción científica sigue centralizada en la capital nacional pero su impacto bajó a 45 por ciento: “El descenso de la Ciudad de México no se debe a una reducción de su aportación sino a un aumento de la producción de otra entidades federativas”, explicó el doctor de Moya. Sin embargo, también advirtió que es importante tomar en cuenta si estos nuevos porcentajes se deben o no a un aumento de capacidades de las entidades federativas o a programas colaborativos impulsados por la política pública: “Los centros de investigación juegan un papel significativo en esta distribución”.
Políticas públicas que apoyan programas como el acceso abierto a recursos de información a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt)o el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) demostraron ser efectivas, pero aconsejó sobre la importancia de normalizar los diferentes ritmos productivos en las diferentes áreas de la ciencia: “La política pública generalmente no toma en cuenta esto al momento de apoyar a una u otra área”.
Impacto en la política pública
Más adelante, el director de Scimago advirtió sobre la utilidad de tomar en cuenta las evidencias en diferentes dominios científicos porque, actualmente, en todo el mundo se ha puesto en duda la utilidad del destino de los recursos públicos: “No está claro que la inversión pública en ciencia contribuya al desarrollo socioeconómico, como vienen repitiendo investigadores reconocidos desde hace mucho tiempo”.
Agregó, las políticas públicas producen un efecto de arrastre en el resto de las políticas institucionales: “Se produce un efecto beneficioso sobre el sistema de ciencia y tecnología si los objetivos de la política pública son los correctos y las instituciones colaboran”.
Durante su mensaje de bienvenida y apertura de actividades, el director de la AMC, el doctor José Luis Morán, señaló en su carácter de anfitrión del evento que: “Este es un tema que debe de estar siempre presente, tener información sobre los avances e índices que nos marcan cómo estamos en relación a los diferentes parámetros de ciencia necesarios para tener una planeación en los próximos años”.
Julia Tagüeña, coordinadora general del FCCyT, dijo que estos indicadores cobran especial relevancia ahora que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) va a preparar el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (Peciti) y que se va a escribir una nueva ley de Ciencia, Tecnología e Innovación como consecuencia de que el derecho a la ciencia ha entrado al artículo 3 constitucional. “Estos indicadores nos dicen, con base a criterios internacionales, dónde estamos colocados cómo país y cuáles son los retos del futuro”.
Tras la presentación participaron como comentaristas del informe la doctora Cristina Puga, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCCPyS-UNAM); doctor Primo Alberto Calva, secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México (TecNM); el doctor Miguel Ángel Pérez Angón, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el doctor Mario Andrés de Leo-Winkler, director de Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la doctora Carmen Rodríguez Armenta, en representación del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro.
