12/07/2020


  • La Ley General de Educación Superior, elaborada hace ya algunos meses, propone llegar gradualmente a que este nivel de educación sea obligatorio y gratuito
  • En febrero del próximo año se someterá a consideración del Congreso de la Unión 

 

 

En el 2012 la educación media se declaró como obligatoria con base en una reforma a los artículos 3 y 31 de la Constitución que agregaron a este nivel educativo a una condición como el de la educación básica. Según el artículo 3, se establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Aunado a lo anterior, la fracción IV del mismo artículo propone que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. En relación con ello, Raúl Silva Perezchica, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), declaró que para el 2022 la educación media ya sería obligatoria en su totalidad.

Con el mismo objetivo, el Gobierno Federal quiere implementar una Ley General de Educación Superior en donde se contemple a este nivel como obligatorio para, de manera gradual, llegar al punto que el Estado se encargue de ofrecer servicios gratuitos en las instituciones públicas de la educación superior. El mismo director del IEA admitió que esta es una meta difícil si se le ve por el lado que el financiamiento de un proyecto así puede ser un impedimento.

Se planean hacer foros de diálogo para ver cómo puede llegarse a concretar correctamente esta ley. Ayer 4 de diciembre, Aguascalientes fue sede de uno de estos espacios. Héctor Ramírez del Razo, coordinador de Planeación Evaluación y Estadística de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que el fin de estas actividades es revisar con los actores de la educación superior del estado el anteproyecto de la ley mencionada, el cual se elaboró ya desde hace algunos meses. Se busca “recoger las aportaciones, las opiniones, el contexto del estado de Aguascalientes para que esta ley, que se sometería a consideración del Congreso de la Unión en febrero del año próximo, formalmente ya sea un proyecto muy amarrado, que refleje realmente las necesidades de los sistemas de educación superior de todo el país”, detalló.

Confirmó que se tiene que llegar gradualmente a la gratuidad de este nivel de educación: “Establece un mecanismo de gradualidad para ir avanzando hacia estos preceptos”, agregó el funcionario, en relación con la educación obligatoria y gratuita en la superior. Si bien aún no existen fechas de tiempo estrictas para definir en qué momento ya se llegará a la gratuidad, el representante de la SEP indicó que se tiene hasta el 2024 para que el gobierno pueda garantizar esto, es decir, se planea terminar dentro del periodo de esta administración federal.

Un paso para llegar a la meta se dio desde este presupuesto, pues ninguna universidad tuvo menor recurso que el que le fue otorgado el 2019, de hecho, todas crecieron en recurso con un porcentaje del 3.6%, lo cual garantiza por lo pronto mantener el subsidio. Señaló que también se obtuvieron recursos extra para ir avanzando en lo propuesto en el anteproyecto de la ley, aunque no se especificó el monto de éstos. La matrícula de la educación superior en el grado de licenciatura es de alrededor de 4.3 millones que, si se le suma la del posgrado, da un aproximado de 4.7 millones de alumnos. La cobertura que se tiene respecto a este nivel educativo es del 39.7%, no obstante, la meta es alcanzar al menos el 50% por ciento. Agregó que el abandono que se presenta en el ámbito nacional es del 10%. 

En el anteproyecto presentado, se contemplan, entre otros menesteres, tres subsistemas de educación superior: el universitario, el tecnológico y el de escuelas normales e instituciones de formación docentes. Ahí también se tiene previsto un capítulo sobre el financiamiento (una de las problemáticas señaladas por Silva Perezchica), transparencia y rendición de cuentas, así como un apartado para ver qué cambios habría, si es que hay algunos, en relación con las instituciones particulares.

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