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lunes, diciembre 22, 2025

Necesarias, políticas públicas anticorrupción en el país

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  • En enero quedarán pendientes a aprobación las políticas nacionales anticorrupción; se espera que para finales de marzo las estatales sean sometidas a consideración del Comité Coordinador
  • La implementación de dichas políticas es importante en el combate contra la corrupción, prevenir conflictos de intereses y tomar acciones en los actores que han defraudado la confianza pública

 

 

Ayer asistió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea) el comisionado de Participación Ciudadana de orden nacional Jorge Alberto Alatorre Flores, para explicar que una parte importante del combate contra la corrupción está no solamente en el sistema nacional, sino, en los esquemas estatales de anticorrupción. Ello, a través de recomendaciones no vinculantes a los entes públicos, la creación de nuevas políticas públicas y del seguimiento de los casos detectados con acciones inaceptables que terminan perjudicando a la sociedad.

El comisionado explicó que la política nacional anticorrupción, finalmente y después de haber sido alimentada por las siete sillas que componen al comité coordinador, ya tiene algunos avances que preverán su aprobación para el próximo enero. “Somos, digamos, optimistas, en el sentido de que todas estas pláticas, todo este trabajo, toda esta incorporación, a través de una política nacional, podrá encontrarse ahí”, detalló el académico en ciencias políticas.

No obstante, agregó lo siguiente: “Esto no significa que esta política se imponga desde el centro a todos los estados”. Es decir, cada entidad federativa tendrá la libertad de diseñar las especificidades que se crean pertinentes para su territorio y que éstas tengan que ver con su propia política. Cada estado tendrá la facultad de diseñar políticas anticorrupción de una manera pertinente para sus necesidades sociales, no obstante, la importancia de políticas nacionales en esa materia radica en que esas servirán como un hilo conductor y guía de las estatales. De esa manera se pretende tener la homogeneidad y transversalidad necesaria que permita combatir a la corrupción de una forma sistemática y con ella poder obtener resultados comparables, respuestas que dejen ver cuál es la afectación que la corrupción deja en la sociedad.

Aunque la política nacional fungirá como hilo, hay algunas entidades que a través de foros regionales ya también han mostrado avances en esa tarea, pues, detalló Alberto Alatorre, no se le puede ir a decir a un estado cuáles las problemáticas que ellos tienen detectadas y palpadas, por lo que resulta importante cómo cada entidad federativa se debe de involucrar y especializar en lo que en ella está sucediendo. 

Todos los estados ya han trabajado en la generación de insumos diagnósticos que permitirán enfocar la política anticorrupción dentro de sus problemas sociales. En materia de política anticorrupción nacional, el comisionado de participación ciudadana detalló que se están trabajando en la prevención de los focos rojos de corrupción, así como en normatividad que prevenga y que asimismo combata con los conflictos de interés, entre otras cosas.

Jorge Alberto Alatorre Flores añadió que es importante “trapear la casa”, con respecto a las personas o entes que han defraudado la confianza pública, por ello resulta pertinente hacer un enfoque preventivo y de acción. 

Aquiles Romero González, titular del Sesea, agregó que en Aguascalientes se decidió priorizar el avance en las herramientas digitales que permitan tener una transparencia en las declaraciones patrimoniales para fortalecer el combate contra la corrupción; lo anterior con el propósito de que primero se consolidaran las políticas nacionales anticorrupción y de ahí tomar la batuta y trabajar fuertemente en las políticas estatales.

En la entidad ya se tienen los diagnósticos necesarios, y se está en espera de los resultados de la percepción ciudadana en materia de corrupción, esto, aunado a la próxima aprobación de políticas nacionales serán parteaguas para el diseño de las estatales. Se espera que para finales de marzo del 2020 ya se tenga una política estatal anticorrupción preliminar, para que ese mismo mes sea sometida a consideración al Comité Coordinador.

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