Opinión

Ciencia ciudadana y justicia ambiental: de los megaproyectos en la Península de Yucatán a los árboles del semidesierto de Aguascalientes

Contrario a lo que se piensa comúnmente, la ciencia no es una actividad exclusiva de un grupo de extraños personajes enfundados siempre en batas y tras espesos pares de lentes que realizan extravagantes experimentos. No. La ciencia es una actividad que puede emprender cualquier persona que tenga la suficiente voluntad de hacerlo y la convicción suficiente para seguir el rigor metodológico.

La ciencia tampoco es algo que siempre se efectúe en oscuros laboratorios repletos de continuas reacciones químicas en incontables tubos de ensayo que resplandecen ante una miríada de luces provenientes de costosos tableros electrónicos: si se saben seleccionar las variables y los instrumentos y se cuenta con adecuada asesoría, la ciudadanía organizada puede recolectar datos valiosísimos que se pueden poner a disposición tanto de la comunidad académica como de otras personas legas con poderosos fines educativos y formativos en muchos niveles, pero también como útiles herramientas para luchar por la justicia ambiental y el futuro de comunidades, pueblos y países enteros.

¿Alguna vez ha pensado, por ejemplo, en un acuario como un instrumento de ciencia ciudadana? ¿Ha siquiera considerado que este “pasatiempo” pudiera devenir en estrategias ambientalistas y conservacionistas? La Dra. Elizabeth Marchio, interesada en esa actividad recreativa por haberla experimentado, realizó una investigación al respecto. Encontró, en congruencia con la literatura académica en la materia, que el “acuarismo” (como suele llamarse) está lejos de reducirse a la colección pasiva de elementos acuáticos: es una actividad desafiante que requiere una constante actualización en conocimientos y temas de biología, etología, física, química, ecología, estética y medicina, entre otras disciplinas científicas.

Pero los descubrimientos de la Dra. Marchio no quedaron ahí: la investigadora consiguió documentar cómo se formaban complejas redes sociales de intercambios de saberes y experiencias e, incluso, episodios clave e hitos en los que dichas comunidades, al informarse sobre peligros ambientales que pendían sobre ciertas especies o ecosistemas, se organizaban para promover y financiar la investigación científica y estrategias in situ de conservación. Además, identificaban la extracción y comercialización ilegal de especies amenazadas y, aun cuando eso significara perder la oportunidad de añadir a su colección valiosos y raros especímenes, optaban por la no siempre fácil y muy a menudo peligrosa denuncia, seguida por estrategias para impedir que el mercado fomentara dichas prácticas.

Pero ejemplos de ciencia ciudadana al servicio de la justicia ambiental también existen en nuestro país. Recientemente, tuve el agrado de ser invitado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A. C., y por el colectivo Geocomunes a la presentación de una herramienta de visualización cartográfica digital disponible en línea. La plataforma, al ser de libre acceso, permite, tanto a la ciudadanía de la Península de Yucatán como a cualquier persona en el mundo, conocer la situación y amenazas que viven las comunidades, pueblos, ciudades y ecosistemas de esa región del sureste mexicano. Las primeras personas que dieron su testimonio fueron Pedro Uc, Wilma Esquivel y Ángel Sulub, representantes indígenas que explicaron cómo sus pueblos han sido sistemáticamente despojados, vulnerados y expulsados por una visión de “crecimiento” que ni les consulta, ni les considera, ni les beneficia. El evento hubiese terminado como una presentación más de justas denuncias si no hubiera sido acompañado por una explicación y demostración del uso de la herramienta digital que, nutrida de información y cifras oficiales, mostraba una y otra vez, con datos duros, cómo las experiencias y vivencias relatadas por las participaciones iniciales obedecían a cuestiones estructurales de los sectores inmobiliario, turístico, agroindustrial y energético que, a lo largo de por lo menos tres décadas, han mermado la calidad de vida de las personas que habitan la Península y han deteriorado gravemente los ecosistemas que son patrimonio de la humanidad y de la comunidad de la vida en el planeta a la que pertenecemos. La plataforma puede ser visualizada en http://geocomunes.org/Visualizadores/PeninsulaYucatan/

En Aguascalientes también contamos con un ilustre ejemplo: el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) y el colectivo Núcleo Verde han desarrollado una plataforma denominada “Cuentárboles” que permite a la ciudadanía tanto registrar los árboles de Aguascalientes, como acceder a los resultados de dichas identificaciones un mapa digital. La herramienta no solamente se ha convertido en la plataforma de un censo forestal colectivo georreferenciado, sino que ha brindado la oportunidad para que personas del mencionado colectivo hayan controvertido públicamente datos oficiales sobre reubicación, reforestación y supervivencia de especímenes a partir de la información de la herramienta digital. La información ahí vertida se está convirtiendo, paulatina y colaborativamente, en una estrategia de ciencia ciudadana abierta que puede blandirse en pos de la justicia ambiental en el semidesierto hidrocálido. Visite: http://cuentarboles.org

La ciencia ciudadana y la justicia ambiental van frecuentemente de la mano por el simple principio de la histórica conjunción entre la información y el poder. El conocimiento científico empodera tanto a quien lo recibe como quien lo genera y lo comparte, por lo que la ciencia ciudadana tiende naturalmente a equilibrar diferencias de poder generadas y aprovechadas injustamente por administraciones gubernamentales, sociedades empresariales, o ciertas combinaciones de ambas. Aquí es donde termina mi texto, pero donde comienza el reto para usted: ¿qué tipo de ciencia ciudadana quiere emprender y qué clase de injusticia ambiental podría encarar con ella?

 

sergioreyesruiz@hotmail.com

 

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Sergio Reyes Ruiz

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