- El aborto es un tema de salud pública, de derechos humanos y de desigualdad
- La “interrupción voluntaria del embarazo” no sería un delito, sino una decisión que la mujer puede practicar o no
La diputada local Érica Palomino Bernal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa en asuntos generales para realizar una modificación de tipo penal y dar acceso al aborto seguro, tras considerar que la interrupción legal del embarazo continúa siendo un tema de salud pública, de derechos humanos y de desigualdad, que sigue cobrando inequitativa e innecesariamente las vidas y la salud de las mujeres más pobres.
Con iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Aguascalientes se pretende la legalización o autorización de la interrupción del embarazo, cuando así lo decida libremente la madre, durante las primeras doce semanas de gestación.
“No se trata de un caso de ‘despenalización’ del aborto, que técnicamente sería una excusa absolutoria, ni tampoco de un caso de excepción, que también con términos técnicos se llama excluyente de responsabilidad, sino de una modificación del tipo penal, es decir un cambio en la descripción de la conducta que constituye el delito”, explicó la diputada de Morena.
Conforme a la reforma, la “interrupción voluntaria del embarazo” consentida por la madre, en las primeras doce semanas de gestación no sería un delito, sino una conducta permitida que la mujer puede libremente practicar o no practicar. Como se trata de una conducta permitida que no es delito, entonces se acepta que las mujeres que quieran practicarla puedan acudir a los hospitales públicos del gobierno para pedir que les presten el servicio de interrupción del embarazo.
Érica Palomino Bernal expuso que es evidente que en México existe un alto porcentaje de embarazos no planificados, particularmente entre las mujeres adolescentes, pues según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, cuatro de cada diez adolescentes que tuvieron un embarazo lo definieron como no planificado o no deseado.
Esa información es consistente con los niveles de demanda insatisfecha de anticoncepción que presentan las adolescentes de este grupo de edad (una de cada cuatro). Mientras exista esta tendencia, las mujeres continuarán enfrentando la necesidad de recurrir a interrupciones inseguras como única opción para regular su fecundidad.
En México, entre 2002 y 2010, se registraron en promedio 85 muertes por interrupción del embarazo cada año en mujeres de todas las edades, acumulándose 950 defunciones en estos años, lo que ha representado poco más del siete por ciento de todas las defunciones por muerte materna, ubicando al aborto como la quinta causa en este rubro, señala el proyecto.
El documento agrega que en adolescentes, este indicador fue de 12 defunciones por año en promedio (135 en total); es decir, el 14.2 por ciento de todas las muertes por aborto ocurrieron en mujeres menores de 19 años.
“No siempre una interrupción insegura cobra la vida de las mujeres, pero con mucha frecuencia impacta en su salud. Las consecuencias sobre la salud de un aborto inducido dependen esencialmente del marco legal en el que se realiza, pero también de los servicios que atienden a sus complicaciones, de la capacitación y actitud del profesional y del método empleado. La interrupción legal del embarazo continúa siendo un tema de salud pública, de Derechos Humanos (DH) y de desigualdad, y sigue cobrando, injusta, inequitativa e innecesariamente, las vidas y afectando la salud de las mujeres”, expuso la legisladora.
Palomino Bernal destacó que son las mujeres que cuentan con acceso a información, a tecnologías adecuadas y recursos económicos, las que pueden interrumpir su embarazo de forma segura; mientras que muchas otras se someten a procedimientos que arriesgan su salud, su vida o su seguridad jurídica.
“Pero, si la interrupción se realiza en condiciones legales, por personal capacitado y en servicios habilitados, es el procedimiento más seguro que pueda enfrentar una mujer embarazada, con un riesgo de muerte decenas de veces inferior al de un parto. Así lo demuestran las estadísticas internacionales y la evidencia generada en los últimos años en la Ciudad de México: entre los más de 106 mil casos atendidos, conforme a la legislación de interrupción legal del embarazo, se han registrado cero muertes maternas”, recalcó la diputada de Morena.
