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Es un reto que las alertas de género funcionen en México

  • La violencia extrema hacia las mujeres es real y va en aumento
  • Desde lo local se deben diseñar políticas públicas para combatir la violencia de género

 

Resulta distinto lo que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a lo que finalmente se aterriza, externó la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, reconocida académica y activista en favor de los derechos humanos de las mujeres, quien tuvo la oportunidad de trabajar en su implementación, así como en los primeros intentos de declaratorias de alertas de género en el país, para lo cual pasaron muchos años para que se implementaran, según compartió la investigadora.

Explicó que frente a esos intentos para que se declararan las primeras alertas, lo que se logró es que quedara de lado el tema de la violencia hacia las mujeres, ya que el consejo que se encargaba de aprobarlas estaba integrado también por gobernadores, quienes pugnaban que la declaratoria no se aplicara en sus entidades, al considerar que era un señalamiento de que algo no estaban haciendo bien, lo que provocó que desapareciera del foco el problema real a discutir y acabó siendo lo político el centro de la discusión; a tal grado que los Ejecutivos estatales se ponían de acuerdo para no exponer a las entidades que requerían de la Alerta. Fue necesario un cambio en la Ley para que comenzaran a declararse las primeras alertas de género, esto luego de una evaluación muy seria por parte de varios estados. 



Para Bonifaz Alfonzo, las declaratorias han fallado en su implementación debido a que las razones por la que solicitan son las mismas en unas y otras entidades, que hace que la respuesta gubernamental sea idéntica sin considerar las marcadas diferencias de cada lugar, pues el fenómeno de la violencia no es igual en una demarcación que en otra; además que es posible que cada gobierno estatal logre tener una reacción más inmediata y no esperar a que la Federación llegue a resolver la situación.

“El gran reto que tenemos es qué hacer para que las alertas de género sí funcionen y atendamos el problema que sigue siendo real y en aumento”, expuso la investigadora, quien aseveró, al contar las mediciones precisas, que hasta ahora las alertas no han hecho la diferencia para disminuir los niveles de violencia, aunque hizo referencia a un caso exitoso: Yautepec de Zaragoza, Morelos, en donde la diferencia fue el trabajo comunitario que a la par se realizó en el municipio por parte de varias organizaciones de la sociedad civil: “Si sabes que se está reproduciendo la violencia, no sólo al interior de las casas sino fuera de los domicilios, se vuelve necesario reconstruir el tejido social y con mucha claridad de las estrategias para lograrlo”.

Lamentó que, así como las razones para solicitar una Alerta de Género son las mismas, también lo son las recomendaciones, sin importante que se trate de municipios urbanos, rurales o indígenas; además de que se implementan las mismas medidas: “Necesitamos generar, con estudios previos serios, los fundamentos por los que se requiere la alerta para que la reacción sea acorde al problema que tenemos y no que se copie el modelo. Es el machote de la Alerta”, reiteró.

Para la también activista el trabajo en una entidad con la problemática de violencia hacia las mujeres -que actualmente es prácticamente en todo el territorio- comienza y termina con la sociedad civil, ya que cuando entra el Estado lo hace con todas sus inercias sin estar enfocado correctamente.

La académica manifestó que, en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua -lugar emblemático de casos de feminicidios que llegó hasta la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos – las condiciones sí cambiaron: “Creo que las condiciones de Juárez son muchísimo mejores, sí hay reconstrucción del tejido social, nada que ver de cuando el problema estaba al tope”.

Tema aparte es el Estado de México, en donde a pesar del incremento de la violencia los gobernadores se negaron a demandar la Alerta de Género por el costo político que les implicaba. Para la académica, esta entidad representa una gran complejidad, ya que no es lo mismo la pobreza rural que la urbana, que requiere análisis específicos de qué es lo que está pasando en cada municipio o zona, mientras tanto los números siguen creciendo y no existe ningún impacto en la alerta y no hay ninguna medida excepcionalmente creada para los casos particulares de cada lugar de la entidad: “Si tú le das soluciones generales a problemas particulares, vas a fracasar”.

–Creo que el hacer comunidad reestructura el tejido social, sin embargo, tiene que haber un contrapeso y en materia preventiva es la municipalidad la que tiene que ver antes que los gobiernos estatales, ¿cómo hacer presión desde las organizaciones civiles para que los municipios atiendan sus responsabilidades?

–El tema con el municipio sí es el primer contacto y muchas veces un problema que va a subir hasta una violencia extrema pudo solucionarse con la resolución de un juez de paz municipal, con una buena mediación y orientación puede que esto se solucionara. Creo que tenemos claro que la violencia puede estará a un nivel incipiente y subir, subir, subir y debes detectar en qué momento la tienes que atender. Hay casos muy graves, como uno que sucedió en Yucatán, en donde una mujer que sufre violencia, ella hace justicia con propia mano, mata al marido con el cuchillo de la cocina; estuvo en la cárcel hasta que una juez de segunda instancia considera las omisiones del Estado, pues muchas veces la persona fue a pedir ayuda y no la recibió…los periódicos publicaron “Magistrada autoriza a las mujeres a matar a su marido”. Se hace una generalización en lugar de señalar las omisiones de este caso en concreto. Pudo ser que desde la primera puerta que tocó ahí debió recibir el apoyo.

De esta manera Leticia Bonifaz ejemplificó cómo una serie de omisiones permite que se escale a niveles en los que no hay marcha atrás.

–Otra cuestión son las instancias que se han creado para hacer ver que hay una reacción, pero esas instancias se atropellan entre sí en lugar de que haya un solo conducto. Una mujer víctima de violencia en muchas ocasiones no sabe qué puerta tocar y la puerta que toca no siempre es la idónea y comienza la rebotadera, con una terrible revictimización porque tiene que contar la historia mil veces, con un trato inadecuado en la primera puerta y ya no quiere seguir en la siguiente. Creo que entre más lo aterrices en un espacio determinado es más fácil encontrar la solución para todo México.

–La presencia de la delincuencia organizada, por consecuencia atrae al Ejército y ahora también de la Guardia Nacional, ¿todo esto agrava la situación para las mujeres?

–Haz de cuenta que se va sumando el grado de vulnerabilidad, el grado de peligro, efectivamente es una cadenita y hay que estudiar y definir cuando el agresor no es un particular, sino que forma parte de alguna de las fuerzas policiales; en este caso el Estado tiene que ser mucho más duro con las sanciones cuando se trata de alguien que forma parte del sistema. Si se castiga y se sabe que hay castigo habrá una respuesta inhibitoria para el resto de los elementos y se evita la impunidad.

Bonifaz Alfonzo habló sobre la Ley de Amnistía que propone el Ejecutivo federal y con la que se señala que podría beneficiar a las mujeres en prisión por haber abortado.

–Consideró que ninguna mujer debería estar en la cárcel por arriesgar su vida y todavía quedan privadas de la libertad; el problema es que la Amnistía federal va a incidir poco en estos casos y tendrían que haber propuestas en lo local para eso. Cada estado debe analizar qué están o no haciendo bien para la protección de la integridad de las mujeres.

De esta manera, la académica dijo apostar más a lo local y que cada estado con sus características particulares diseñe las políticas públicas idóneas para combatir la violencia de género.

The Author

Claudia Rodríguez Loera

Claudia Rodríguez Loera

Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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