- De los 49 entes públicos enlistados en el Semáforo de Cumplimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sólo ocho han emitido estas dos normativas
- 37 ya cuentan con código de ética, no obstante, sólo ocho con código de conducta
- Los tres organismos operadores de agua que están dentro del Semáforo no tienen ningún código
Aquiles Romero González, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), recordó que en Zacatecas ya se tiene un avance destacable en cuanto a las políticas públicas anticorrupción, a diferencia de Aguascalientes, que si bien no ha mostrado tanto progreso es por dos cuestiones principales; se está en espera de las políticas públicas nacionales y se priorizó el trabajo de una herramienta digital más eficiente en pro de la transparencia.
Cabe recordar que dentro de los avances digitales, en octubre se implementó en la página web de la Sesea el Semáforo de Cumplimiento, herramienta que obedece a la publicación de los códigos de ética y de conducta de los entes públicos que tienen ya instalado un órgano de control interno. Para ello la misma Secretaría había dado una capacitación para la apropiada elaboración de dichos documentos.
Cuando el Semáforo de Cumplimiento fue lanzado, se detectó que 29 de los 48 entes públicos publicaron sus códigos de ética, sólo cuatro sus códigos de conducta. Apunto de terminar el 2019 y ya pasados dos meses desde que se instaló esta herramienta, se han mostrado algunos progresos, no obstante, todavía se tiene un largo camino por recorrer.
Actualmente, dentro del apartado del Semáforo de Cumplimiento se cuentan 49 entes públicos que conforme al artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas están obligados a observar sus códigos de ética “para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño”. De esos 49, 37 ya cuentan con código de ética emitido con la intervención correspondiente al órgano interno de control respectivo, los otros 12 no. Aquí el listado de los entes que tienen pendiente la emisión de este código: la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, la Escuela Normal de Aguascalientes, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, el municipio de San José de Gracia, el municipio de Tepezalá, el Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, el Tribunal Electoral del Estado y la Universidad Tecnológica El Retoño. Estos doce órganos enlistados tampoco han emitido sus códigos de conducta.
En lo que al código de conducta concierne, se tiene una situación más preocupante puesto que de los 49 entes sólo ocho han emitido dicha normativa; cuando se lanzó el Semáforo de Cumplimiento fueron cuatro, mostrando un avance de otros cuatro entes en dos meses.
Paralelamente, nada más ocho de los 49 órganos sí cumplieron con las dos normativas: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el municipio de Jesús María, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes fueron los únicos cumplidos.
Es necesario seguir presionando para que todos los entes que ya cuenten con órganos internos de control operen mediante estos códigos y así seguir construyendo confianza desde la ciudadanía hacia los organismos que están al frente del estado y de los municipios. Finalmente, se puede observar también que los organismos operadores de agua tienen un retraso en sus códigos de ética y de conducta.
Dentro de las 29 recomendaciones no vinculantes hechas por la Sesea, había sugerencias en relación con tales códigos; si bien no es obligación de los entes públicos acatar dichas recomendaciones, que así lo hicieran brindaría más confianza en la sociedad y sería otro paso en pro del combate anticorrupción.
