Opinión

Corrupción y política, en el gobierno de la 4aT/ Bravuconadas

En la semana que concluyó el pasado 11 de octubre, varios hechos se sucedieron en el escenario político nacional, relacionados a las acciones emprendidas por distintos actores del gobierno lopezobradorista de la Cuarta Transformación, relativos a la estrategia del combate a la corrupción en el ámbito de las altos niveles de los gobiernos de las administraciones anteriores, señaladamente, en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), donde se ha recargado el interés de los éticos funcionarios de la cruzada morenista de la lucha contra la corrupción de los servidores públicos.

Curiosamente, y a pesar de la intensa y furibunda persecución a los funcionarios calderonistas, los procesos abiertos acompañados de acciones concretas se han centrado en excolaboradores de otro presidente, sí, de Enrique Peña Nieto, particularmente con el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quién se le ha señalado como responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, destacando el asunto de la venta de la empresa Agro Nitrogenados, según carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, dirigida por Gertz Manero, proceso del cual está amparado por la justicia federal y que, sin embargo, la misma hoy, lo considera prófugo. Este proceso alcanzó a involucrar a la propia esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, y a la mamá Gilda Margarita Austin.

Otro personaje sonado en este combate contra la corrupción lo representa el proceso abierto contra Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y de la Sedatu, también con Peña Nieto, a principio del mes de agosto pasado, acusada del delito de uso indebido del servicio público, y al que popularmente se le reconoce como “La estafa maestra”, por un monto de miles de millones de pesos. Este asunto involucra a una decena de dependencias federales y a otro tanto de funcionarios públicos que de una manera u otra se vieron relacionados con estos turbios manejos y desvíos de recursos públicos en detrimento del patrimonio del Estado mexicano, pero que hasta la fecha no se ha desdoblado, al menos públicamente, hacia otros personajes del último gobierno priísta.



Un mes antes, el 10 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo al abogado Juan Collado Mocelo, también acusado de delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita derivado de la compra venta, presuntamente simulada, de la Caja Libertad, y recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Junto a este caso se han vinculado a dos socios del despacho de Collado, bajo la misma acusación, a José Antonio “N” y a José Antonio “N”. Pero ¿quién es Juan Collado? Este abogado llevó el divorcio de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera, y defendió al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, según información de la revista Proceso. En esa misma línea informativa, a Collado Mocelo se le relaciona con la defensa de exgobernadores caídos en desgracia como Roberto Borge Angulo de Quinta Roo, y Eugenio Hernández Flores de Tamaulipas. También ha representado a Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lavado de dinero y al exgobernador Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo. Lo que queda claro es que este caso tiende vínculos a prácticamente toda la élite de la clase política priísta en desgracia.

El pasado 8 de octubre, al magistrado Eduardo Medina Mora Icaza, el Senado de la República aceptó su renuncia al cargo que los propios senadores le habían conferido en marzo del 2015. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la renuncia a la magistratura sólo se puede presentar por causas de fuerza mayor y Medina Mora, sin dar mayores explicaciones a la soberanía de la Cámara Alta del país, simplemente dio un paso lateral, dejando un espacio en el máximo Sala de Justicia de la Nación. A partir de una investigación periodística de Salvador García Soto de El Universal, en la cual denuncia una serie de transferencias bancarias en México y el extranjero, desató una investigación, esta de índole fiscal, por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), encabezada por Santiago Nieto. Sin embargo, el proceso adyacente a la renuncia tiene una serie de eventos curiosos, por llamarlos de alguna manera. El 3 de octubre, previa a la presentación de la renuncia del magistrado, de la UIF se despacha un requerimiento (110/F/B/5182/2109) con el que se solicitaba a la CNBV bloquear las cuentas de 11 personas físicas y morales relacionadas con Medina Mora. Lo peculiar del asunto, sí se nos permite la expresión, es que el 5 de octubre, presentada y aceptada la renuncia, la propia UIF emite un nuevo requerimiento (110/F/B/5212/2019) en el que se solicita a la CNBV, desbloquear las cuentas de las mismas 11 personas físicas y morales.

Uno más. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal suspende de manera indefinida al magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que él y su familia tenían ingresos sin registro legal o registro de procedencia por un monto de 20 millones de pesos, mismos que podrían ascender incluso hasta los 80 mdp. Escándalo. Sólo a manera de comentario, el magistrado Camero Ocampo es uno de los magistrados que han dictaminado suspensiones definitivas a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Coincidencia? Pero, sí el servidor público es corrupto, pues a demostrarlo.

Finalmente, el magistrado Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en funciones, esta semana acusó en diversas declaraciones acerca de las presiones a que fue objeto por parte del presidente Felipe Calderón, para emitir las resoluciones del caso de la guardería ABC y de la francesa Florence Cassez, mismas que fueron respaldadas por Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte y hoy secretaria de Gobernación morenista. Aunque ambos magistrados señalan que no lo denunciaron para evitar una crisis. (?)

¿Y la investigación de la Función Pública respecto a Manuel Bartlett, va…?

 

mario.bravo58@hotmail.com

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Mario Bravo

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