- Tenemos el reto y la inaplazable responsabilidad de hacer de la constitución una realidad vigente que logre una justicia plena y completa para todos los mexicanos: ministro presidente Arturo Zaldívar
- No hemos podido consolidar en su totalidad un estado de derecho que brinde la certeza y seguridad necesarias para que la Constitución despliegue en forma efectiva sus reglas, principios y valores
Palabras del Ministro Presidente Arturo Zaldívar en la ceremonia con motivo del CIII Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
Señoras Presidentas de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores;
Señor Gobernador del Estado de Querétaro;
Señora Secretaria de Gobernación;
Señora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México;
Señora y señores Gobernadores;
Distinguidos miembros del presídium;
Señoras y señores:
Este día se conmemoran 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: una constitución viva y dinámica que a lo largo de su historia ha recogido las exigencias de una sociedad ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar. Una constitución cuyo texto actual refleja muchas luchas, históricas y aún vigentes: la lucha de los trabajadores por condiciones dignas; la lucha de los pueblos y comunidades indígenas por su reconocimiento y autodeterminación; la lucha de las mujeres por la igualdad; la lucha de las personas con discapacidad por ser tomadas en cuenta en un mundo que construye barreras; la lucha por la satisfacción de las necesidades mínimas para una vida digna y con bienestar.
Nuestra constitución ha dado cauce a los anhelos de paz y prosperidad y su contenido normativo ha transformado la realidad de muchas personas. Nos ha asegurado una mejor democracia, nos ha dado medios de defensa contra la arbitrariedad y nos garantiza derechos exigibles.
Pero entre las cuentas pendientes de nuestro constitucionalismo sigue estando, dolorosamente, la consolidación plena de un estado de derecho y la promesa de una justicia a la que puedan acceder todas las personas, sin distinciones basadas en su identidad o particular situación.
La visión de nuestra Constitución es la de un sistema de justicia independiente, imparcial, no discriminatorio, gratuito, transparente y de calidad, que garantice los derechos de todas y de todos. Y para lograr este ideal, la propia Constitución establece bases firmes bajo la forma de un diseño institucional que promueve esos principios a través de la existencia de un tribunal constitucional, un poder judicial administrado por un órgano colegiado e independiente, un sistema de carrera judicial, así como un servicio de defensoría pública de calidad para los ciudadanos, entre otras muchas instituciones y salvaguardas fundamentales para el funcionamiento de nuestro orden jurídico.
Sin embargo, es claro que este modelo constitucional de justicia está aún lejos de ser una realidad para la gran mayoría de los mexicanos. La prevalencia de clientelismos, redes de tráfico de influencias, nepotismo, conflictos de interés y corrupción siguen siendo el principal obstáculo para que toda persona, cualquiera que sea su origen, condición o circunstancia, tenga a su alcance la posibilidad de defender y hacer valer los derechos que le asisten.
La corrupción judicial no solo constituye una amenaza al estado democrático de derecho y pone en tela de juicio la legitimidad misma del sistema, sino que hace de la justicia, un privilegio para unos pocos. Un lujo al que solo pueden acceder quienes más recursos tienen. Se trata, pues, de un problema que afecta a la totalidad de las instituciones y que tiene consecuencias nocivas para la gente en su día a día, con un impacto desproporcionado en quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.
No hemos podido consolidar en su totalidad un estado de derecho que brinde la certeza y seguridad necesarias para que la Constitución despliegue en forma efectiva sus reglas, principios y valores, haciendo posible una sociedad más solidaria, en la que todas las personas puedan hacer oír su voz, ejercer y exigir sus derechos en igualdad de condiciones y en la que no tenga cabida la impunidad.
Recientemente, en el Poder Judicial de la Federación hemos emprendido esfuerzos para revertir esta situación, los cuales comienzan a rendir frutos; pero no podemos bajar la guardia, no podemos cejar hasta en tanto saldemos la deuda que tenemos pendiente con la ciudadanía.
Por el contrario: debemos redoblar energías contra la corrupción y la impunidad, con renovado compromiso, voluntad política y visión de Estado. Debemos seguir en la ruta trazada y generar las condiciones para que la justicia llegue a todos y a todas, particularmente, a quienes menos tienen, a los pobres y olvidados, a los marginados y discriminados, a las mujeres y a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. A todos aquellos que siempre han pensado que para ellos la justicia es inalcanzable.
A más de un siglo de distancia tenemos el reto y la inaplazable responsabilidad de hacer de la Constitución una realidad plenamente vigente en la vida diaria de las personas. Tengo la certeza de que hoy en día las condiciones son propicias para ello y en el Poder Judicial de la Federación estamos comprometidos a hacer la parte que nos corresponde.
Vamos en la ruta correcta, seguiremos trabajando sin descanso hasta lograr la meta de una justicia plena y completa para todos, con el único objetivo de servir al pueblo de México.
SCJN
