Opinión

Rastro de restos / Memoria de espejos rotos

El cuerpo envuelto, en periódico envuelto,

alcohol y lluvia, soledad y sol…

Soledad y sol. Real de catorce



 

Rosario Ibarra de Piedra ha sido cuatro veces candidata al Premio Nobel de la Paz, dos veces aspirante a la Presidencia de México, y actualmente fue nominada por el Senado a recibir la Medalla Belisario Domínguez. Este galardón se le entregará por su lucha social en diversos temas, como la equidad de género, la defensa de los pueblos indígenas, y -sobre todo- el activismo para visibilizar y combatir la desaparición forzada en México, un asunto grave del que la propia Ibarra de Piedra fuera víctima colateral por la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1975, durante la guerra sucia en nuestro país. Este reconocimiento, tan tardío como merecido, para Rosario Ibarra de Piedra, sirve para repasar el estatus de la desaparición forzada en nuestro país.

De acuerdo con Human Right Watch, en México, desde 2006, se han extendido las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del estado. A este funesto fenómeno se suman -además, y cada vez con más presencia- las desapariciones promovidas por el crimen organizado; de tal modo que, en octubre de 2018, la Secretaría de Gobernación declaró desconocer el paradero de más de 37,400 personas desaparecidas desde 2006. 

De acuerdo con el portal de Human Right Watch, “en noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley sobre desapariciones que estableció una definición única a nivel nacional para el delito y dispuso la creación de entidades para facilitar la investigación y el procesamiento de los responsables de desapariciones. Entre esas se incluyen la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), creada en marzo de 2018 para coordinar las iniciativas de búsqueda en el terreno, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), establecido en octubre de 2018 para coordinar a las instituciones públicas que participan en la búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, cuando se redactó el presente informe (2019), estas entidades todavía no funcionaban plenamente. En julio de 2018, el Consejo Nacional Ciudadano del SNB, un órgano asesor creado por la ley sobre desapariciones, informó que la CNB no estaba recibiendo los recursos que necesita para desempeñar su función. El consejo criticó además la falta de coordinación entre las instituciones, y manifestó su preocupación por el retraso de la mayoría de los estados en la implementación de la ley. Apenas 13 de los 32 estados habían creado una agencia del Ministerio Público especializada y sólo nueve del total contaban con comisiones u oficinas locales de búsqueda, a pesar de que la ley exigía crear estas entidades para febrero y abril de 2018, respectivamente”. Desolador, por donde se le vea.

En complemento, la revista Forbes publicó sobre el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decretado a finales de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que desde abril de 2018 dejó de alimentarse el registro oficial de personas desaparecidas, por lo que ni siquiera existe un número real de víctimas en el país desde los últimos 16 meses. De hecho, la cifra oficial más reciente la dio a conocer en enero la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que arroja un dato escalofriante: más de 40 mil 180 personas desaparecidas en México desde 2006. “Sin embargo, el dato sigue siendo una aproximación: la propia autoridad reconoció las fallas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que hasta hace poco era la herramienta oficial de medición, y se construyó a partir de las denuncias presentadas en el fuero común y en el federal”; es decir, estamos en el limbo de lo atroz.

En agosto de este año, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, se llevó a cabo un conversatorio titulado Conversatorio Construcción de Paz y Derecho a la Verdad. Ahí, Antonino de Leo, director en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, describió la situación de desaparición forzada en México como una “tragedia humanitaria” y una “emergencia nacional forense”, y -además de reiterar la cifra aproximada de 40 mil 180 personas desaparecidas en México desde 2006, añadió el dato de la ONU que cuenta con mil 100 fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar, en México. Abundó también en que “el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha remitido un total de 56 mil 363 casos a 112 Estados, y México se ubica tristemente entre los 10 países con más casos remitidos a nivel internacional”.

En esta aterradora y vergonzante realidad, si el estado no puede ya -digamos- evitar las desapariciones forzadas, ni encontrar a los desaparecidos, ni ubicar las miles de fosas clandestinas, ni identificar a las decenas de millares de cadáveres encontrados (muchas veces gracias a las propias pesquisas extrajudiciales que heroicamente hacen familiares y organizaciones civiles); debería, al menos, lograr que las autoridades sean más empáticas, humanitarias, y solidarias, con las familias que han padecido la desaparición en manos de la propia autoridad, de las organizaciones criminales, o del difuso vínculo que hay en medio de ambas. Deberían hacerlo, al menos, por vergüenza, si con eso acompañan la medalla Belisario Domínguez dedicada a Rosario Ibarra de Piedra. No se necesitan medallas, sino seguir el rastro de los restos.

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Alan Santacruz Farfán

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