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Se está limpiando la casa : Arturo Zaldívar

  • Rindió su primer informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
  • Dividió la presentación en Nepotismo, Corrupción, Nuevo perfil del juzgador federal, Igualdad de género y paridad, Igualdad en la impartición de justicia, Mejoras del funcionamiento administrativo, y el número de sentencias emitidas por el Poder Judicial

 

 

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que ya se está limpiando la casa y se busca sacar de las filas del Poder Judicial de la Federación a los malos servidores públicos, al presentar su primer informe de labores ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y las presidentas de las Cámaras de Senadores y Diputados.

El ministro subrayó que el Poder Judicial de la Federación se encuentra en la ruta de una profunda transformación y se dirige hacia una nueva forma de impartir justicia; resaltó que se están logrando resultados en materia de austeridad, combate a la corrupción y al nepotismo, comunicación y cercanía con la gente. 

Tras reconocer que en los últimos años se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial que ha impedido un acceso efectivo a la justicia, el presidente de la SCJN, insistió en que el Poder Judicial requiere, a través de su trabajo, gozar de una legitimidad social que derive de su autoridad moral y de su respetabilidad: “Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio. Queremos desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial; queremos repetir hasta que se haga costumbre, que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio; que debemos evolucionar con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos; y que debemos rendirle cuentas de nuestro actuar”.

Arturo Zaldívar entregó un informe detallado de más de 700 páginas, en la presentación dividió ese documento en las siguientes líneas de acción: Nepotismo, Corrupción, Nuevo perfil del juzgador federal, Igualdad de género y paridad, Igualdad en la impartición de justicia, Mejoras del funcionamiento administrativo, y el número de sentencias emitidas por el Poder Judicial.

Al final de su presentación, Arturo Zaldívar señaló que esperaba haber demostrado con hechos “que estamos en la ruta de una profunda transformación del Poder Judicial de la Federación. Que hemos cambiado de dirección y que vamos en un rumbo hacia una nueva forma de impartir justicia y hacia un renovado compromiso con la sociedad”.

A continuación las líneas principales en las que dividió su informe el presidente de la SCJN:

 

Nepotismo

El primer gran eje de acción para la renovación del Poder Judicial es el combate al nepotismo y a la corrupción, lo que pasa por un fortalecimiento y transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial. La implementación de esta política ha resultado en 569 movimientos, que incluyen primeras adscripciones y readscripciones, de las cuales 98 se han dado por causa de nepotismo. Como medida fundamental, además de la reorientación de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura aprobó un Plan Integral de combate al nepotismo, cuya implementación se materializará en los próximos meses, conformado por un conjunto de medidas preventivas y reactivas que buscan erradicar esta práctica -tan nociva como arraigada- de manera que el ingreso y permanencia en la carrera judicial se definan por los concursos públicos y la meritocracia. Tales medidas comprenden: el fortalecimiento de los “puertos de entrada” a la carrera judicial; la definición de tipos administrativos para inhibir y sancionar este fenómeno; la creación de un Comité de Integridad que revisará ciertos nombramientos cuya legitimidad pueda generar dudas; la implementación de un buzón de denuncias, y el establecimiento de una plataforma electrónica para la identificación de redes familiares.

 

Corrupción

En el rubro de combate a la corrupción hemos adoptado una política de cero tolerancia. Este año se impusieron por parte del Consejo diversas sanciones por responsabilidades administrativas, las cuales han incluido la destitución e inhabilitación del servidor público. Dentro de esos casos, hay 16 que tienen que ver con irregularidades patrimoniales, nombramientos que pretendieron encubrir posibles casos de nepotismo o actuación tendiente a engañar a otras autoridades o a obtener beneficios de las partes en juicio. Al respecto, destaca la destitución de un juez de Distrito por corrupción, haber actuado en contra de constancias, y haber incurrido en errores inexcusables en un caso de pederastia, así como las destituciones de dos magistrados de Circuito por notoria ineptitud y graves irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales. La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. Que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso. 

 

Nuevo perfil del juzgador federal

Se están rediseñando los procesos de selección de juzgadores, a fin de que permitan identificar de mejor manera la idoneidad de las y los aspirantes y se impidan fraudes como los que ocurrieron en el pasado. El perfil del nuevo juzgador que saldrá de las aulas de la Escuela Judicial será el de un profesional con un dominio de los temas sustantivos como la dogmática de los derechos fundamentales, el derecho internacional de los derechos humanos, la teoría constitucional, el derecho comparado; y conocedor también de saberes instrumentales, como la teoría de la argumentación, la teoría de la interpretación y la teoría del precedente. Pero, sobre todo, un juez o una jueza que sepa juzgar con perspectiva, que sepa ponerse en los zapatos de los demás, atento a sus propios prejuicios, y capaz de identificar las barreras sociales que impiden el acceso a la justicia. Un juez o una jueza con sensibilidad social y que entienda el impacto de sus fallos en el camino hacia un país con mayor justicia social. 

 

Igualdad de género y paridad

Para vencer la inercia apabullante de las estructuras sociales que reproducen la desigualdad, todos tenemos que nadar contracorriente, reconocer nuestros privilegios y revertir las prácticas que los han perpetuado injustamente. La brecha de género que existe en las categorías más altas de la carrera judicial es inaceptable, por un lado, porque representa una violación a los derechos de las mujeres al interior de la institución: es el reflejo de inercias institucionales que, de facto, impiden el acceso igualitario a las oportunidades. Y, por otro lado, porque en una sociedad compuesta por hombres y mujeres, es necesario que en todas las esferas de toma de decisiones participen paritariamente, para incorporar sus talentos y experiencias vitales en beneficio de la sociedad. La paridad en la judicatura contribuye a una mayor diversidad y, con ello, a una mejor impartición de justicia y, consecuentemente, una mayor legitimidad institucional.

 

Igualdad en la impartición de justicia

La posibilidad de obtener justicia ha sido históricamente desigual para ciertos grupos. Para que mujeres, indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, migrantes, etcétera, puedan acceder efectivamente a la justicia es importante identificar y desarticular los obstáculos y barreras que actualmente lo impiden se transformó al Instituto Federal de Defensoría Pública, se creó la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, se estableció un Área de Ciencias Forenses, se contrató personal hablante de esas lenguas y con conocimiento de los usos y costumbres de la región. Se aumentó de 39 a 103 las variantes lingüísticas en las que se puede brindar atención en el Instituto. Se amplió la cobertura de asistencia jurídica en materia de atención a personas migrantes repatriadas y refugiadas, a partir de la creación de la Asesoría Especializada en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional. Se instauró el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y Malos Tratos. Se creó un sistema de telefonía denominado Defensatel, que permite a las personas privadas de su libertad, así como al público en general, establecer una comunicación rápida con el personal del Instituto. 

 

Mejoras administrativas

La renovación del Poder Judicial para garantizar su independencia de cara a la sociedad no puede lograrse sin cambios profundos en su funcionamiento administrativo. Una mejor justicia implica también una mejor administración, más eficiente y austera; que mantenga su cercanía con la sociedad; y que administre, con esmero y diligencia, los recursos que la sociedad le confiere. La administración se ha enfocado en innovar los procesos de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, bajo el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas, para que los órganos jurisdiccionales cuenten con las condiciones adecuadas para impartir justicia pronta y expedita, teniendo en el centro una política de austeridad republicana. Uno de los principales logros es que el ejercicio del presupuesto alcanzó una eficiencia en el uso de los recursos del 99%, abatiendo una tendencia histórica de subejercicio, incluso con partidas que iniciaron sin recursos, lo que implicó un mayor esfuerzo de contención del gasto para su reorientación hacia áreas prioritarias. Se generaron ahorros del orden de 2,600 mdp, que se destinaron a proyectos estratégicos dirigidos a fortalecer la función jurisdiccional.

 

Sentencias

En este año, a través de sus sentencias, la Suprema Corte siguió avanzando en la construcción de su doctrina constitucional. El Tribunal Pleno resolvió 429 asuntos, con los que se generaron criterios importantes sobre la inconstitucionalidad del matrimonio infantil, discriminación contra parejas del mismo sexo, validez de impuestos ecológicos, consulta previa para personas con discapacidad y pueblos indígenas, derechos de personas en situación de migración, paridad de género en materia electoral, transparencia y libertad de expresión, entre otros.

La Primera Sala resolvió 3,161 asuntos generando avances significativos en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y protección de minorías contra el discurso de odio, el sistema penal acusatorio, acceso al expediente en casos de graves violaciones a derechos humanos, igualdad de género en el derecho familiar y discriminación contra familias homoparentales.

La Segunda Sala resolvió 3,435 asuntos. En ellos se avanzó en la protección del derecho de las personas con VIH/Sida a no ser discriminadas, el derecho a la salud de las personas con padecimientos siquiátricos, el derecho a la información en redes sociales, el deber de juzgar asuntos laborales con perspectiva de género, el uso terapéutico de cannabis y los derechos de las personas refugiadas.

La resolución de estos más de 7000 asuntos pone de relieve la enorme carga de trabajo de este Alto Tribunal, que dificulta concentrar sus esfuerzos institucionales en la resolución de los casos más importantes para la sociedad. Por ello, se implementó una política para consolidar al amparo directo en revisión como un verdadero recurso de constitucionalidad que permita conocer de asuntos novedosos y avanzar en la consolidación y protección de los derechos humanos. En este sentido, se cambió la política de admisiones, por lo que se desecharon 8,273 recursos que no revestían importancia y trascendencia constitucional.

The Author

Edilberto Aldán

Edilberto Aldán

Director editorial de La Jornada Aguascalientes
@aldan

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