Opinión

Seguridad y consumo de drogas / El peso de las razones

En su columna del día de hoy en este diario, Alejandro Vázquez Zúñiga atiende a una de las últimas declaraciones del presidente, en la cual hace un llamado a la población para estigmatizar el consumo de drogas y considerarlo similar de manera relevante al caso de la corrupción. Alejandro acierta, al menos, en dos aspectos de su diagnóstico: debemos comprender las declaraciones del presidente López en el contexto de la moralización de la vida pública que el Gobierno Federal busca llevar a cabo, y también en que lo que se pretende es dejar la responsabilidad y la posible solución de un problema público en manos de la ciudadanía y no de las instituciones del Estado. Coincido con Alejandro en que ambas implicaciones de la declaración son, cuando menos, un despropósito, y temo que su declaración también implica un abandono de las promesas de campaña en las cuales el presidente abogó por un cambio sustancial en la política de seguridad y de combate a las drogas.

En lo que sigue me gustaría ampliar la evaluación del cambio de políticas públicas que el presidente busca implementar y señalar al menos algunas consecuencias negativas adicionales.

En primer lugar, la analogía del presidente es inadecuada bajo cualquier interpretación posible. Resulta escandaloso pensar que existe un aspecto relevante que permita analogar el consumo de drogas a la corrupción. 



De entrada, si consideramos en un extremo un caso de consumo adictivo, resulta complejo asignar el mismo tipo de responsabilidad moral a alguien que saca provecho personal de un cargo público (o privado, según una definición más amplia de ‘corrupción’), de alguien que carece de la capacidad de control necesario para atender su adicción. En ambos casos es posible atribuir responsabilidad, pero no del mismo modo. Adicionalmente, desde una óptica pública, no es posible considerar similares de manera relevante a una conducta delictiva y a un problema de salud pública. 

Ahora bien, en el otro extremo la analogía hace agua: el consumo ocasional y recreativo de alguna droga (pensemos principalmente en la mariguana) no debería ser susceptible de consideraciones legales ni morales, a diferencia de, incluso, la conducta más trivialmente corrupta. 

Los casos grises en medio de estos extremos son mucho más claros y señalan el aspecto en el cual la declaración del presidente es un ataque indebido, del que debería recular, a la libertad de los individuos de perseguir su idea de una buena vida sin intromisiones indebidas del Estado. Así, cualquier persona -las liberales en mayor grado- que considere la libertad individual un valor central que el Estado debe proteger, considerará que la declaración del presidente López excede sus atribuciones. El presidente debería ser neutral con respecto a la libertad de conciencia de cada uno de sus gobernados. Esto implica que cualquier apreciación estrictamente moral queda fuera de las atribuciones de la investidura presidencial. Al igual que José Mujica cuando era presidente de Uruguay, Andrés Manuel López tiende a sermonear a la población. Le gusta más la sotana que la banda presidencial. Podemos estar de acuerdo o en contra de la manera en la que él concibe la vida, pero no hay razón para que el presidente favorezca una forma de vivir por encima de otra. El consumo de drogas -responsable o irresponsable- debería estar protegido por los márgenes de la libertad de cada individuo.

Dicho lo anterior, creo que es posible ir un poco más lejos. Como bien señala Alejandro en su columna, remitirnos a la primera (y todavía socorrida) teoría de la virtud y el vicio puede sernos de mucha ayuda. Aristóteles modeló las virtudes y los vicios (con excepción de la justicia y sus excesos y defectos) a partir de la regla del justo medio. Para el naturalista griego, esta regla general siempre es relativa al contexto. Me explico. Beber una cerveza puede ser vicioso dependiendo el contexto en el que se haga. Si uno va a usar el automóvil, es preferible no beber en absoluto. Pero beber, incluso con frugalidad, en un contexto apropiado puede no ser vicioso. El consumo, per se, y fuera de un contexto, no debe ni puede ser considerado un vicio. El presidente López, por el contrario, lo que busca es considerar el consumo de drogas, fuera de cualquier contexto que otorgue sentido a la evaluación, siempre como un vicio. En otras palabras, el presidente no sólo busca moralizar la vida pública, lo cual es un despropósito, sino que su particular teoría moral es harto cuestionable. Así, el presidente López no es ni un buen gobernante, pues su ataque a la libertad de conciencia puede minar uno de los pilares de nuestra democracia liberal, ni es un buen moralista, pues su puritana concepción del vicio lo delata.

En adición a estas consideraciones estrictamente teóricas y conceptuales, el Programa Política de Drogas del CIDE Región Centro -en el que colaboran, entre otros investigadores, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo y Angélica Ospina-Escobar- ha señalado a partir de datos y evidencia (los únicos datos y evidencia, y no los “datos y evidencia” que construye el presidente al contentillo), que una política que combata el consumo de drogas y no busque su regulación no impactará significativamente en la escalada de violencia que vive México. Anterior a la declaración del presidente en la que me he detenido, Andrés Manuel López ya ha señalado que el problema de violencia de nuestro país se debería afrontar mediante el combate al consumo. Éste es, quizá, un despropósito aun peor que su consideración del consumo como un vicio. 

 

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Mario Gensollen

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