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Violaciones graves, a derechos humanos de normalistas de Aguascalientes

  • Ovsga da a conocer resolución del caso por parte de Derechos Humanos 
  • Presidencia Municipal tenía pleno conocimiento de la actuación de los policías

 

Hechos en los que elementos de las corporaciones policiacas, específicamente de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, habrían reprimido a normalistas de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío del estado de Michoacán, en junio de 2017, derivado de la participación que tuvieron en las manifestaciones que en nuestro estado llevaron a cabo las estudiantes de Cañada Honda, fueron desde entonces conocidos por la presidente municipal, María Teresa Jiménez Esquivel, consignaron los abogados que acompañaron el caso por parte del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

La mañana del miércoles, el colectivo dio a conocer el resolutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes en torno a los presuntos hechos violatorios de derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes bajo los que se hizo esta investigación y que habrían sido cometidos por la Policía municipal y elementos de la Policía estatal en contra de los estudiantes normalistas; Violeta Sabas, vocera del Ovsga, recordó que las manifestaciones tuvieron lugar debido a que hace dos años el Instituto de Educación del Estado determinó que se restringiría a 100 lugares la currícula anual de estudiantes de la escuela normal rural de Cañada Honda, así como convertir el modelo a mixto, ya que actualmente sólo es para mujeres. 



Recalcó que en su momento los elementos de la Policía municipal negaron todos los hechos de los que fueron acusados por estudiantes tanto del estado como de Michoacán, e incluso en las mismas comparecencias de los mandos de la corporación, en su mayoría dijeron que no hubo ninguna agresión en contra de los estudiantes, y que por el contrario, hubo un momento en que los protegieron para llevarlos fuera de la ciudad al alejarlos de la colonia Constitución, donde se suscitaron los hechos, presuntamente para que no fueran amedrentados por los habitantes del lugar.

Aseguraron que existe mucha evidencia audiovisual, como los videos en donde se puede ver a policías golpeando a estudiantes de la normal del estado de Michoacán, y subiéndolos a la patrulla: “Esta resolución es histórica, es muy importante porque aquí se da vista de todas las violaciones graves a los derechos humanos que la policía ejerce contra los estudiantes, quienes también en expediente audiovisual con el que cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no se ve en ningún momento agresión por parte de los estudiantes hacia la policía, como en su momento dijo la Policía municipal que había sucedido”, precisó Violeta Sabas.

El abogado Alejandro Sánchez Laguna enfatizó que a la par de esta queja existe una carpeta de investigación que no ha avanzado en las instancias competentes; condenó que esto depende de la voluntad de la Fiscalía, por lo que, si no la hay para esclarecer el hecho por parte de la instancia responsable de procuración de justicia, no se avanzará; no obstante, dijo que se le han dado herramientas y material para que continúe con el proceso jurídico. 

Agregó que en esta actuación los policías tenían la orden de proceder en contra de los estudiantes, aunque no dijo quién los habría encomendado para ello, insistió en que no se pueden dirigir solos o tomar decisiones en lo particular, incluso los elementos que actuaron vestidos de civiles, que ya han sido plenamente identificados a través de la Comisión de Derechos Humanos y será parte de la carpeta de investigación que se integre una vez que se dicte la resolución, por lo que pidieron al presidente de la misma, Asunción Gutiérrez Padilla, para que coadyuve con la Fiscalía General y que haga entrega de evidencias y todo lo que existe para ahondar más en la investigación a dos años de estos hechos.

“No podemos permitir que se continúe con estos actos de tortura, con estas represiones contra los estudiantes (…). Lo grave de todo este asunto fue el mutis total que hizo en aquel momento la Presidencia Municipal, donde dice que ella (Teresa Jiménez) no tenía conocimiento de lo sucedido y en este informe que tenemos aquí, en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos señala que siempre tuvo conocimiento la alcaldesa de lo que estaba sucediendo; siempre tuvieron conocimiento todos los jefes policiacos y existen varias prevenciones que se hicieron a cada uno de los jefes policiacos”, recalcó el abogado Sánchez Laguna, que apoyó en el caso.

 

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Adriana García Campos

Adriana García Campos

Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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