1.- Reconocer por parte del Estado que la violencia en contra de las mujeres de todas las edades se perpetra contra ellas por su condición de ser mujer y constituye una violación permanente a sus derechos humanos, afecta su dignidad y desarrollo como persona y las somete a sufrir desigualdad y discriminación. La situación actual de crisis deriva de la injusticia, indiferencia y la impunidad que se ha hecho evidente en el reclamo de las jóvenes quienes han salido a las calles a manifestar un ¡Ya Basta! ¡Ni Una Más! Por lo tanto, es necesario integral el Consejo Multidisciplinario de Expertas para la Declaración de la Alerta de Violencia de Género, que debe declararse sin prejuicios ni politiquerías. Recuérdese que su diseño en la respuesta para que el feminicidio siga impune y crezca un territorio determinado. ¡Recuérdese Ciudad Juárez!
2.- Que México ha sido objeto de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la Sentencia del Campo Algodonero VS el Estado Mexicano, que no se ha cumplido en todos sus términos, por lo tanto deben retomarse sus recomendaciones para garantizar la no repetición del Feminicidio. Que las recomendaciones al Estado Mexicano por parte de los Organismos multilaterales tanto del sistema de la OEA como de la ONU, se hagan públicas y se evalúe su cumplimiento.
3.- Que México y su gobierno hasta hoy, ha hecho lo insuficiente indispensable para garantizar a las mujeres un estadio de vida sin violencia de género y sin discriminación, y desde ese aspecto urge se trabaje con mayor ahínco y eficacia para resarcir los derechos de las mujeres de todas las edades y condiciones y su derecho a una vida sin violencia de género; por lo tanto se debe constatar el real cumplimiento de las Leyes en estas materias: en la parte sustantiva para la formación de las y los servidores públicos en la perspectiva de género, y la parte adjetiva para que concreten acciones planificadas y presupuestos para implementar mecanismos y directrices legales, y se evalúe permanentemente sus resultados. Desde la Presidencia, el Presidente López Obrador debe decidir con todo su gabinete Acuerdos dirigidos a la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de todos los tipos y modalidades de la violencia en contra de las mujeres por serlo, de manera que también se debe integrar con objetividad los datos de la violencia por razón de género en el Banco Nacional de Datos de la Violencia de Género y realizar con eficacia y de manera científica el Diagnóstico Nacional de la Violencia de Género y la implementación de los Modelos de Política Pública establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Junta de Gobierno del INMUJERES que también atiende Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, debe aprobar el Plan Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas, que articule a todas las dependencias de la Administración Pública Federal y coadyuve con las 32 entidades federativas a través de las representantes de los Mecanismos de Mujeres a nivel estatal, quienes están integradas a esta Junta de Gobierno, con voz y voto. Los gobiernos estatales deben hacer lo propio.
4.- Que desde esta Junta de Gobierno se apruebe una respetuosa excitativa a la Fiscalía General de la República y a las 32 Fiscalías Generales de Justicia o Procuradurías estatales, para que planeen una evaluación y actualización de sus funcionarias y funcionarios en la Perspectiva de Género y su formación para atender y fundar de manera debida, las investigaciones relacionadas con la atención de las víctimas de la violencia en razón del género, en especial las que tienen que ver con el procedimiento judicial del FEMINICIDIO, en el entendido de que su investigación probatoria es básica y fundamental para una sentencia justa por parte de jueces y juezas del Poder Judicial; y se garantice plena justicia, verdad, reparación del daño y la no repetición. El propósito debe ser que las cifras muestren el descenso de la violencia feminicida.
5.- Asegurar desde la Red Nacional de Educación pública y privada, la formación pedagógica entre niñas y niños basada en el respeto de los derechos humanos y fomente su relación como pares. Los niños deben rechazar el machismo, las niñas deben aprender a no ser sumisas. La educación es básica para fomentar una sociedad de equivalencia humana.
6.- Que desde las Cámaras del Congreso de la Unión, a partir de la materia que cada una de ellas tiene conferida, se solicite a todos los Organismos Constitucionales Autónomos, su integración al Plan Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas desde sus atribuciones. En particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe integrar con eficiencia el Observatorio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
7.- Hacer un llamado a los Congresos locales de las 32 entidades federativas, para que en un trabajo en conferencia con funcionarios de los Ministerios Públicos y Jueces y Juezas penales, se revise los procedimientos de naturaleza penal para fincar el delito de Feminicidio de manera debida tomando en cuenta el derecho comparado con otras entidades y se unifique un solo tipo penal del Feminicidio.
8.- impulsar desde todos los Municipios del País, acciones disuasivas y preventivas permanentes y continuas más allá de los trienios, contra cualquier forma social de discriminación por razón del género y de prevención de la violencia en contra de mujeres y niñas. Integrar a las corporaciones policiales, las órdenes de protección de emergencia y preventivas para evitar casos como el de Ingrid Escamilla: si la policía hubiese sido informada desde los primeros gritos, hoy estaría viva.
9.- Convocar a todos los Medios de Comunicación para que definan en sus Códigos de Ética, la reglamentación que impida apología del delito contra mujeres por serlo, e imágenes que las denigre o cosifique. A Concesionarios les exigimos respetar los derechos de usuarios y de audiencias fundados en los principios rectores de la Igualdad Sustantiva, No Discriminación, Perspectiva de Género e Interés Superior de la Niñez establecidos en la Ley de telecomunicaciones. A la Secretaría de Gobernación le exigimos no sea omisa en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
10.- Exhortar respetuosamente a la Iniciativa Privada, a todas las Cámaras, para que en todas sus empresas haya unidades de género o similares, desde donde se prevenga y se sancione la violencia en contra de las mujeres en todas sus formas.
Estos Compromisos son los mínimos básicos para la respuesta de emergencia
Mujeres PRD México
