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Contrarreforma penal de la 4T, un retroceso en materia de justicia

  • En los documentos filtrados de la próxima reforma penal se prevé regresar a la figura del arraigo para todos los delitos; dicha figura se prestaba para tortura o extorsión
  • Lo que se planea desde el Gobierno Federal es una reforma retrógrada en materia de justicia penal, puesto que toma estructuras del siglo XIX, similares al esquema tradicional o inquisitivo
  • Hace falta renovar programas de estudio de universidades y facultades de derecho, pues aún se enseñan sistemas arcaicos que no se ajustan a la evolución que ha tenido la sociedad

 

A principios de enero se filtraron lo que parecían ser los últimos borradores de la iniciativa que serían enviados al Senado de la República con el afán de hacer cambios importantes en la reforma penal concretada en el 2008 y que, por ende, harían cambios relevantes en los órganos operadores de justicia. De inmediato comenzaron a surgir voces analíticas sobre lo que esta “contrarreforma” podría representar; la mayoría de ellas suponen que esta iniciativa es un retroceso en el sistema de justicia de México. 

Las críticas también se hicieron presentes en la entidad a través del Consejo de Abogados del Estado de Aguascalientes, quien está llevando a cabo distintas mesas de análisis con expertos que previamente estudiaron la propuesta federal. Erick Monroy Sánchez, titular de dicha organización que reúne a 11 asociaciones civiles de abogados en el estado, explicó: “la idea de organizar estas mesas de análisis de la contrarreforma penal filtrada como una propuesta de la 4T, es un ejercicio que tiene como finalidad el prevenir algunas cosas. Queremos sondear el sentir de la abogacía en Aguascalientes”. 

En el estado hay aproximadamente ocho mil abogados registrados ante el Poder Judicial; de ellos, se estima que mil 300 son litigantes; a su vez, existen entre 120 y 130 abogados penalistas. Aunque no todos los abogados son de materia penal, Erick Monroy Sánchez señaló que las posibles permutaciones en materia de proceso penal son un tema que les interesa a todos. Agregó que, como parte adicional al diálogo de expertos, a las propuestas obtenidas y a la discusión generada, se hará una relatoría de las mesas de análisis con el fin de hacerlas llegar el Gobierno Federal para que tomen en cuenta los puntos que se trataron en la entidad antes de tomar una decisión apresurada. 

“La idea de tener estas mesas recae en tener una opinión única de todo el gremio de los abogados, que haremos llegar mediante un documento al Senado de la República. Trataremos de entregarlo personalmente al senador Ricardo Monreal, quien es quien encabeza este tema de la contrarreforma penal. De alguna manera haremos escuchar la voz de Aguascalientes en el Senado”, indicó el representante del Consejo de Abogados.  

El lunes 27 de enero se ejecutó la mesa de análisis titulada Condiciones actuales del sistema penal en México, donde participaron el académico, abogado penalista, Sergio Rodríguez Prieto, el exombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui y el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Ahí se señalaron siete puntos importantes que deben de reconsiderarse en la reforma legislativa al sistema de procuración y administración de justicia: 

1.-La aplicación del arraigo para todos los delitos (lo cual se consideró por los tres expertos como uno de los retrocesos más importantes que integran la nueva reforma).

2.-La eliminación de la figura del Juez de Control.

3.-La eliminación del Auto de Vinculación a Proceso.

4.-La eliminación de la Investigación Complementaria.

5.-La eliminación de la Etapa Intermedia.

6.-Que el juez que participó en la investigación a su vez sea el que dicte la sentencia.

7.-Que se establezca la obligatoriedad al Órgano Jurisdiccional de imponer en todos los casos medidas cautelares. 

Como ya se mencionó, la “contrarreforma penal de la 4T” no es poca cosa, tan así que propone cambios a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por su puesto, al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez fue quien inició la mesa de análisis al catalogar la nueva reforma como un atraso palpable en el sistema de justicia de México y que es incomprensible, puesto que con la reforma del 2008 se había dado un paso adelante para dejar los sistemas arcaicos y de corte inquisitivo con el que se estaba operando, esquemas similares al que se pretende llegar con los cambios formulados por el Gobierno Federal. 

Añadió que, si bien el sistema que actualmente rige la justicia penal tiene sus déficits, es un mecanismo que ha ido creciendo poco a poco desde su implementación en el 2015 en la entidad y, por ello, hacer alteraciones como las sugeridas en los borradores de iniciativa son un entero retroceso. Explicó que las figuras como el arraigo, o el valor de la confesión en un caso, son espectros que ya pasaron y que dada la evolución de la sociedad -tanto en valores humanos como tecnológica- no deben de regresar, no al menos como se está planteando. También manifestó que culpar al sistema penal es una respuesta política para esclarecer que el mismo no está funcionando, lo que significa una salida fácil para el legislador que siempre, por su génesis, tendrá una raíz política. No obstante, la justicia va más allá de las legislaciones y el esquema que se opera; sí, si se tiene una estructura que contemple un mejor progreso esto resulta favorable para el estado, pero la realidad es que son distintos los factores que conllevan a la delincuencia o a la corrupción, además, se tiene que reforzar la confianza ciudadana y la denuncia; sin contemplar estos factores no se puede tener un avance como el esperado. 

En su participación, Martín Jáuregui, aquilató que antes de hacer un cambio como el impulsado por el senador Ricardo Monreal, hay que visualizar cinco puntos que parten de un diagnóstico al problema de la falta de justicia que hay en México y que sustentan la ausencia de la misma: el crecimiento exponencial de la inseguridad “no ha disminuido la inseguridad, al contrario, se ha agravado”, aseguró el maestro; la persistencia de la corrupción en el sistema de justicia penal que viene desde administraciones y esquemas de tiempo atrás; por ende, existe un alto grado de impunidad; el desconocimiento de los mecanismos de justicia penal; y, por último, la ineficiencia de los mismos como consecuencia de la falta de conocimiento. 

Uno de los señalamientos más pertinentes y en el que los tres académicos coincidieron es en la falta de mecanismos de evaluación de eficacia del derecho, es decir, no hay órganos independientes que analicen y discutan contra las leyes para verificar si realmente están fungiendo con la enmienda por la que fueron creadas, lo cual genera un estancamiento legislativo en relación con su eficacia. Martín Jáuregui explicó lo anterior distinguiendo dos tipos de derecho, el operante y el eficaz. El primero es el derecho que tenemos, el que rige y del que todos pueden constar; el segundo es el derecho que verdaderamente está cumpliendo con los objetivos por el que fue creado, el que dicta que, en efecto, se estén cumpliendo las metas por las cuales esa ley fue gestionada. En tanto no exista un organismo evaluador de normas es difícil saber cuál es el avance real de un sistema de justicia. Dijo también que se debería regular en la exposición de motivos de las leyes la especificación de cuáles, cuántos o para cuándo se podrían ver los resultados, lo que podría complementar el órgano calificador de leyes. 

El modelo que se está planteando por la 4T para el sistema penal necesita ser rediseñado para evitar atrasos que ya se habían dejado en el pasado. El exombudsman detalló que la poca confianza ciudadana es parteaguas para que existan pocas denuncias, por lo que la participación ciudadana debe de ser primordial en el planteamiento de un esquema novedoso. 

Tanto Sergio Rodríguez Prieto como Martín Jáuregui concordaron en que otro de los impedimentos para tener un sistema de justicia eficaz y eficiente es la falta de profesionalización adecuada en las universidades y facultades del derecho, ya que los programas de estudio están empedernidos en los métodos arcaicos de la abogacía, lo que no permite un desarrollo concreto para observar nuevas oportunidades. Rodríguez Prieto cuestionó sobre si era necesaria una reforma en el actual Sistema Penal Acusatorio y respondió: “Por supuesto que sí es necesaria una reforma, pero no para irnos hacia atrás, sino para realmente concretizar a plenitud la estructura del nuevo sistema penal”.

Una de las recomendaciones que desde su perspectiva Sergio Rodríguez Prieto hizo, fue la creación de una Legislación Penal única que sirva como oriente para seguir en las entidades federativas. En la contrarreforma de la 4T se implica también un Código Penal general que regirá a todos los estados y que invalidaría los códigos estatales, aunque, habrá que destacar que se permitirán adecuaciones con base en las necesidades de cada estado; por ejemplo, algunas entidades tienen problemas serios de abigeato, cosa que no se presenta de tal manera en Aguascalientes, por lo que el Código Penal general tendría que permitir adecuaciones en ciudades donde esa problemática es más grave o tenga mayor resonancia. Sin embargo, el Código Penal general no es la misma figura que la Legislación única que menciona el reconocido penalista, puesto que la propuesta del Código Penal general que se filtró en los documentos muestra una normativa con un modelo del siglo XIX y que se aleja del progreso para la justicia penal. 

El mecanismo del sistema acusatorio, según el abogado penalista, no ha funcionado por el desconocimiento de las bases teóricas que dieron sustento a la misma reforma (2008) que obligó su implementación. Ello lo ligó directamente con el retraso ya mencionado de las universidades y facultades de derecho.

Uno de los puntos más criticados de la iniciativa federal y en el que los tres expertos combinaron, es el del retorno de la figura del arraigo lo que representa un severo retroceso. En el sistema tradicional o inquisitivo este concepto se prestaba para extorsión del presunto sospechoso; con la reforma del 2008 esta figura pasó a segundo plano, sólo dejando esa posibilidad a quien “cometía” ilícitos graves o de alto impacto, y ello fue catalogado como un avance en el respeto de los derechos humanos a través de la justicia penal. Con la contrarreforma filtrada, se prevé el regreso del arraigo y de la prisión preventiva para todos los delitos.

En distintas ocasiones las instancias en pro de los derechos humanos han estado en contra de la figura del arraigo, en el 2012 la Comisión de Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, publicó una investigación titulada La Figura del Arraigo Penal en México, el uso y su impacto en los derechos humanos, realizada con el afán de exponer la necesidad de borrar este concepto por cuestiones de violación de los derechos humanos. En ese texto se expuso lo siguiente: “Debido a que el arraigo es por sí mismo violatorio de los derechos a la libertad personal y de tránsito, a la presunción de inocencia, al debido proceso legal, y al honor, diversos actores se han pronunciado contra el arraigo, no solamente desde la comunidad de personas defensoras de derechos humanos o la academia, sino también desde el Poder Judicial, los organismos públicos de protección de los derechos humanos y el Congreso”. Lo anterior porque en el 2011 la, en ese entonces la Procuraduría General de la República (PGR) -ahora FGR-, había mostrado interés en ampliar el arraigo, situación preocupante para las garantías individuales.

 

Conclusiones de la primera mesa de análisis

Las propuestas en las intervenciones de Juan Manuel Ponce Sánchez son en dirección a que sí se necesita un ajuste en el sistema actual, pero no en la dirección que la contrarreforma propone, pues eso representa una paralización en materia de derechos humanos. Martín Jáuregui enfatizó la importancia del derecho eficaz y de la implementación de una mecanismo que realmente evalúe al órgano operador de justicia, así como las legislaciones alrededor de él; también recalcó que el regreso del arraigo y de la prisión preventiva como se está proponiendo es completamente retrógrada. Sergio Rodríguez Prieto apoyó la moción de mejorar la enseñanza del derecho penal en los institutos de educación, en el sentido de dejar atrás los esquemas vetustos, y apoyó la unificación de la legislación penal como oriente para partir y estructurar un nuevo esquema. 

Hoy se llevará a cabo otra mesa de análisis en la que se tratará el tópico “Sistema garantista vs sistema inquisitivo” que complementa el diálogo que se llevó a cabo ayer entorno a “un Sistema Penal Garantista en una sociedad de alto grado de criminalidad”. 

El Sistema Penal Garantista es un tema que se está debatiendo en las mesas de análisis de los sistemas de justicia penal y al que algunos penalistas le tienen fe, sin embargo, su estudio no ha sido debidamente difundido. Es por lo anterior que es importante asistir, no sólo como abogado, sino como ciudadano, para ver qué opciones hay para mejorar la justicia en México. 

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Adrian Javier Flores Nieves

Adrian Javier Flores Nieves

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