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Pendiente, el Programa Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes

  • Actual gobierno estatal y la CDHEA se olvidaron de este compromiso
  • Aguascalientes podría ser la única entidad sin Programa Estatal

 

 

Sigue pendiente la creación e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos al ser una responsabilidad no sólo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), sino también de las autoridades locales, al tratarse de un compromiso que se firmó en el 2005 y que sigue sin cumplirse.



Wilfrido Salazar Imamura, encargado del área jurídica del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), recordó que inclusive este compromiso no ha sido retomado por el ombudsman a año y medio de su elección, aunque tampoco por el Ejecutivo estatal, quien justo en agosto del 2017 se comprometió a impulsarlo de la mano con el entonces titular de la CDHEA, Luis Eduardo Martín Jáuregui; entonces Aguacalientes estaba entre las 21 entidades sin contar con dicho documento, a la llegada de J. Asunción Gutiérrez Padilla faltaban sólo tres, entre ellas esta demarcación que se mantiene en el mismo estatus, aunque se desconoce si las otras dos ya cuentan con el propio.

“El programa no es sólo una responsabilidad de la CDHEA, sino que es una responsabilidad del gobierno estatal para capacitar a todo su personal para que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de la ciudadanía, la Comisión interviene en un dado caso de violación”, explicó Salazar.

Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio, señaló que son las corporaciones policiacas, incluyendo la Fiscalía General del Estado, las dependencias donde más se vulneran los derechos humanos, además de que son omisos y revictimizan a las personas, también los procesos son muy tardados, al ser esta la principal queja de la ciudadanía, lo cual representa también una violación.

Expresó que en cuanto al Programa Estatal de Derechos Humanos están siendo omisos y negligentes, no sólo por parte de las instituciones que deberían estarlo encabezando, sino también de aquellas que se deberían articularlo, pues para su diseño es importante conocer las necesidades del estado en este tema.

Tras considerar que las violaciones a derechos humanos es un tema generalizado que detrás existen una serie de omisiones por parte de los servidores públicos y de los profesionistas que están en espacios a los que comúnmente acude la ciudadanía para acceder a su seguridad, al referirse a la diferentes corporaciones policiacas y a la Fiscalía, es cuando más se percibe la necesidad urgente del mencionado Programa.

En diciembre de 2005, el entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat y el secretario general de Gobierno, signaron, al igual que todas las entidades federativas del país, el compromiso de consolidar una política nacional en la materia, donde se asegurara, entre otros compromisos, la inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas locales, específicamente en lo referente a los principios de transversalidad, no discriminación y perspectiva de género; tres administraciones han pasado y este compromiso sigue estando pendiente para la ciudadanía aguascalentense.

Una publicación del blog de la Secretaría de Gobernación del 21 de septiembre del 2015 señala: “En la actualidad se cuenta con programas estatales en el Distrito Federal, Coahuila, Oaxaca y Jalisco; lo están desarrollando Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Yucatán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. A final de 2015 se espera que por lo menos diez estados cuenten con su programa en Derechos Humanos y el objetivo a 2018 es que la totalidad de las entidades federativas lo tengan formulado y lo estén implementando”. 

 

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Claudia Rodríguez Loera

Claudia Rodríguez Loera

Reportera en La Jornada Aguascalientes.

1 Comment

  1. Daniel
    31/07/2019 at 10:56 — Responder

    Las Comisiones estatales de Derechos Humanos no son responsables y no deben serlo, de los programas estatales en la materia, debido a que su función no es el diseño de políticas públicas, sino el supervisar que las mismas y las actuaciones de las autoridades sean respetuosas de los derechos fundamentales. En el indebido caso de que fuera asignada dicha responsabilidad a los organismos de protección de los estados e inclusive nacional, les resultaría aplicable la máxima jurídica de que no deben ser juez y parte. Por favor, más cuidado con este tipo de notas, porque propician la desinformación.

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