11/07/2020


El mecanismo de revocación de mandato puede ser utilizado de dos maneras: como mecanismo de rendición de cuentas o como mecanismo de propaganda política. Como la mayoría de las cosas en México, el diablo está en los detalles. Si es un mecanismo bien regulado que establezca atribuciones claras y equilibrios legales suficientes, es un buen mecanismo de rendición de cuentas, pero si no es así, puede ser un mecanismo de propaganda. El primero es ideal, el segundo no y es el que pretendía Morena. 

Según se sabe, la iniciativa de revocación de mandato inicial planteada por el presidente y Morena era que el mecanismo se llevara a cabo en la jornada electoral 2021 y que el presidente o cualquier funcionario pudiera someterse a él. Aunque la 4T tenía razón en el sentido de que agregar una consulta de revocación de mandato es infinitamente más barato que realizar una nueva, sin equilibrios legales, eso es mera propaganda electoral, poner al personaje más popular de un partido político en las urnas, tiene un arrastre en las demás boletas y eso quedó comprobado en 2018: el objetivo era que AMLO estuviera en las urnas. Además no se podría llamar ejercicio de revocación de mandato a algo que el propio gobernante se somete, eso es en todo caso una ratificación de mandato. 

La revocación de mandato tiene como objetivo revocarle el mandato al gobernante porque decepcionó a sus gobernados. En ese sentido, es la ciudadanía quien debe convocar a revocar el mandato antes de que termine el encargo constitucional. Este ejercicio es vinculante y dependiendo de una serie de candados, debe ser obligatorio retirar el mandato. En cuanto a la ratificación de mandato, es una consulta ciudadana a la que el funcionario se somete para preguntarle a la ciudadanía si quiere que él mismo siga en el cargo; en algunas democracias maduras este mecanismo podría considerarse como una especie de autocrítica o de rendición de cuentas, y en otras democracias como la medición de músculo rumbo a la elección. Los dos son mecanismos que las legislaciones deberían adoptar. Nuestra legislación federal debe de optar por incluir la revocación y la ratificación de mandato. 

La iniciativa de revocación de mandato a la que cederían algunos partidos por aprobar tendría los candados necesarios para hacerla un verdadero ejercicio de revocación: exclusivamente la ciudadanía puede solicitarlo, el 3% de la lista nominal del país, lo que es igual a alrededor de 2 millones 695 mil 198 ciudadanos, para dimensionar el número, el listado nominal de Aguascalientes es de 957 mil personas, el de Jalisco 5 millones 960 mil y el de la Ciudad de México de 7 millones 676 mil. Con dos Aguascalientes, la mitad de Jalisco o un tercio la Ciudad de México se pudiera activar, adecuadamente distribuido en el país. Esto es fundamental, porque cambió de ser un ejercicio convocado por el funcionario a uno de verdadera democracia y rendición de cuentas. Schedler afirma que para que existan mecanismos de rendición de cuentas debe haber información, explicación y sanción. En México abunda lo primero, carece lo segundo pero a excepción de la sanción en las urnas, es nulo lo tercero; el mecanismo de revocación de mandato es uno de sanción sobre rendición de cuentas. 

Otra de las cosas fundamentales para hacer un mecanismo de revocación de mandato democrático es que el organismo electoral lo organice, como se busca garantizar en esa iniciativa, y aunque se establece que no deba ser en la jornada electoral, eso es secundario, al ponerlo a la voluntad de la ciudadanía, ésta decidirá cuándo solicitar la revocación de mandato. Para ello se deben establecer algunas especificaciones importantes como que debe haber pasado al menos la mitad del mandato para garantizar la gobernabilidad democrática y evitar la inestabilidad y que se debe estudiar por la Suprema Corte de Justicia en el caso federal y por tribunales locales en el caso estatal, las causales que fundan la solicitud de revocación de mandato. ¿Por qué sí podemos revocarle el mandato al mandatario?, un catálogo breve puede ser por incumplir promesas de campaña, violar los derechos humanos o permitir la construcción de una red de corrupción. 

Sobre la constitucionalidad del mismo, la Suprema Corte ya lo ha discutido, sobre si ya está este mecanismo establecido en la legislación con la reelección, el ministro Cossío en su momento declaró las sanas diferencias y Arturo Zaldívar afirmó que es un mecanismo de participación ciudadana que busca mejorar el sistema representativo. Con estos argumentos ratificaron el mecanismo en la Ciudad de México. 

Si el mecanismo está legalmente bien diseñado es una gran herramienta de rendición de cuentas, si no puede ser contraproducente. En México, 8 estados de la República tienen esta figura en su legislación, aunque debe analizarse para observar si es de verdadera revocación o ratificación; existe en Aguascalientes, Ciudad de México, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa. Es un mecanismo que debe empoderar a la ciudadanía, consolidar la democracia y controlar el ejercicio de gobierno, debe ser así o mejor que no sea.

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