- Ratificación de la 046 recuerda al IMSS, Issste e Issea que deben acatar la ley
- Para las instancias de salud es ya inexcusable no contar en sus instalaciones con médicos y personal no objetor de conciencia
Para la activista Marcela Martínez Roaro, los diputados de LXII Legislatura hicieron lo correcto en cuanto a acudir al organismo máximo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea ella la que señale si les asiste o no la razón, en lugar de tratar de incluir la protección del derecho a la vida en la Constitución estatal: “El derecho ha hablado, no hay nada más que discutir; les están diciendo que la Norma 046 está amparada constitucionalmente”.
La ratificación de la NOM 046 por parte de la SCJN es un avance para la despenalización del aborto, señaló la coordinadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (Cecadec).
La defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres consideró que la SCJN demuestra con este tipo de resoluciones un alto nivel de tolerancia y conmiseración, a diferencia de los legisladores de ésta y otras entidades sobre la necesidad de entender a las mujeres y que el camino no es la sanción ni la criminalización, ya que los resultados siguen siendo los mismos: ellas siguen abortando en la clandestinidad a costa de su propia vida.
Al recordar que fue la LXII Legislatura la que promovió la controversia constitucional, la activista señaló que si bien por un lado se les puede reprochar la realización de un acto en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por el otro celebró que fuera a través de la SCJN la opción que tomaron y no el tratar de incluir la “protección del derecho a la vida” en la Constitución estatal.
“Ése es el camino, me parece que siguieron el camino correcto: ir por la vía Constitucional, al organismo máximo que es la SCJN y que sea ella la que señale si les asiste o no la razón. El derecho ha hablado, no hay nada más que discutir; les están diciendo que la Norma 046 está amparada por la Constitución. Qué bueno que lo hicieron y festejamos la respuesta de la Suprema Corte”, expresó la activista.
Después de esta resolución, ni Baja California ni Aguascalientes tendrán ahora algo que alegar para dar cumplimiento y acatar la ley, al representar un elemento de mayor exigencia para las instancias de salud pública, ya sea IMSS, Issste e Issea, y decirles que la SCJN les recuerda en qué consiste y que están obligados a cumplirla más allá de las creencias religiosa personales, subrayó la también abogada.
Marcela Martínez Roaro recalcó que para las instancias de salud es ya inexcusable no contar en sus instalaciones con médicos y personal no objetor de conciencia, al no ser esto un pretexto para no cumplir la ley al tratarse de funcionarios públicos y de una orden federal que los obliga a interrumpir el embarazo de las víctimas de violación.
