Por mandato judicial el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó las dos bases de datos de créditos fiscales cancelados y condonados registrados entre todo el sexenio de Felipe Calderón y la mitad de la gestión de Enrique Peña Nieto periodos en el que suman 1 billón 88 mil 400 millones a precios actualizados a 2019.
A esta cantidad habría que sumar el monto de 201 grandes contribuyentes que se ampararon y cuyo proceso sigue en curso y que totaliza 273 mil 700 millones de pesos también a precios de este año.
Lo anterior, informaron la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat y la directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis Hydeé Pérez Garrido quienes señalaron que este resultado se dio después de diez años de litigios para hacer pública la información que comprende desde el 1 de enero de 2017 al 4 de mayo de 2015.
Los informes liberados precisan que en el caso de las condonaciones se beneficiaron a 7 mil 884 contribuyentes con un total de 9 mil 941 créditos por un monto de 172 mil 300 millones de pesos y en precios de 2019, ascienden a 247 mil 600 millones de pesos.
Por su parte, los créditos cancelados sumaron 21 mil 708 que en su momento representaron 9 mil 132 millones 572 pesos con precios actuales de 814 mil 700 millones de pesos.
La directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis Asociación Civil, Hydeé Pérez Garrido explico que un crédito fiscal cancelado se encuentra en pausa para ser cobrado por la autoridad fiscal y un crédito condonado “es un perdón fiscal “. Detalló que lo que se encontró es que hay na concentración importante de montos muy grandes en pocas personas físicas y morales.
A su vez, Margarita Ríos Farjat aseveró que la condonación fiscal no se debe ocultar porque genera diferencias y competencias desleales entre los contribuyentes.
Señaló que los impuestos son recursos económicos entonces se requiere transparencia cuando se gastan y cuando se dejan de percibir. “Consideramos que es legitimo que si un contribuyente no pago sus contribuciones el causante que si pago sus impuesto tiene el derecho a conocer por qué no pago y en qué condiciones se permitió eso”.
Con información de La Jornada
