Javiera Ogando Monroy
Abuelas, tíos, madres, padres, niñas, todos y todas han salido a las calles durante estas últimas tres semanas en Chile. El mensaje es claro y fuerte: las desigualdades sociales, económicas y territoriales son profundas, son insostenibles. Débil se ve aquel jaguar que nos pintaban en los noventa. El orden y el progreso de ese Chile oasis y ejemplo latinoamericano ahora evidencian fragilidad ante las demandas acumuladas de una generación agotada, pero con la fuerza suficiente para reclamar el espacio público.
Vale anticipar que las pretensiones de este texto están lejos de explicar un fenómeno social que habla por sí mismo. El propósito es compartir una simple percepción de lo que sucede en Chile por parte de dos personas cuyos sueños, y parte de su cordón umbilical se mantienen en ese país sudamericano. Para ello, en una serie de dos textos, discutiremos tres aspectos que nos parece aportan una visión integral de lo que sucede: lo político, lo económico y lo social.
En cuanto a lo político, esta conversación no puede iniciar si no se señala que en Chile el marco institucional sigue atado a una constitución que fue hecha en dictadura. Si bien hay quienes señalan que esta Constitución tuvo cambios importantes en 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos, el espíritu se mantiene. ¿Y cuál es el espíritu? Es neutralizar las posibilidades de transformación política y económica del modelo emanado de la dictadura. En lugar de permitir que la política decida, esta Constitución lo impide, protegiendo y manteniendo instituciones que han perdido legitimidad aún cuando existe una demanda ciudadana para abolirlas o en su defecto transformarlas sustancialmente. Desde tiempo atrás se discute, y ahora con mayor fuerza, la idea de una Asamblea Constituyente que derive en una constitución democrática que garantice la participación de todos y la provisión de derechos sociales fundamentales para vivir y convivir en sociedad.
Lo económico es claro. El modelo neoliberal cimentado en dictadura, cuyo propósito ha ido más allá de una economía de libre mercado, con una participación reducida del Estado, llegando incluso a la vida de las personas, se ha agotado. El chileno de a pie tiene mercado para todos los bienes, incluyendo entre ellos a la educación y la salud. El financiamiento de estos bienes, al no poder ser cubierto por los ingresos del trabajo, proviene del endeudamiento. Endeudamiento para comer, vestir, educarse, atenderse y, pues en efecto, para vivir. Un indicador lo deja en claro: el nivel de deuda de los hogares, en términos agregados, es del 45.4% del PIB, mientras que el tamaño del Estado es del 24% del PIB; es decir, la magnitud de la deuda de los hogares está muy cerca de doblar las capacidades del Estado para atender las demandas por garantizar derechos sociales mínimos.
Finalmente, Chile cuenta con una generación de ciudadanos que desde inicios del Siglo XXI ha decidido salir a la calle a pelear por sus derechos. Derecho a una educación de calidad para que nadie sobre. Derecho a una salud universal. Derecho a un trato igualitario, sin distinción de género, raza o lugar de origen. Derecho a que origen no sea destino. Derecho a unas pensiones que permitan llevar una vida digna.
En la próxima entrega, como complemento necesario, abordaremos algunos aspectos puntuales sobre el tema de las pensiones y el largo recorrido de las movilizaciones sociales en Chile.
