Opinión

Autonomía / Debate electoral

En esta vorágine en la que nos hemos visto envueltos de más de cien iniciativas de reforma presentadas a nivel nacional en relación con la materia político-electoral, una de ellas habla de la desaparición de los institutos electorales locales, buscando, según su promotor y principal impulsor, un importante ahorro, que ascienda entre 6,500 y 9,000 millones de pesos, según recientes declaraciones a la revista Forbes.

De entrada ello resulta un escenario impactante. ¿Quién en su sano juicio diría “no” a tan importante ahorro? Sin embargo parte de premisas falsas. Por poner un ejemplo, el gasto durante el año 2019 de los 32 institutos locales electorales ascendió a 4,500 millones de pesos, eso considerando que en cinco entidades, como Aguascalientes, tuvimos elección, lo que necesariamente provocó más erogaciones. De entrada, pues, tal cifra que propone el legislador en su idea no es verdad. 

Ese supuesto ahorro no sería tal, porque la propuesta implica que desaparezcan los organismos públicos locales electorales, pero no las funciones que estos desarrollan en las entidades, en años con elección y también de manera permanente, es decir, en los años en que no hay elecciones. Esas funciones administrativas serían absorbidas por el Instituto Nacional Electoral.

Ha sido del conocimiento público que el INE se ha visto rebasado pues, tras la reforma más reciente en el año 2014, se le atribuyeron funciones legales que pusieron a prueba su máxima capacidad. La fiscalización de todos los candidatos en tiempo real o el monitoreo de todos los canales de televisión abierta para revisar que se cumpla la pauta programada de promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, son apenas dos de las funciones que realiza la autoridad nacional y que exigen un esfuerzo extraordinario, además de aquellas que desarrolla de manera habitual como la expedición de credenciales y la consecuente actualización del registro de electores de todo el país.

La iniciativa, entonces, propone que las funciones locales sean asumidas por el INE, que, para poder organizar las elecciones nacionales y locales, deberá ser fortalecida con mayor presupuesto, precisamente para contratar una estructura que realice esas nuevas obligaciones, haciendo con ello nugatorio el objetivo planteado desde el inicio.

Partiendo de un examen objetivo y minucioso, es posible identificar, de las normas que nos rigen, aquellas susceptibles de ser reformadas en beneficio del sistema electoral. Se ha cuestionado si los argumentos que se escuchan en contra de la desaparición de los institutos locales es una defensa a ultranza de la fuente de trabajo por parte de quienes, precisamente, participamos en ellos. Creo fervientemente que no es así (aunque no veo algo ilegal o inmoral en ello), en todo caso, la experiencia adquirida en los años de labor electoral nos han dado la posibilidad de prospectar escenarios.

El sistema electoral actual ni ha fracasado ni ha traído ingobernabilidad al país. Por el contrario, y en buena medida ha provocado el avance hacia la consolidación de la democracia, con todos sus bemoles. Insisto, la reforma no sólo es posible, sino necesaria en este periodo entre elecciones, pero siempre pensando en dar mayores y mejores herramientas a las instituciones que permitan potenciar el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía y la tutela de los mismos por las autoridades.

Una propuesta es la plena autonomía de los institutos locales, otorgándoles su financiamiento anual, atendiendo a una fórmula que brinde certeza sobre la cantidad que recibirá para su ejercicio, de una manera muy similar a lo que sucede con los partidos políticos. Las autoridades electorales nunca tendrán total capacidad de autogestión si año con año se enfrentan a factores externos que pueden llegar a incidir en sus presupuestos y con ello en la operación de los programas que desarrollan en el ejercicio de sus atribuciones.

La propuesta es pensada no en un ánimo de revanchismo contra la que enarbola la desaparición de estructuras. Como comencé diciendo, esa es apenas una de las cientos de propuestas que hasta ahora se han diseñado y se siguen haciendo en ejercicios públicos promovidos por la cámara de diputados y los organismos electorales. Simplemente la dejo para la reflexión en perspectiva de lo mucho que hay que hacer en la materia, si lo que de verdad queremos es fortalecer la democracia.

 

/LanderosIEE | @LanderosIEE

 

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Luis Fernando Landeros

Luis Fernando Landeros

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