Aún no se logra la eliminación del fuero en Aguascalientes - LJA Aguascalientes
17/01/2022

  • Desde el 2017 se han presentado seis iniciativas, de distintos orígenes partidiarios, en relación con la eliminación del fuero; aún no se concreta nada en esa materia
  • Debido a estas iniciativas la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales expidió un dictamen acumulado para el desafuero
  • En el dictamen acumulado se prevé el fuero para diputados y magistrados bajo una condicionante

 

 

La eliminación del fuero es un tópico que ha crecido poco a poco en todo el país; en Aguascalientes todavía se tiene implementada esta defensa constitucional para los funcionarios públicos. Al respecto ya se han presentado iniciativas que promuevan el desafuero, sin embargo, siempre con algunas excepciones. 

En octubre, el gobernador Martín Orozco Sandoval, presentó una iniciativa desde el ejecutivo hacia el Congreso del Estado, en donde se proponía la eliminación del fuero a funcionarios públicos, sólo manteniéndolo los diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el fiscal general del estado. En ella se contemplaba el desafuero para el Poder Ejecutivo. 

Hoy en día existe un dictamen acumulado de seis iniciativas en las que se sugirieron reformas en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes relacionadas al tema del fuero. La primera iniciativa considerada en dicho dictamen viene desde junio del año 2017 y fue levantada por los diputados Silvia Alaniz y Sergio Augusto López Ramírez como parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); en ella se buscó garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, es decir, que no se gozara de distinción por ostentar un cargo público, aunque también se exponía lo siguiente: “En esta inmunidad procesal parece indispensable redimensionar su alcance para que sólo cubra a los servidores públicos que por su relación con el poder público merecen y deben seguir siendo protegidos por este mecanismo…”.

Después, en ese mismo año y mes, el diputado Gustavo Alberto Báez Leos promovió una iniciativa desde el grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y el extinto Partido Encuentro Social (PES), donde se observaba una reforma en los artículos 21 y 75 de la constitución estatal. En dicha reforma se postulaba que el gobernador, los diputados locales, el fiscal, los magistrados, el secretario general de gobierno, los alcaldes y los síndicos fueran quienes dispusieran del fuero. En aquel entonces, el gobierno de Rincón de Romos estuvo de acuerdo con la iniciativa, no obstante, hubo un rechazo público por el alcalde municipal de El Llano, Ramiro Salas Pizaña, así como por parte de uno de sus regidores, Juan Manuel Luévano Aguiñaga.

Tras poco más de un año sin avances en el tema, en octubre del 2018 el diputado Guillermo Alaniz de León presentó, como integrante del grupo parlamentario mixto del Movimiento Ciudadano (MC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del PAN, otra iniciativa en la que se reformaban también los artículos 21 y 75. En ella se precisaba que los diputados eran inviolables “por la manifestación de sus ideas en ejercicio de sus funciones y jamás podrán ser reconvenidos ni juzgados por ello, sin embargo, serán responsables de los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo…” 

Luego de casi dos meses, vendría en diciembre del 2018 otra iniciativa por parte de la diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la que se reformaban los artículos 21, 75, 76, 77 y 81, pretendiendo eliminar el fuero constitucional y el procedimiento de la declaración de procedencia (requisito previo para proceder penalmente contra sujetos protegidos por la constitución local).

Para septiembre del 2019, el diputado de Morena, Heder Pedro Guzmán Espejel, hizo lo propio lanzando una iniciativa en la que se reformaban el artículo 21, 74 en el párrafo tercero, 75, 77 y 79 de la constitución estatal, en la que se pretendía “eliminar el fuero” pero conservando una inmunidad constitucional considerada pertinente para el libre funcionamiento de los poderes públicos. Asimismo, se proponía que aquellos actores que habían abusado de esta figura de defensa pudieran ser sujetos a procedimiento penal en libertad y, una vez determinada la sentencia, se le informe al servidor público que ha perdido la inmunidad y el cargo para ser separado del fuero y poder cumplir con la condena obligada. 

La más reciente iniciativa considerada en el dictamen acumulado para el desafuero fue la mencionada anteriormente por parte de Martín Orozco Sandoval, un mes después de la del morenista. 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado es la encargada de dictaminar y analizar dichas iniciativas de manera acumulada para poder hacer una reforma constitucional en la que se apele al desafuero. Por lo pronto este dictamen está pendiente a discutir, pues la semana pasada fue postergada la sesión ordinaria debido a la inasistencia de más de la mitad de los diputados. 

Más allá de las distintas voces de la Legislatura LXIV en las que se dice que sí se incluirá a los diputados en la eliminación del fuero, la realidad es que en el dictamen acumulado que se sustenta en las seis iniciativas que han habido en la materia de desafuero desde el 2017, se contempla fuero para diputados y magistrados bajo una condicionante estipulada en la reforma del artículo 75 de la constitución estatal: “Para proceder penalmente en contra de los diputados locales y los magistrados, el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los diputados, si ha lugar a formación de causa. En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción. En caso afirmativo, el acusado quedará automáticamente separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes”. 


Se espera que para el siguiente año se pueda ya determinar un progreso definitivo en el tema del fuero, pues después de más de tres años aún no se logra nada en el tema, el cual ya es un asunto de agenda nacional y que permitiría abogar por más igualdad.


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