Opinión

Historia esquizofrénica jurídica mexicana / Sobre hombros de gigantes

A Maquiavelo le atribuyen la frase de que “todo aquel que desee saber qué ocurrirá, debe examinar qué ha ocurrido: todas las cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la Antigüedad”. Sea o no de él la frase, tiene mucho sentido, ya que olvidar implica repetir. A partir de la Revolución Francesa en 1789, se denunció el carácter despótico de la actuación de las autoridades contra sus ciudadanos, y la violación grave de derechos atribuida al procedimiento penal de su tiempo. El movimiento libertador francés reimplementó el proceso penal acusatorio, pues existía desde los modelos griego y romano, y no tardó mucho para que los defensores del anterior modelo inquisitivo gritaran que la impunidad y la delincuencia era producto del cambio del cambio de sistema, no de las condiciones de desigualdad social, por lo que debía reformarse la ley. 

Poco tiempo después, y con el auge de las ciencias naturales, la naturaleza biológica del ser humano resultó ser la culpable de que existiera delincuencia (Lombroso y seguidores en siglos pasados), por lo que el Estado no tenía culpa de esa realidad, y sólo debía regularla para limitarla. En palabras de Antonio Gramsci “…una vez más la ‘ciencia’ servía para humillar a los miserables y a los explotados…”. Dando un gran salto en la historia, antes de que se implementara el Sistema Penal Acusatorio en México, la culpa de la delincuencia la tenían las leyes del anterior sistema penal, por lo que se dieron reformas legales en los años 30, 70, 80, 90 y 2000 en adelante. 

De lo poco que sé, dentro de los trastornos mentales donde se pierde el contacto con la realidad y se viven realidades alternativas al mismo tiempo que las objetivas, se encuentra la esquizofrenia, que etimológicamente tiene raíz griega que significa mente dividida; algo así como dos en uno. ¿Pasará esto en el sistema jurídico de nuestro país?, pues tenemos leyes que se contradicen entre sí; establecen formas aparentes de protección de derechos, e inmediatamente después se detecta que la misma norma permite afectarlos indebidamente. Como dicen una cosa dicen otra.

Y sobre eso, estos últimos días hemos visto varias declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha indicado que algunas leyes locales y acciones interpuestas por legisladores, van en contra de los derechos humanos y fundamentales de las personas. A la par, se crea una Ley de Extinción de Dominio, copiada de previas normas inconstitucionales y sin tomar en cuenta la opinión de los Estados, que hasta cierto punto ponen en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, y regula situaciones absurdas como probar lo que no existe. La cuestión es que la misma Suprema Corte ya se había pronunciado sobre la ilegalidad de ese tipo de normas, y a pesar de eso los Legisladores no tomaron en cuenta esas decisiones aunque estaban obligados a hacerlo; ¿sabrán que si una autoridad legislativa crea leyes que luego son declaradas inconstitucionales, han cometido un delito?

Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces ha enmendado la plana a las autoridades mexicanas y explicándoles que los sistemas de creación normativa, procuración e impartición de justicia, no son sistemas de autómatas que apliquen la ley y no puedan ver más allá de sus narices; sino que son sistemas de protección de derechos humanos de todos aquellos que estamos en suelo mexicano. A pesar de lo anterior, seguimos viendo como las leyes siguen siendo producto de escritorio, y no del contacto directo con la realidad, o por lo menos volteando los ojos hacia otro lado al momento de crearlas. En lugar de crear normas que obliguen a las autoridades a cumplir con sus funciones constitucionales de protección y satisfacción de derechos humanos y fundamentales, se siguen aprobando leyes que lentamente van destruyendo el modelo de garantías, y siguen manteniendo un sistema inquisitivo disfrazándolo de benignidad. 

Si crear leyes resolviera el problema de violencia, hace siglos que no existiría. Si las leyes fueran preventivas, nunca hablaríamos de criminalidad. Pero es más sencillo creer que con las leyes se resuelven los problemas, en vez de atender los verdaderos problemas. Después de modificar y modificar la Constitución Federal, las nuevas normas tratan de echar por la borda el modelo de protección de derechos recreado en la reforma del 2011. Esperemos que se retome el rumbo; de lo contrario, ¿de qué sirvió tanto gasto en la implementación del nuevo modelo de Justicia en México?…

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José Luis Eloy Morales Brand

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