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viernes, diciembre 5, 2025

Aguascalientes, penúltimo lugar en presupuesto Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública

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  • En Aguascalientes, sólo los Poderes Judiciales contemplan y operan bajo los términos del Servicio Profesional de Carrera 
  • La Seguridad Pública y la Unidad de Medidas Cautelares no operan en la práctica del SPC, pues no hay información sobre su estatus en la ley 

 

Aguascalientes tiene el penúltimo puesto conforme al presupuesto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), analizado en el informe Hallazgos 2018, para cada entidad federativa. Conforme al avance FASP observado en el estudio que verifica la operatividad y eficiencia del Sistema Penal Acusatorio, para el 2018 fueron convenidos 9,039,943,659.32 pesos de los cuáles ya pagados se reportaron 8,548,941,614 pesos; 95 por ciento del recurso dispuesto. El 79 por ciento fue de aportación federal y el otro 21 por ciento de aportación estatal. 

El Estado de México y la Ciudad de México fueron las entidades federativas con más recurso del FASP para el 2018; 580 mdp (6.8 por ciento) y 512 mdp (6 por ciento). Aguascalientes dispuso de 134.1 mdp, siendo Michoacán el estado con menos aportación: 120.4 mdp (1.4 por ciento).

Dentro del FASP se tienen contemplados diez programas de prioridad nacional, aquí la distribución del recurso convenido ($8,548,941,614) para cada rubro: el 40. 2 por ciento fue para Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Oficial; el 15.9 por ciento en el Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; nueve por ciento para el Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; 7.9 por ciento al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 6.8 por ciento para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; 6.1 por ciento al Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; 5.4 por ciento en el Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; 3.7 por ciento por ciento a la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; 3.2 por ciento en el Desarrollo de Capacidades para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; sólo el 1.6 por ciento es para el Seguimiento y la Evaluación y, por último, 0.3 por ciento para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 

Para el programa de fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal se convino un recurso aproximado de 350 mdp (3.7 por ciento) con la siguiente distribución: 68.9 por ciento fue a su apartado homónimo, Sistema de Justicia Penal; el 9.2 por ciento al Modelo de Policía de Seguridad Procesal; 8.9 por ciento a las Unidades de Medidas Cautelares; 6.7 por ciento a Órganos especializados en MASC; y el último 6.3 por ciento a Asesorías Jurídicas de Víctimas. 

 

Servicio Profesional de Carrera (SPC):

El SPC es un mecanismo que regula la igualdad de oportunidades para el acceso a la Seguridad Pública, se contempla un reclutamiento, selección, ingreso, certificación, promoción, sanción, entre otros factores. 

En Aguascalientes sólo los Poderes Judiciales contemplan y operan bajo los términos del SPC; las Fiscalías y Procuradurías, Defensorías Públicas, Asesoría de Víctimas y el Sistema Penitenciario también lo tienen contemplado por lo ley, pero no lo operan; la Seguridad Pública y la Unidad de Medidas Cautelares no operan en la práctica, pues no hay información sobre su estatus en la ley. 

La Fiscalía del estado reporta las siguientes capacidades que sí presenta: tiene un manual de organización y operación; modelo de gestión de casos; mecanismos de colaboración (interinstitucional); sistema de registro y procesamiento de la información y protocolos para tratamiento de restos humanos y cadáveres. 

La Fiscalía de Aguascalientes aparece con información no disponible respecto a si cuenta o no con los siguientes esquemas: un sistema de información y registro que genera información estadística; indicadores para el seguimiento, monitoreo o evaluación, o con una base de datos o registro de información genética, siendo una de las cuatro entidades (de las 29 analizadas para el rubro por el estudio Hallazgos 2018) en el país que no reporta información de esta última facultad.

 

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