- El caso de Susana Zavala: durante ocho años pidió información sobre el masacre San Fernando en Tamaulipas con respuesta negativa
- Cuando por fin se dio el visto bueno de su requisición el costo de la solicitud era de 1 millón 423 mil 774 pesos, lo cual seguía siendo un no disfrazado.
Article 19 es una asociación independiente fundada en Reino Unido con el motivo de promover los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información de todas las personas. Se nombró con base en el artículo décimo noveno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla precisamente de la libertad de opinión, así como de la búsqueda y difusión de la información.
En México, el derecho a la información ha sido violentado por el mismo gobierno al negar la misma o aplazarla. Tal es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que a partir del 2014 dejó de brindar fácil acceso a la información argumentando que no eran sus atribuciones, sino de la Procuraduría General de la República (PGR). Así lo comenta Carlos Dorantes, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y oficial del programa de derecho a la información de Article 19. Complementa diciendo que hay una malinterpretación por parte de las instituciones cuando se les hace la requisición de información pues ésta no es requisitada sólo para criticar, sino que va más allá de eso.
Resalta dos puntos importantes en relación a la obtención de información: el primero es que, como lo comentó en la presentación del libro La tropa. Por que mata un soldado, se pueden reconstruir indicadores de cualquier índole para el beneficio del conocimiento de la sociedad. En el caso de Sedena, se podría reconocer el índice de letalidad (número de muertos por heridos). El segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y del estado en sí gracias a la transparencia, pues de ésta podrían partir mecanismos de evaluación de políticas públicas a favor de todos.
En el caso particular de la Sedena, su nivel de opacidad se reduce a respuestas como “información inexistente” para solicitudes de estadísticas de enfrentamientos, según explica Carlos Dorantes. Expone una de las situaciones expuestas en el foro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) el pasado 27 de agosto, en la que se discutió el suceso de la masacre en San Fernando, Tamaulipas (de la que todavía a la fecha no se tiene conocimiento mayor en lo ocurrido), donde por más de ocho años la periodista Susana Zavala estuvo pidiendo información del atentado sin éxito. Recientemente, cuando la fiscalía le dio el visto bueno, el costo de la solicitud con copias certificadas era de 1 millón 423 mil 774 pesos, lo cual también es una violencia al derecho a la información en sí misma, pues para la periodista la respuesta se convirtió de nuevo en un no.
El académico comenta que por parte de Article 19 se han acudido a los recursos de revisiones con razón de no obtener lo solicitado a la Sedena; el pleno aprueba, pero luego se detiene en la dirección general de cumplimientos del Inai, y es cuando se tiene que recurrir al amparo. Ese es el caso de tan sólo una institución que, de hecho, con base en la Ley General de Transparencia, está obligada a otorgar información cuando menos en su versión pública.
