Una de las conclusiones que nos deja la más reciente de las reformas en materia electoral, a cinco años ya de su ejecución, es que el sistema funciona… y funciona precisamente como un sistema. Me quiero referir, en un inicio, a que nadie dijo que sería fácil la implementación de una reforma; es más, nadie dice que ahora sea fácil llevar a cabo una pretendida reforma en la materia, básicamente porque cualquier modificación a una de las partes del contenido, al estar interconectados todos sus elementos, necesariamente trastocará al continente.
Un elemento de la reforma 2014 fue la homologación de los calendarios electorales nacional y locales. Con la razón esgrimida de que había estados de la República, como el nuestro, en donde tras un año con elecciones federales, seguía uno con elecciones locales, se creyó buena idea la de establecer el primer domingo de junio de cada tres años como el día en el que los ciudadanos acudamos a las urnas a elegir a todas nuestras autoridades, sin importar que sean nacionales y estatales en un mismo espacio.
En un principio se habló de que eso abarataría los costos del sistema electoral, aunque hubo quienes -y me incluyo- que no compraron ese argumento por falaz. Particularmente creo que el beneficio que se obtuvo fue operativo, dado que ahora se trabaja una casilla única. Sin embargo, como lo comentaba anteriormente, el sólo hecho de modificar los calendarios provocó que se ajustaran los plazos de las actividades que componen las agendas electorales.
Así, en Aguascalientes, no solamente tuvimos dos procesos electorales consecutivos, uno que coincidió con las elecciones federales, por el cual elegimos sólo diputaciones locales, además de la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, y otro que es el que se encuentra en vísperas de terminar en el que renovamos los ayuntamientos; sino que, por virtud de esos ajustes en las agendas, nos vimos en circunstancias extraordinarias como que, por poner un par de ejemplos, tuviéramos candidatos ya registrados que no pudieron empezar campañas sino un mes después de que adquirieron la categoría, o que los periodos para los cuales fueron electas las autoridades se redujeran de los tradicionales 3 y 6 años.
Esta semana, se difundió en los medios de comunicación que la autoridad electoral local había devuelto a un partido político local su registro, como si de una concesión graciosa se tratara, a pesar de que la votación que había obtenido en la elección de Ayuntamiento fue apenas superior al medio punto porcentual. En realidad, ninguno de los institutos políticos locales, de reciente creación gracias a la misma modificación normativa a que me refiero, ha perdido su registro. La razón es que la norma constitucional de la que parte la reforma establece que para definir el 3% de la votación válida, para considerar su permanencia, debe ser emitida en la elección de diputaciones locales o de gubernatura. En ninguno de ambos casos ha participado un partido local.
No es que se quiera entrar en polémica. La autoridad está llamada a la obediencia a la ley en un estado de derecho. Lo que está tratando de hacerse desde el Instituto Estatal Electoral es sentar las bases de quienes participarían, en un momento dado, en la misión que tiene de distribuir el financiamiento público a que, desde luego, también está obligada. Hacerlo desde ahora permitirá que si hubiera partidos políticos que no estén de acuerdo con el criterio de la autoridad administrativa, sometan al conocimiento de las autoridades jurisdiccionales sus razones en contra de la medida, y que sea entonces brindada, tras la resolución, la certeza que requieren los institutos políticos de saber cuánto recibirán de recursos públicos, y la que requiere la ciudadanía de que esos recursos sean gastados para lo que son destinados.
Por último, me gustaría mencionar que el que un partido se coloque en el supuesto de conservar o perder su registro, no incide en la cantidad de dinero público que por ley se debe distribuir entre los partidos, sino que afecta a las porciones que los partidos obtienen, es decir, dado que el financiamiento público se obtiene de una operación aritmética, entre más partidos existan, menos dinero les corresponde y viceversa, si existieran menos partidos políticos, a los que subsistan les tocará más presupuesto.
Insisto, no es que las reformas estén mal planeadas o ejecutadas, sino que, al regirnos por un sistema electoral, la afectación a uno de sus componentes, de alguna u otra manera se extiende a los demás, por lo que será muy importante que, de decidirse una nueva reforma electoral, se analicen todas las implicaciones que una modificación, por simple que parezca, puede acarrear.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
