Carta al Congreso del Estado de Aguascalientes / El Foro - LJA Aguascalientes
29/09/2022

Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura.

El pasado 24 de octubre, uno de ustedes, el diputado Guillermo Alaniz, presentó una iniciativa a través de la cual pretende reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después de una pobrísima y descontextualizada exposición de motivos, se advierte que dicha iniciativa se centra básicamente en tres puntos:

  1. a) Modificar la conformación de su Junta de Gobierno.
  2. b) Retirar al Consejo Universitario la facultad de nombrar al Contralor Universitario, para que dicho funcionario (o un equivalente) sea nombrado por el Congreso del Estado.
  3. c) Que los 7 Directores Generales de la Universidad, puedan ser nombrados sin limitación de tener pertenencia a la misma.

En esta carta quisiera explicarles las razones por las que esta reforma es, de hecho, una transgresión a la autonomía y las consideraciones por las que estimo que el aprobar esta iniciativa los haría quedar muy mal ante la comunidad universitaria, ante sus egresados y ante la opinión pública en general.

En el caso de las Universidades Públicas, debe entenderse por autonomía, el derecho de las instituciones de educación superior por virtud del cual reclaman frente al poder del Estado y frente a los poderes sociales, de mercado, económicos, religiosos y políticos, todo el ámbito de autogobierno necesario para el logro de sus fines, es decir, total libertad e independencia para la investigación, la difusión del conocimiento, la formación de profesionistas, académicos y la producción de ciencia, fundados en el humanismo. Quisiera que tuvieran presente este concepto. Ahora abundaré en los tres puntos torales de la iniciativa que tendrán en sus manos en los próximos días.

Inciso a) Modificación de la conformación de la Junta de Gobierno.

En su iniciativa, proponen modificar la estructura de la Junta de Gobierno de la Universidad para que pase de conformarse por 9 miembros, todos parte de la comunidad universitaria (profesores), a un modelo también de 9 miembros pero en el que solamente 3 de ellos pertenezcan a la universidad, permitiendo que los otros 6 sean externos. 

Por si alguno de ustedes no tiene clara la relevancia de la Junta de Gobierno, explico. En algunas universidades, las autoridades son elegidas por voto directo de la comunidad universitaria, en otras no hay proceso de votación y las autoridades son nombradas por un Consejo Universitario o una Junta de Gobierno. En el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se cuenta con un sistema de elección mixto, lo que significa que tanto la comunidad universitaria como una Junta de Gobierno intervienen en la elección de las autoridades a efecto de que la rectoría no se convierta en un concurso de popularidad -que se gane solo con votos- o en una Secretaría más del gobernador en turno -que se designe por dedazo-. La Junta de Gobierno tiene como función elegir al Rector de entre la terna que por votación resulte de un proceso electoral entre universitarios. Esto hace natural que los miembros de la Junta de Gobierno, sean a su vez miembros de la comunidad, profesores que conozcan por dentro la institución y que elijan con prudencia y al margen de cualquier interés externo, quien habrá de dirigirla.

Desde luego que proponer que al Rector de la UAA lo nombrarán 6 personajes externos a la misma, suena muy mal. De hecho, es un acto que carece de sutileza. Básicamente su iniciativa es una manifestación clara de que ustedes (o el partido mayoritario, o alguno de sus familiares) quieren designar a nuevos miembros de la Junta para que designen al Rector que ustedes deseen imponer, al margen de la comunidad universitaria. El argumento de ciudadanizar a la universidad es inverosímil: primero porque para eso existe el Patronato Universitario y segundo porque la Junta de Gobierno tiene una función de gobernabilidad interna.

¿Qué hay detrás de esto? Bastante. Veamos un poco de historia.


En 1997 y 1998, en la UAA pasó algo similar. Los nombres los guarda la historia. El entonces Gobernador, Otto Granados, con el ánimo de evitar la reelección del entonces Rector Felipe Martínez Rizo, operó en el Congreso del Estado -con la intervención de Javier Aguilera, entonces diputado local y de Daniel Gutiérrez Castorena, entonces líder de la Aciuaa-, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica a fin de cambiar la estructura universitaria, modificando los artículos relacionados con la gobernabilidad de la institución para alterar el número de miembros que integrarían la Junta de Gobierno y el de los integrantes del Consejo Universitario. En otras palabras, la modificación de la Ley Orgánica cambió las relaciones de poder, dando mayores privilegios a quienes alentaron la reforma y menos fuerza a quienes la rechazaron. 

Cambiaron la Ley para tener una Junta a modo para que el poder político (el gobernador), designara al Rector que quería. Parece que la historia se repite, aunque con otros actores e intereses. Aquí, posiblemente ni el gobernador esté enterado (¿qué opinará?). En fin, violación evidente a la autonomía. No veo necesidad de abundar.

Inciso b) Retirar al Consejo Universitario la facultad de nombrar al Contralor Universitario, para que dicho funcionario (o un equivalente) sea nombrado por el Congreso del Estado.

Es aquí quizá donde se pretenda centrar el debate de los técnicos. ¿El Contralor Universitario debe ser nombrado por el Consejo Universitario o por el Congreso? Para empezar, quiero partir de una premisa: ninguno de los dos mecanismos de nombramiento garantiza ni la probidad ni la capacidad técnica de quien sea nombrado. Pretender argumentar que nombrar al Contralor Universitario desde el Congreso del Estado evitará corrupción o algo similar, no es válido. Tenemos, por decir solo un ejemplo, extitulares del Órgano Superior de Fiscalización (nombrado por el congreso para cuidar el dinero público), con varios procesos penales y administrativos fincados en su contra por presuntos actos de corrupción.

Hay que aclarar algo: autonomía no equivale a opacidad. Desde luego que se estima que las universidades autónomas, al recibir recursos públicos, deben ser escrutadas y auditadas. Pero es que esto ya sucede. La UAA es objeto de auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, de la Contraloría del Estado, de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria. Sus funcionarios son sujetos de responsabilidad administrativa. Es decir, la Universidad no pretende esconderse detrás de la autonomía para incumplir la ley, sino que ya la cumple. 

Tratar de imponerle un Contralor, a través de un nombramiento político desde el Congreso es una violación a la autonomía. Pondría en riesgo su autogestión. No lo digo solo yo, lo dice la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recientemente declaró que artículos similares de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, violaban los principios de autonomía y autogobierno (véase criterio con número de identificación 2019286).

La Universidad cumple ya con las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas al contar con un Órgano de Control Interno (Contralor Universitario). Ustedes, el Congreso, designan a los órganos de control interno de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (por eso nombraron al del IEE, al del ITEA y al de la CEDH), pero la UAA no es un órgano constitucionalmente autónomo, es un organismo público descentralizado, dotado de autonomía. Esto es algo diferente. 

Tan fácil como esto: la UAA recibe recursos federales y estatales. Un Contralor designado por un congreso local, sencillamente, no podría auditar ni controlar el ejercicio de recursos federales. Espero lo tengan claro.

Inciso c) Que los 7 Directores Generales de la Universidad puedan ser nombrados sin limitación de tener pertenencia a la Universidad.

Por último, en la iniciativa se pretende que los Directores Generales de la Universidad no tengan que ser parte de la comunidad universitaria (profesores). Supongo que ustedes desconocen incluso el nombre de las direcciones generales de la UAA pero ¿acaso un externo podrá operar con éxito la Dirección General de Servicios Educativos?, ¿Acaso uno de sus amigos de la clase política tendrá idea de cómo mejorar los indicadores de eficiencia terminal desde la Dirección General de Docencia de Pregrado? Aunque bueno, de seguro más de uno de sus conocidos querría tomar entre manos la Dirección de Finanzas, para hacer lo que la clase política, de cualquier color, hace con cualquier arca pública de cualquier latitud: saquearla. Para eso quieren, quizá, un Contralor nombrado por ustedes, para encubrir los saqueos. 

¿Creen que en la UAA hay corrupción? Tiene ahí al OSFAGS, a la Contraloría del Estado, al Instituto de Transparencia del Estado, al Sistema Estatal Anticorrupción. Investíguenla. Audítenla. Si encuentran corrupción, que se castigue. Pero no pretendan destruir su autonomía. 

La Universidad de la que egresé, la que me dio todo, en la que quiero que estudien mis hijos, no va a ser su caja chica, ni el refugio de políticos venidos a menos. La Máxima Casa de Estudios es un ente académico, no político.

Por último quisiera comunicarles que la percepción de buena parte de la sociedad en torno a su iniciativa podría reducirse a dos palabras: mala fe. Ustedes, diputadas y diputados, de aprobar esta iniciativa, estarían actuando de mala fe puesto que no tuvieron ni la mínima cortesía política de involucrar a la Universidad en una reforma que modifica todo su entramado. Modificar el gobierno de la Máxima Casa de Estudios -en pleno proceso de renovación de autoridades- sin siquiera consultarla es, per se, una transgresión al principio de autonomía, un ataque frontal a la última trinchera de la razón, en una era donde el pensamiento crítico y riguroso parece haber quedado sin morada.

Nada más vergonzoso que ver a un hombre ensuciar la fuente de donde ha bebido, decía ayer el notario Juan Pérez Talamantes. Cuánta razón. Me antoja la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes, diputadas y diputados de la presente legislatura estudiaron en la UAA?, ¿cuántos de ustedes serían diputados si no hubieran estudiado ahí? 

Le deben a la Universidad gran parte de lo que son. Después de todo lo que la Universidad les ha dado ¿así van a pagarle?

Dijo una vez don Humberto Martínez de León, Rector Fundador de la Máxima Casa de Estudios: “la historia todo lo recoge; y es implacable en sus juicios”. Esto es verdad. Están muy a tiempo de elegir el lugar que ocuparán en la historia. Están a tiempo de retirar la iniciativa y los universitarios, los egresados y la sociedad pasaremos por alto este tropiezo. Confío en que imperará el buen juicio, la razón y que preservarán la autonomía de la Universidad a la que recientemente ustedes -qué cosas- le dieron el título de “Benemérita”.

 


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