- No tienen el conocimiento científico ni las pericias tecnológicas para resolver la totalidad de los problemas que se les presentan
- Esta imbricación entre ciencia, tecnología y derecho es extraordinariamente importante, de otra manera, el país se seguirá atrasado, alerta el profesor de El Colegio de México
Con 15 años de experiencia en la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz explicó que los servidores públicos no tienen el conocimiento científico ni las pericias tecnológicas para resolver la totalidad de los problemas que se les presentan. De ahí la importancia de contar con una asesoría científica.
“Los generadores de políticas públicas o normas jurídicas nos cuesta trabajo reconocer cuáles son los alcances de nuestras capacidades, por ello, pueden tomarse decisiones incorrectas y afectar a muchas personas. Y lejos de pacificar el país, una sentencia podría generar más conflictos si un juez no cuenta con la información necesaria ya sea en el tema de un transplante o de la recuperación de un manto freático”.
Esto es aún más grave en el caso de los legisladores o tomadores de decisiones pues ellos emiten normas de carácter federal, abstracto, y personal; es decir se prevén supuestos muy amplios. Y si el legislador no comprende totalmente el fenómeno que tiene frente a sí -añadió Ramón Cossío- puede interrumpir el desarrollo de la ciencia o dejar vacíos jurídicos tan grandes que permitan abusos posteriores que afecten a las personas.
“Esta imbricación entre ciencia, tecnología y derecho es extraordinariamente importante, de otra manera, el país se seguirá atrasado en estos elementos y podría generar daños muy grandes”, expuso en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
A finales del siglo XIX, México empezó a notar que tenía grandes yacimientos de petróleo que podrían explotarse, sin embargo, los legisladores de ese momento no comprendieron cabalmente qué era y tomaron decisiones muy equivocadas asemejándolo con minas y subsuelo: “Esta falta de comprensión sobre este elemento nos dio una gran cantidad de problemas como dificultades para negociar con los Estados Unidos y con Gran Bretaña, y constituye hoy uno de los errores históricos”.
Sin información basada en evidencia científica, el derecho puede convertirse en un factor de conflictos adicionales y más complejos, en lugar de solucionarlos, comentó el profesor del Colegio de México.
El Estado debe ser siempre el impulsor de la ciencia
En este mundo tan racionalizado es imposible que una nación pueda conducir toda su actividad sin los aportes científicos y tecnológicos -dijo el especialista en derecho constitucional-. El Estado no sólo debe permitir la existencia de la ciencia, sino empujarla y desarrollar la mayor cantidad de centros e instituciones para que ese conocimiento científico ayude a nuestra población, la cual tiene enormes niveles de desigualdad y está sufriendo muchas violencias.
Así, añadió el especialista en ciencia política, es muy difícil que el gobierno segmente la ciencia entre buena y mala, o entre la que le gusta y la que no le gusta: “Es una idea peligrosa. Más bien, el Estado debe de abrir todos los canales posibles para que nuestro país haga ciencia. Y si hablamos de tecnología debe de hacer un esfuerzo mayor para que todos esos productos logren beneficiar a las personas”.
FCCyT
