Opinión

Para los criminales, amnistía; para los ciudadanos, abandono

Esta semana concluye con una pésima noticia para las familias mexicanas: la aprobación de la Ley de Amnistía en la Cámara de Diputados con 306 votos a favor de los legisladores de Morena, PT, PES y el Partido Verde; y 129 en contra de la fracción parlamentaria del PAN y de algunos legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano. 

Es una mala noticia porque dicha iniciativa antepone los derechos de los delincuentes por encima de la seguridad de los mexicanos. Contrario a la certeza que hoy exige la sociedad en cuanto al cumplimiento de la ley, el proyecto busca beneficiar a quienes han cometido delitos en perjuicio de ciudadanos honestos y trabajadores. 

Vale la pena recordar que legislaciones en materia de amnistía se han implementado en otros países, con resultados diversos. Es por ello que la fracción parlamentaria del PAN puso sobre la mesa la necesidad de realizar consultas ciudadanas a través de un Parlamento Abierto, en donde se dirimieran las inquietudes de todos los sectores. 

Los casos más frescos de amnistía son Colombia con las FARC, España con algunos presos de la ETA y Estados Unidos con el presidente Reagan en 1986. 

En los dos primeros escenarios la naturaleza de la iniciativa fue política. En el caso de Reagan se trató de una motivación de naturaleza migratoria. Sin embargo, la iniciativa promovida por el Presidente López Obrador no encaja con ninguna de estas experiencias. 

Por el contrario, en su exposición de motivos el titular del Ejecutivo afirma que es posible “arrancar de raíz las causas de la pobreza y la marginación” promoviendo el perdón y la reinserción social de quienes han cometido delitos como el narcomenudeo o el robo sin violencia en distintas modalidades.

Así pues, quienes han incurrido en distribución y venta de drogas, y en robos a casa-habitación, de celulares y de tarjetas de débito y crédito, o bien por delitos cibernéticos como el robo de identidad; serían beneficiarios de esta ley. A simple vista parece una idea descabellada pero en el fondo no lo es. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi, de los 101 mil delincuentes que ingresaron a un penal en 2018, casi el 40% fue detenido por del delito de robo y otro 14.4% por el delito de narcomenudeo. Es decir, se trata de los delitos con la mayor rentabilidad y presencia en la actualidad, que afectan a millones de mexicanos todos los días. 

Tan sólo de 2015 al 2018, el narcomenudeo en la Ciudad de México aumentó en 300%, cinco veces más que el promedio nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, las muertes por consumo de drogas entre jóvenes han aumentado también exponencialmente: entre 8 y 10 mil decesos por año a nivel nacional. 

En el segundo caso la historia es similar, pues en lo que va de 2019 las carpetas de investigación por el delito de robo, en sus distintas modalidades, pasaron de 4 mil 400 a 9 mil 854, lo que representa un incremento de 112%. Esto sin considerar los robos que no son denunciados por temor o por la desconfianza de los ciudadanos sobre los órganos de investigación y procuración de justicia. 

Así pues, pareciera que detrás de la iniciativa se asoma un populismo a través del cual el partido en el gobierno buscar hacerse de una clientela electoral más: la de los criminales que despojan a los mexicanos honestos del fruto de su trabajo o aquellos que envenenan a nuestros jóvenes con drogas, generando focos rojos de violencia que terminan en ajustes de cuenta y “levantones”.

De manera sorprendente, en el año más violento de los últimos veinte, el partido en el gobierno debilita la procuración de justicia y la seguridad. Así lo confirman el recorte de mil 300 millones de pesos al Poder Judicial y de mil 500 millones a la Fiscalía General de la República en el PEF2020. 

Mientras eso pasa, en paralelo se impulsa una Ley de Amnistía que no concibe siquiera recursos para garantizar programas y esquemas de reinserción de los primodelincuentes “obligados” a delinquir por su situación de pobreza. 

Así las cosas hoy: para delincuentes habrá amnistía y para los ciudadanos vendrán días terribles de abandono.

 

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Fernando Herrera

Fernando Herrera

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